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México necesita una “ley de doblaje” que vea por sus actores antes que por el mercado

La falta de participación del país en el Tratado de Beijing, que próximamente entrará en vigor para otros estados, evidencia otras deficiencias de la industria cinematográfica.

México necesita una “ley de doblaje” que vea por sus actores antes que por el mercado | La Crónica de Hoy

La Tarifa Oficial establece que a los actores que participan “en la realización” de una película, les corresponde el 0.15% de la taquilla, lo que excluye a los actores de doblaje, ya que su trabajo se hace después de terminada la película. Especial

El 24 de junio del 2012, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ­(OMPI) adoptó el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, el cual “aborda la necesidad existente desde hace mucho tiempo de ampliar los derechos patrimoniales y morales de los actores y las actrices, y los de los artistas intérpretes o ejecutantes, sobre las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, incluidas las películas, los videos y los programas de televisión”, indica el sitio web de la organización.

De los 192 Estados miembros que pertenecen a la OMPI, tan sólo son 30 las Partes Contratantes (Estados) que ratificaron el tratado para que entre en vigor el próximo 28 de abril: “El Tratado también confiere a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos morales, es decir, el derecho a ser reconocidos como artistas intérpretes o ejecutantes (excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución); y el derecho a oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación que perjudique la reputación del autor, teniendo en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales”, cita del Tratado de Beijing.

Sin embargo, México no forma parte de las Partes Contratantes, pese a que el 9 de julio del 2018, la senadora (suplente) María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo (del Partido del Trabajo), exhortara al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizarlo y discutirlo para su aprobación.

“Muchos artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales —actores de televisión y cine, músicos, bailarines, coreógrafos y otros— no llegan a ganar fortunas y, de hecho, les sería útil algo de apoyo para garantizar la sostenibilidad de sus medios de vida”, externó el director general de la OMPI, Francis Gurry.

“La razón por la que no se ha ratificado es multifactorial, desde senadores que desconocen la materia cultural”, explicó a Crónica, el doctor en Derecho, Eduardo de la Parra Trujillo, especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, con maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante, España.

“Las industrias que dependen del derecho de autor constituyen un elemento básico de la economía del conocimiento, que a su vez constituye un motor fundamental del crecimiento y el desarrollo en momentos de inestabilidad económica (…) Al ofrecer incentivos y compensación por la utilización internacional de sus interpretaciones y ejecuciones, el Tratado de Beijing reforzará la posición de los artistas intérpretes y ejecutantes en la industria audiovisual. Los artistas intérpretes y ejecutantes son artistas que viven de la cultura. El Tratado de Beijing contribuirá a mejorar la situación profesional de los actores y otros artistas intérpretes y ejecutantes, así como sus condiciones de trabajo”, asegura la OMPI.

“Aunque su artículo quinto contempla un derecho moral de los artistas a que su actuación no se altere o modifique, existe una desafortunada declaración concertada a ese tratado que dice que el doblaje no se considerará una alteración o modificación, y que por lo tanto puede hacerse sin afectar derechos de los artistas”, explicó el abogado De la Parra.

“El Tratado tampoco mejorará las condiciones de vida de los actores, pues en lo sustantivo, la vigente Ley Federal del Derecho de Autor le concede a estos artistas casi la misma protección que el Tratado, tanto un derecho a cobrar regalías en el artículo 117 Bis, como derechos de explotación en el artículo 118; en este último, lo único que realmente falta es incluir el derecho de distribución y su modalidad de alquiler previstos en el tratado”, añadió el autor de libros como Propiedad Intelectual: Análisis de Casos, Manual de Introducción al Derecho Intelectual, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, y Derechos Humanos y Derechos de Autor. 

Por ello, las recientes iniciativas para modificar las leyes federales de Cinematografía, de Autor, del Trabajo, de Telecomunicaciones, de Radiodifusión y de Cultura y Derechos Culturales, para la aplicación de la llamada “ley de doblaje” inicialmente presentada por el Senador Martí Batres y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), carecen de una propuesta que verdaderamente responda a las necesidades de la industria mexicana de doblaje.

“La verdadera razón por la que la mayoría de los actores no han podido mejorar sus niveles de vida es porque la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) es muy ineficaz al cobrar regalías. Y la ANDA se la pasa en disputas internas y no han podido hacer valer las necesidades de sus agremiados”, enfatizó.

Además, actualmente los artículos: 28 de la Constitución, el 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el 6 Bis del Convenio de Berna —que es jerárquicamente superior a cualquier ley que expida el Congreso de la Unión—, contemplan los derechos morales de los autores, lo que significa que una ley de doblaje forzoso que no contemple a los autores sería inconstitucional.

“El doblaje es una afectación mayúscula a la integridad de las obras, y una violación clara de derechos morales de autor. Por eso, la mayoría de los países del mundo, ante la problemática de tener que traducir películas en idioma extranjero, escoge el menor de los males, que es el subtitulado, mismo que resulta menos intrusivo que el doblaje”, señaló el abogado.

Una reforma poco realista que en principio no salvaguarde el trabajo de los actores y asegure una competencia justa con salarios equitativos, antes de siquiera considerar la amplitud de oportunidades de trabajo, simplemente detonaría en la monopolización de algunas productoras.

“Para mejorar las condiciones de la industria cinematográfica nacional, hay temas más urgentes, como la cuota de pantalla, la adopción del número ISAN, entre otros, y no proponer el doblaje obligatorio, que perjudica a prácticamente todos los sectores de la industria (autores, productores, distribuidores y exhibidores) y sólo beneficia a los actores de doblaje, creándoles un mercado artificial”, indicó Eduardo de la Parra.

Asimismo, la “ley de doblaje” también violaría diversos tratados internacionales sobre derechos culturales como la Convención de la UNESCO para la Diversidad Cultural y las reglas de la Organización Mundial de Comercio, pues “el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) prohíbe el doblaje de películas extranjeras, por ser una práctica comercial indeseable y dañina, asimilándolo al dumping. Al parecer, la iniciativa del senador Batres, no fue muy bien estudiada desde el punto de vista jurídico”, concluyó.

 

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