El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), dirigido por Kirstjen Nielsen, echó ayer por tierra —sin pretenderlo— la tesis que defiende obsesivamente el presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México.

Según su último informe, la mayoría de los indocumentados no entró en Estados Unidos cruzando la frontera sur, sino a través de cualquiera de los aeropuertos internacionales que existen en EU, mediante una visa temporal.

En concreto, el informe admite que dos tercios de los indocumentados que llegaron a EU entre 2010 y 2016 corresponden a personas que ingresaron por avión con visas y se quedaron en el país después del vencimiento del plazo de estadía. Por el contrario, apenas un tercio llegó a través de la frontera.

Por tanto, como han dicho en numerosas ocasiones los congresistas demócratas (y algunos republicanos), el muro es, además de muy costoso, inútil, ya que la mayoría de los inmigrantes que pretendan en el futuro vivir en EU, aunque sea sin papales, lo hará cruzando la aduana de un aeropuerto, con visa de turista o con visa temporal de estudio o trabajo.

El caso indio y venezolano. El propio Departamento de Seguridad Nacional aportó la prueba concluyente. El incremento de indocumentados fue más pronunciado entre ciudadanos que llegaron en avión desde India y desde Venezuela. En este caso, los venezolanos indocumentados pasaron de 65 mil en 2010 a 146 mil en 2017.

Por tanto, al no existir semejante “invasión” de inmigrantes que cruzan la frontera sur, se hace totalmente innecesaria la declaración de una emergencia nacional, maniobra considerada por los demócratas como un abuso de poder del presidente para salirse con la suya y obtener más de seis mil millones de dólares para construir el muro que prometió a sus simpatizantes en campaña electoral.

Cada vez menos indocumentados. Un estudio divulgado ayer por el Centro de Estudios Migratorios indicó que desde 2008, el número de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos se redujo en casi un millón y medio.

El informe indica que si entonces vivían en el país 12 millones de personas sin la residencia legal, en 2017 lo hacían 10.6 millones, lo que supone un descenso de 1.4 millones.