En lo que va del lozayazo, ha sido evidente que al exdirector de Pemex le será difícil involucrar con pruebas en sus trapacerías a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

En la más optimista de las hipótesis apenas logrará demostrar, con validez jurídica, la participación en sus fechorías de algunos de sus subalternos, numerosos legisladores, y, de seguro, Luis Videgaray, José Antonio Meade y Ernesto Cordero. Funcionarios estos últimos de rango equivalente al suyo, no superiores como exige la ley del soplonaje.

Algún oficio críptico o con tenues sugerencias, una audiograbación, algún video, una tarjeta rubricada, la minuta de alguna sesión de consejo de administración, cualquier cosa puede ser útil para ese efecto…

De ambos expresidentes de la República es imposible creer en su inocencia en los casos Odebrecht y Agronitrogenados; pero, cuesta trabajo pensar que pueda existir forma de documentar y judicializar su deshonestidad. Vox populi los tilda de ladrones, no de tontos. Lo cual anticipa que, al final, estaremos ante dos corruptos técnicamente inmaculados.

Es mentira que Lozoya colabora de modo voluntario con la justicia.

Huyó y lo pescaron. Desembucha lo que le conviene porque aspira a ser premiado con rebajas de penas y evitar la infamia de pisar la cárcel.

Afirmar, como ha hecho, que delinquió porque fue intimidado, presionado, influido y usado como instrumento es pretender verles cara de bobo a los mexicanos.

Estamos ante un pillo de siete suelas de quien sólo su padre, Emilio Lozoya Thalman, ignoraba sus andanzas y que incluso arrastró a la delincuencia a su madre, hermana, esposa e hijos, lo cual explica la desfachatez del secretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari de considerarlo “mi pobre angelito” y afirmar orondo: “Yo no eduqué criminales”.

La función apenas comienza, mas ya es evidente que al ritmo de “me lleva él o me lo llevo yo”, Lozoya se ha puesto a bailar con Videgaray “La gota fría”, aunque en un ambiente ciertamente más enconado y turbio que el de una mera rivalidad entre acordeoneros.

Ya es patente, también, que José Antonio Meade está metido hasta el cogote en el pestilente asunto Etileno XXI, desde sus tiempos no de candidato presidencial —¡de la que nos salvamos!— sino de secretario de Energía. Lo prueban actas del consejo de administración de Pemex, que él presidía.

Tendrá su mérito demostrar que dinero sucio entró a la campaña presidencial de Peña Nieto por más que se trate de una obviedad. Servirá para conocer a financiadores y encubridores de un proceso electoral inequitativo, cuyo hedor percibieron muchos, menos esos celosos y costosos guardianes de la democracia que eran los consejeros del IFE.

Llevará, de paso, tal comprobación, a recapitular sobre otra elección, la presidencial de 2006, cuando el fraude discurrió no únicamente por las urnas y las boletas sino por una campaña saturada de todas las formas de corrupción, en especial la complicidad de empresarios y medios de comunicación, siempre ante el estrabismo y la miopía del IFE.

Sabido es que en el campo de la política la corrupción se manifiesta no sólo en la recepción de dinero contante y sonante, sino en diversas modalidades menos prosaicas, pero igualmente perniciosas. Inclúyase la parcialidad y capitulación ética de la prensa por efecto del amiguismo, el compadrazgo, los compromisos publicitarios, las afinidades ideológicas o la adhesión partidista. Expresiones, todas, en modo alguno inocentes o desinteresadas.

Todo este vasto catálogo de inmoralidad se agotó en 2006 para ganar —como diría el cínico—“¡haiga sido como haiga sido!”, la elección que marcó el arranque del pacto mafioso de continuidad e impunidad transexenal entre las elites del PRI y el PAN.

En el curso del juicio a Lozoya en modo alguno habrá sorpresas. Será espectacular, eso sí, ver en videos a diputados, senadores y dirigentes partidistas no nada más recibiendo dinero a lo Bejarano, sino también cargos burocráticos, contratos de obras y proveedurías, beneficios inmobiliarios, regios regalos, viajes todo pagado y una vasta gama de canonjías a cambio de apoyo al Pacto por México y las reformas estructurales, en particular la energética.

Es previsible que veremos a Lozoya quejarse alharaquiento de injusticia y acoso y afirmar que él no se embuchacó ni un centavo producto de los actos de corrupción en que intervino, sino que durante años fue un indefenso títere. Como si —pruebas al margen—su nombramiento en la dirección de Pemex no hubiese sido comprado, de hecho, en la friolera de cuatro millones de dólares.

Lozoya es un capo del hampa política, no un adalid de la democracia, el patriotismo y la buena administración pública. Por lo mismo, nada justifica la deferencia con que es tratado por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

De no estar en el centro de un caso de justicia con gorgojo, el exdirector de Pemex debería hallarse ya recluido en una cárcel de alta seguridad, como avanzada de la legión de involucrados en el escándalo que protagoniza, la dimensión del daño que causó al patrimonio de todos y su peligrosidad social.

Si bien es cierto que la figura del testigo protegido constituye la única forma de romper los pactos de silencio entre delincuentes, y por consecuencia, combatir con eficacia la corrupción en las altas esferas, la fórmula requiere calibración para evitar que los pillos acaben doblados de la risa ante la sociedad que agraviaron con sus actos.

Ése es el riesgo de que la persecución y sanción de los delitos sea resultado no de la capacidad investigativa del Estado, sino de la delación, modalidad de justicia que —por cierto— la 4T busca indebidamente generalizar.

Indigna a los ciudadanos del común el trato comedido a Lozoya; pero, además, abastece de municiones a los detractores del gobierno, quienes, desde los medios, en manada, ya critican el proceso. Defienden al presunto delincuente de cuello blanco con la esperanza de hacer quedar mal a la administración y frustrar el mayor escándalo de corrupción conocido hasta ahora.

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