La discusión en torno a la despenalización de la marihuana para fines médicos tiene varias aristas. La económica es una de las que más peso tiene o quizá la que mejor explica a este mercado subterráneo.

Los efectos que se tienen en materia de seguridad y salud, son sólo eso, efectos y no las causas, sin duda la existencia de este mercado donde concurren oferentes y demandantes –no necesariamente en éste orden- genera grandes recompensas económicas, pero además existen los incentivos para que así sea. Incluso, dentro de los argumentos más fuertes que el capo Joaquín Guzmán Loera ha dado en razón de su actividad, es precisamente la pobreza en la que estaba inmerso desde niño, razones económicas nuevamente.

Claro, el debate en torno a su uso medicinal corresponde al derecho a la salud que todas y todos los mexicanos tenemos, pero además de avanzar en ese punto, debemos comenzar a revisar la recuperación de la autonomía del Estado sobre lo que está detrás de la marihuana: un negocio que deja grandes millones de dólares.

Es preciso revisarlo porque en todo caso seguiremos dejando bajo las líneas del crimen organizado su control, sus políticas, sus alcances, los efectos que esto implica –oleada de crímenes, de muertos, de secuestros, de levantados-. Porque el tema de haber detenido a un delincuente del tamaño de Guzmán Loera no implica que el crimen asociado a este rentable negocio se vaya a disminuir, no. Esas son las precisiones que nos merecemos aclarar, porque bajo la lógica de la producción y distribución existe una postura simple de mercado, donde algunos encuentran los elementos para participar en él y con ello conseguir ganancias, la pregunta es ¿el Estado continuará dejando en manos del crimen organizado el control y manejo de éste?

Una vez que quede superado el debate sobre los usos medicinales de la marihuana, el siguiente paso es dar paso a una gran discusión nacional –informada-, seria, de frente, que diga las cosas como son, porque si no, entonces generaríamos un escenario de dudas, el cual no es benéfico para nadie, salvo que existan otros intereses económicos por parte de los diseñadores e implementadores de políticas de esta naturaleza. Es decir, que impere su propia lógica de mercado.

Porque continuar atendiendo el tema sólo a través de una política destinada a atacar la oferta de marihuana –más policías, más armamento, más, más…- sólo significa que vemos una parte del problema, que estamos viendo sus efectos por medio de los lamentables índices de muertes asociadas a ese mercado, pero si lo que queremos es tener una discusión integral se debe considerar a todos los actores, al papel del Estado, a la viabilidad de que sea éste quien conduzca el mercado, que lo controle.

Son muchas las aristas en torno a su lógica de mercado y este análisis no pretende sino abonar en el sano debate.