Aleida Azamar Alonso*

El actual presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, ha criticado los acuerdos comerciales que este país tiene con el resto del mundo. De entre todos los tratados, uno de los más importantes fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con uno de los mayores volúmenes de operación comercial global —aproximadamente 2,600 millones de dólares al día— (Grande, 2018).

Eran múltiples las ventajas con las que EUA contó desde el principio del TLCAN y los negociadores de este país trataron de mantenerlas, además de obtener nuevas concesiones para el nuevo acuerdo que se alcanzó en octubre de 2018, el cual se denominó USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement, por sus siglas en inglés). Éste se enfocó principalmente en modificar las reglas de operación comercial de la industria automotriz trilateral, dejando de lado otros aspectos como la explotación ambiental, en particular lo referente a minería.

La industria minera ha ofrecido pocos beneficios económicos y sociales para el país, pero consigue abultados ingresos para las compañías de las tres naciones. Por lo que la renegociación del nuevo acuerdo fue continuista, pues evitó afectar a estos empresarios.

Por otro lado, son notables las evidentes diferencias legislativas que existen en materia de aprovechamiento de los recursos entre los tres países, ya que, al no exigir un mayor control normativo a la extracción de materias primas, así como a la regulación, se estimula el crecimiento de esta industria en donde las reglas sean más permisivas, lo que traslada riesgos socioambientales más graves al país más débil (Azamar, 2017). Asimismo, vale la pena mencionar algunas de estas diferencias para realizar un diagnóstico.

En primer lugar, los permisos para concesión en México otorgan el derecho a la exploración y explotación, por lo que también incluyen el beneficio de los recursos. En los otros dos países estos permisos son diferenciados o se encuentran regulados por múltiples reglas que van desde la competencia privada en el escenario estadunidense al sistema diferenciado de ingreso canadiense. Las exigencias mexicanas para obtener el permiso son mínimas y no están homologadas, por lo que cada estado puede imponer o disminuir los requerimientos.

Las concesiones en nuestro país no tienen una extensión máxima y el tiempo de duración es de 50 años, prorrogable por 50 años más, mientras que la renta de éstas se congela en el año once. En EUA las concesiones son de forma indefinida, pero se pagan derechos por cada 20 hectáreas que aumentan cada año sin tener un tope específico. En Canadá la situación es parecida, pues cada 40 acres (equivalente a 8.4 hectáreas) representa un solo permiso que puede durar de 4 a 24 años máximo, dependiendo de la Provincia donde se solicite, mismo que puede cambiar el pago sin congelarlo en ningún momento.

No existen impuestos exclusivos mineros en México o regalías derivadas del ejercicio neto, pero sí varios derechos: sobre el territorio usado, minero, especial, adicional y extraordinario, aunque la mayoría son muy bajos y no se calculan sobre la operación de la mina. En EUA y en Canadá existe una gran cantidad de exigencias fiscales (regalías, derechos e impuestos específicos) para las empresas que dependen de las regulaciones por estado o provincia, así como de las imposiciones federales que son obligatorias.

Por otra parte, la Ley Minera en México le otorga a esta actividad la característica de beneficio público, lo que facilita a la industria tener preferencia sobre cualquier otra (excepto extracción de hidrocarburos o generación de electricidad) afectando los proyectos agrícolas de comunidades campesinas e indígenas. En cambio, en Canadá y en EUA existen algunos mecanismos legales que disminuyen el impacto social de la minería sin llegar a eliminarlo por completo.

Asimismo, en México, en cuanto al control administrativo, la colaboración entre instituciones es limitada, se carece de seguimiento estricto a las empresas. La ausencia de un Estado fuerte ha generado prácticas poco éticas o ilegales,pues se desconoce la situación fiscal y legal de más de 40 por ciento de los concesionarios mineros ­(Azamar, 2018), lo cual no sucede en EUA y Canadá.

Las diferencias mencionadas representan ventajas fiscales y legislativas para las empresas mineras que operan en nuestro país, además derivado de esta misma situación se presentan graves riesgos para la población por la falta de control. Por ello, a raíz de la transición política en el año 2018, el partido en el poder ha puesto a discusión una iniciativa legislativa para modificar la Ley Minera, principalmente en materia socioambiental con la finalidad de cubrir los huecos que no se revisaron durante la renegociación del TLCAN.

De acuerdo con el documento oficial se busca: a) fortalecer los mecanismos de redistribución y exigencia a los titulares de las concesiones mineras para que estos inviertan en el desarrollo local de las comunidades donde realizan sus actividades productivas; b) establecer pautas para garantizar que toda operación minera se dé en un marco de sustentabilidad y respeto a la autonomía de las comunidades indígenas; c) facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social en futuras concesiones; d) darle herramientas adecuadas a la Secretaría de Economía para que cancele concesiones mineras que entren en conflicto con los principios de bienestar socioambiental.

Estos cambios en la Ley Minera son exigencias mínimas que se han señalado en varias ocasiones (Azamar, 2018; Cárdenas, 2013; Fundar, 2017 y 2018) como elementos prioritarios para disminuir los perjuicios a la sociedad y al ecosistema.

Es un hecho que el USMCA va a utilizarse como una herramienta para proteger a las empresas extranjeras que se han adueñado de gran parte del territorio para su aprovechamiento, por lo cual resulta útil —pero no suficiente— que se esté realizando un debate legislativo que tenga como centro la gran cantidad de privilegios de este sector productivo, pero hay elementos que aún están pendientes en la agenda y se espera que el nuevo gobierno retome.

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Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)gioconda15@gmail.com