Junto a la curiosidad y morbo que despiertan las subastas públicas de bienes muebles, inmuebles y objetos, organizadas por el gobierno federal, donde la mayoría de los ciudadanos se preguntan a cuál cártel, capo o agrupación criminal pertenece lo exhibido, existen dos muy claros riesgos que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tiene presentes, pero no admite.

El primero es la forma desleal en que el instituto ha venido desarrollando las subastas, con personas sembradas aleatoriamente entre el público e inscritas  falsamente  como presuntos interesados, para elevar la puja por instrucción, luego de que en la primera subasta desarrollada en Santa Lucía, el gobierno de López Obrador fue madrugado por coyotes y loteros que se llevaron autos casi regalados. La inexperiencia comercial se ha subsanado con lo que ahora los postores denuncian como “chicanadas”.

El segundo es mucho más grave y tiene que ver con los muchos interesados que hay, sobre todo en propiedades inmobiliarias. Unos por comprarlas, otros por recuperarlas y otros por no perderlas a como dé lugar, toda vez que con la nueva Ley de Extinción de Dominio publicada esta semana, se pueden poner a la venta casi inmediatamente después del aseguramiento, sin esperar la resolución de juicios, como se definía en la Ley anterior.

Es delicado para los participantes y ganadores de las subastas hacerse de propiedades que aún siguen en pelea jurídica y que pueden ser sujetos de acoso por parte de los dueños originales, que en muchos casos ni siquiera están vinculados de manera directa con los delitos atribuidos y que consideran que fueron despojados sin el debido proceso.

Como lo han advertido organizaciones sociales y legisladores, la nueva Ley es un verdadero crimen para la presunción de inocencia, pero también es un riesgo a la integridad física de quienes confían en comprar las bases, participar y ganar la subasta considerando que no tendrán problema en tomar posesión, legalizar el dominio y contar con los documentos.

No. Los ganadores no podrán contar con sus derechos de posesión hasta que el proceso judicial concluya y en eso, el Instituto ha sido muy poco claro con los participantes.

O peor, cuando las propias autoridades judiciales y el instituto reporta que la mayor parte de los inmuebles que se han asegurado, decomisado o que forman parte de los lotes en subasta son propiedades a nombre de familiares hasta de tercer grado y sólo existe la presunción de que pudieron haber sido comprados con recursos de procedencia ilícita. Lo que perjudica a muchísimas personas por lo complejo y tardío de comprobar.

Ganar un inmueble del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, es un riesgo porque a pesar de los candados de discrecionalidad, reserva de datos personales y sobres cerrados, terminan dando la cara en cada una de las subastas públicas donde levantan la paleta y son directamente identificados e incluso entrevistados por los medios de comunicación.

Si las subastas de obras artísticas y objetos más apreciados a nivel internacional no se hacen de manera abierta por cuestiones de seguridad, mucho menos deberían hacerse las que proceden de la mafia y el crimen.

Lo mismo dice la nueva Ley en el caso de bienes expropiados o asegurados a funcionarios públicos o derivados de juicios por evasión de impuestos fiscales, aduaneros, etc.

Existen además, miles de personas que han ocupado bienes inmuebles del SAE en calidad de depositarios, liquidadores, interventores o administradores que tienen un proceso contractual, donde se obligan a mantener, a pagar contraprestación, a cubrir gastos de predial, agua, luz, etcétera y se colocarían como los primeros postores de ley en caso de enajenación o venta y cuyo contrato se violenta con las subastas.

Y si a ello agregamos que hay una protesta casi generalizada de organizaciones, partidos y representantes de la sociedad por la escasa transparencia y uso discrecional con que los recursos obtenidos por los procesos de subasta son asignados posteriormente, ganar una subasta hoy podría ser motivo de muchos amparos en el futuro.