Desde que se promulgó la Constitución de la Ciudad de México se han encontrado diversas barreras que, de alguna manera, han impedido la entrada en vigor de la norma capitalina más importante para esta ciudad y, sobre todo, una de las más avanzadas de todo el país.

Para los que no lo saben, la redacción de esta Carta Magna atravesó diversos problemas, tanto políticos como electorales y sociales, que poco a poco se fueron superando para que, a fin de cuentas, se lograra, por primera vez en la historia, dotar a la capital del país de una Constitución que, por si fuera poco, fue reconocida como una de las más garantistas del mundo.

Por ello, resulta lamentable que a pesar de todos los esfuerzos y conflictos que dieron origen a nuestra Constitución, se le esté menospreciando y el Congreso de la ciudad lejos de defenderla, no la está tomando en cuenta para lo que fue creada, pues pareciera que, a los legisladores les conviene que las cosas se queden igual que antes y no haya avances como los que en el máximo texto capitalino se consagran.

Por poner un ejemplo, todavía no ha entrado en vigor al cien por ciento la Constitución y ya, en el Congreso local, se han presentado iniciativas para reformarla, y lo peor es que no existe algún dictamen que procure el avance en la reglamentación secundaria de la Carta Magna, por lo que día a día se está violando un texto al que, quizá por intereses políticos, no se le permite su pleno funcionamiento y por ello no puede cumplir con su objetivo trazado a lo largo de largas batallas desde la verdadera izquierda.

Por si fuera poco, con la desvalorización que está haciendo el Congreso local a un texto reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos nacionales e internacionales, se están vulnerando derechos fundamentales por la omisión de no expedir la ley reglamentaria de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, por citar sólo un ejemplo de los muchos que existen.

De acuerdo a especialistas, lo anterior deja ver dos cosas: 1) Que a la bancada mayoritaria del primer Congreso local no le conviene avanzar en materia gubernamental y política; y 2) De plano, no tienen ni la más mínima idea de cómo legislar normas secundarias de gran avanzada y que estén a la altura de nuestra Constitución.

Por si fuera poco, en diversos medios de comunicación se ha señalado que a partir de abril se eliminarán los emblemáticos programas sociales que nacieron en la capital mexicana y que, por su efectividad, se han replicado en todo el país, como el apoyo económico a adultos mayores y personas con discapacidad, así como a estudiantes, mismo que está consagrado en la Constitución, pero al parecer, no les importa.

En entregas anteriores hemos señalado también otra violación grave al espíritu de la Constitución capitalina, puesto que no se ha conformado el Consejo Judicial Ciudadano desde donde se aprobará al titular de la Fiscalía General de Justicia y su funcionamiento, figura que, por el incremento en la inseguridad de la ciudad, resulta más que necesaria y de vital importancia, pero como vemos, se ha rezagado por el ostracismo o pasividad legislativa.

De esta forma, el Poder Legislativo ha castigado de manera injusta a los habitantes de la Ciudad de México, quienes, por cierto, dieron mayoritariamente su voto a Morena en el Congreso y ni siquiera por ello los han beneficiado, ya no digamos con privilegios, sino con hacerles efectiva la Constitución y con ello sería más que suficiente.

Lo lamentable es que, ante el poco interés del Congreso local, la cámara federal, también ha menospreciado a la Constitución local y a los habitantes de la ciudad al no contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 el llamado Fondo de Capitalidad, que es un recurso que se le ha venido otorgando para subsanar los gastos que se crean por el simple hecho de albergar a los tres poderes de la unión y a las secretarías de estado, con los problemas que ello significa, además de ser la capital del país y al no incluirse ese recurso, afectó a los habitantes de las 16 alcaldías, quienes son los contribuyentes que más impuestos recaudan.

Incluso, durante los trabajos de la Asamblea Constituyente, se propuso desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), crear la figura de un “ombudsman fiscal local” argumentando que, en promedio, “un habitante de la capital paga siete veces más impuestos que cualquier otro mexicano” y eso contribuye a alcanzar la cifra estimada de 95 mil millones de pesos anuales que van directamente a la Hacienda federal y ni siquiera por eso respetaron el fondo de capitalidad.

Twitter: @julioc_moreno