Opinión


Morelos es un averno

Morelos es un averno | La Crónica de Hoy

Lo he oídos ya en varias ocasiones de fuentes confiables: un hombre bien vestido toca la puerta. Pregunta por la dueña o el dueño de la casa; una vez que está ante él, le dice que tiene un adeudo ¿Cómo, si he cubierto todas mis obligaciones? Luz, predial, agua, etcétera. El desconocido le replica: “Usted no ha entendido: dentro de un mes vendré a cobrar su cuota por protección, son 25 mil pesos.” La reacción ha sido la misma: en cuanto el pelafustán se retira, el propietario llama a una mudanza; carga con sus pertenencias, y vienen a refugiarse a la Ciudad de México. Eso es lo que está ocurriendo, cada vez con más frecuencia, en Cuernavaca.

¿Quién no recuerda las imágenes espeluznantes de la balacera que se desató en la Plaza de Armas, a un costado del Palacio de Gobierno, en la capital morelense, el pasado 8 de mayo? Los hechos ocurrieron mientras los medios de comunicación entrevistaban al exárbitro de Primera División, Gilberto Alcalá, quien ahora es el secretario de Desarrollo Social del estado. Allí murieron Jesús García Rodríguez, representante de la CTM, y Roberto Castrejón Bejarano, empresario organizador de la Feria de Cuernavaca. Síntoma del desgarramiento del tejido social en Morelos.

El problema de la inseguridad se ha recrudecido en ese estado desde que Cuauhtémoc Blanco asumió la gubernatura de esa entidad federativa, el 1 de octubre de 2018. Pero él no gobierna; está ausente. Como lo destacamos en nuestra pasada entrega (“El pleito por ‘la desaparición de poderes’,” La Crónica, 4/X/2019): “Es público y notorio que quien ocupa de facto, el puesto de Jefe del Ejecutivo [en Morelos] es el español Juan Manuel Sáenz, en pugna abierta con el hermano del exfutbolista, Ulises.” El pleito entre Sáenz y Ulises, se ha ido inclinando a favor de este último. Hay que agregar que en esta lucha también ha salido perjudicado el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas. En Efecto, Ulises Bravo, ocupa la posición, que en futbol se conoce como “líbero”, o sea, se puede mover en todas las líneas. Se entromete en todo: Exige que los titulares de las dependencias le entreguen un reporte mensual sobre lo que están haciendo. “[H]a sido señalado de controlar las adjudicaciones de obra pública y meter mano en las decisiones del Congreso local.” (Reforma, 9/X/2019) Por si eso fuera poco, también decide la alineación: pone y quita a quien se le pega la gana. Los que tiene prioridad son los familiares y amigos: la esposa de Ulises Bravo, Liu León Luna, es la representante del Poder Ejecutivo de Morelos en la Capital de la República; el tío Carlos Juárez López, es el coordinador de Proyectos Estratégicos; otro tío, Jaime Juárez López, es director de la Comisión Estatal del Agua; su primo Armando Shajid Bravo López es director de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. También hay “pa’ los cuates”: Germán Villa, excompañero del Cuau en el América, es director del Instituto del Deporte.

A ese tipo de régimen se le llama “administración patrimonial”: en ella hay una confusión entre bienes públicos y bienes privados. Quienes están en el poder disfrutan del mando, no porque fueron elegidos por los ciudadanos, sino—según creen ellos—por derecho propio, de manera que tienen la facultad de disponer de los fondos del erario, las plazas administrativas y las concesiones, como si fueran de su propiedad.

El patrimonialismo es antidemocrático: los titulares se creen dueños de lo que administran. En Morelos tenemos un claro ejemplo de ese comportamiento arcaico.

Es curioso y no carente de significado que Cuauhtémoc Blanco, a los pocos días de haber tomado posesión como Gobernador, haya recibido al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión AMLO anunció: “Que se trabajará un programa de bienestar que beneficie a las familias más vulnerables de la entidad.” El Peje debería tomar en cuenta “los temas que generan mayor preocupación en Morelos”, enlistados por el INEGI estado por estado.  El primero de ellos, en Morelos, es la inseguridad con un 73.8 por ciento, seguido del desempleo con 34.7 por ciento y la corrupción con 27 por ciento. (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública ENVIPE 2019, INEGI, Morelos, p. 22).

Dice Javier Sicilia (“El infierno en Morelos”, Proceso, n°2240, 6/X/2019, pp. 38-39): Cuauhtémoc Blanco, durante el año de su mandato, ha visto cómo de 11 alcaldes que había vinculados con la delincuencia organizada pasaron a 17. En 12 meses se han registrado 600 homicidios dolosos. De acuerdo con la agencia GLAC, en el primer cuatrimestre de este año se registró un aumento del 705 por ciento de extorsiones (esas son las que se denuncian); los homicidios se incrementaron en 39 por ciento; los secuestros se incrementaron en 158 por ciento.

El gobierno de López Obrador tiene que hacer algo para frenar la corrupción, el despilfarro, la violencia y la ingobernabilidad en Morelos. Debe ayudar a los morelenses resolviendo el vacío de poder que sufre ese estado.

 

Agradezco a Sergio Aguayo por los datos proporcionados sobre la violencia en Morelos

 

 

 

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