Durante años, los llamados “soñadores”, esos casi 800 mil jóvenes, hombres y mujeres que fueron traídos de niños por sus padres, sin preguntarles y sin tener visa ni documentos, han vivido en la incertidumbre y la angustia. Si bien por ahora están protegidos y no pueden ser deportados, tampoco tienen garantía de que podrán seguir adelante con sus vidas en los Estados Unidos, el país donde han crecido y el único que conocen.

Este martes, la Suprema Corte de Justicia escuchó su caso, pero no se espera que tome determinación alguna antes del próximo verano. Si tienen suerte, su problema podría resolverse de una vez por todas y aun brindarles la oportunidad de adquirir la ciudadanía. Si no la tienen, podrían enfrentar la deportación, una medida que afectaría a más de un millón de personas, si se cuentan sus familias, en su mayoría de México.

En juego está el programa conocido como DACA por sus siglas en inglés, establecido con una Orden Ejecutiva por el entonces presidente Barack Obama en 2012, para proteger a esos jóvenes que no violaron la ley por decisión propia. Programa que Donald Trump ha prometido terminar y al que de hecho lleva dos años intentando eliminar, la última vez en 2017. Argumenta que su antecesor violó la ley al no ponerlo a votación del Congreso. Sin embargo, jueces en San Francisco, Nueva York  y Washington, DC, impidieron que la decisión de la administración Trump entrara en efecto.

DACA otorga a los jóvenes permisos de trabajo renovables cada dos años, pero no les abre ningún camino para convertirse en ciudadanos. En el pasado, Trump ha dicho varias veces que no tiene nada en contra de ellos, pero este martes, a través de su cuenta de Twitter, dijo que “tampoco son ángeles y muchos son criminales”.

Lo dicho por el presidente sólo horas antes de la audiencia en la Suprema Corte es ­falso. Para empezar, DACA exige, para gozar de sus beneficios, que demuestren no tener antecedentes penales. Deben haber llegado a los Estados Unidos antes de tener 16 años y no tener en la actualidad más de treinta. Se requiere haber vivido aquí al menos cinco años, ser estudiantes o tener terminada la secundaria o pertenecer o haber sido parte de las Fuerzas Armadas. Los más de 700 mil jóvenes que se acogieron al programa lo hicieron confiando en el gobierno que los investigó y los sacó de las sombras para hacerlos parte de listas ahora en manos de las autoridades, que saben perfectamente quiénes son y dónde están.

Por cierto, la administración Obama fue más allá y en 2014 otorgó la misma protección y beneficios a cerca de cuatro millones de personas, padres sin documentos de jóvenes que son ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales, un programa conocido como DAPA.

Pero esto no es nuevo, cada presidente, desde Dwight Eisenhower, ha otorgado lo que se llama “acción diferida” a ciertos grupos de inmigrantes que se consideran sin riesgo. En el caso de los jóvenes inscritos en DACA, esto les permite también solicitar y obtener préstamos bancarios o calificar para ayuda financiera en la Universidad.

En un caso extraordinario, uno de los abogados defensores de DACA ante la Suprema Corte, es Luis Cortés, de 31 años, originario de Michoacán, traído por sus padres sin documentos cuando tenía 12 meses de nacido. El padre fue deportado, pero él y su madre permanecieron aquí sin ningún tipo de visa.

Hoy, representando a California, en donde viven la gran mayora de estos jóvenes,   Cortés estuvo en la Suprema Corte y en una entrevista comentó que nunca se imaginó tener un caso de este nivel en los inicios de su carrera: “Increíble, ser un ‘soñador’ y  verme frente a los magistrados que decidirán si mis clientes son deportados, llevándome de paso con ellos”.

Y es que ésa es la realidad de casi todos ellos. No sólo muchos son quienes mantienen a sus familias, sino que contribuyen en buena medida a la cultura y economía de este país, al que consideran suyo. De ahí el apoyo que han recibido de tres cuartos de la población que está de su lado, de la iniciativa privada y de innumerables instituciones educativas. Sin embargo todo puede esperarse de una Corte con mayoría conservadora.

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