En medio de las reformas a la ley del trabajo para regular el outsourcing, Morena también plantea modificaciones a esa legislación para establecer el derecho de los trabajadores a la desconexión digital fuera del tiempo laboral legal o convencionalmente establecido con su empleador.

Es decir, que el trabajador tenga el derecho a no contestar llamadas telefónicas, mensajes vía whatsapp, correos electrónicos o cualquier otro tipo de contacto vía digital o electrónico, una vez que haya terminado su jornada laboral y abandone las instalaciones de su empleo.

“Que las y los empleados puedan abstenerse de participar en comunicaciones electrónicas relacionadas con su empresa fuera del horario establecido”, plantea la iniciativa del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

En la explicación de motivos, el senador apunta que las condiciones de desconexión deberán ser conciliadas entre las y los trabajadores y los patrones, promoviendo un uso razonable de las herramientas digitales.

Hace algunos años, compara Monreal Ávila, las personas salían de su lugar de trabajo, iban a casa y dejaban atrás dicha actividad, puesto que en la mayoría de los casos, las horas dedicadas para tal fin estaban claramente definidas.

Con la evolución de las herramientas de comunicación, esa realidad ha cambiado de modo significativo, provocando que las y los empleados estén en guardia permanente, a la disposición del empleador a cualquier hora y en cualquier lugar, dijo.

Por ello, consideró que es imprescindible abrir el debate sobre el impacto de las tecnologías en los diversos ámbitos de la vida de las personas a fin de garantizar el respeto al tiempo de descanso, permisos, vacaciones y a la intimidad personal y familiar de los trabajadores.

En ese sentido anunció que promoverá una iniciativa de reforma legal que reconozca el derecho de trabajadoras y trabajadores a desconectarse y abstenerse de participar en comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo, como correos y mensajes electrónicos, llamadas telefónicas u otras modalidades de comunicación, durante horas no laborales.

PELIGRO PARA LA SALUD. Monreal advirtió que esa demanda de disponibilidad, en todo momento, ha comenzado a reconocerse como una circunstancia potencialmente peligrosa para la salud de los trabajadores, y violatoria a sus derechos humanos.

México es señalado como uno de los países con las mayores cargas horarias en el ámbito laboral, por lo que resulta imprescindible, exhorta el legislador, abrir el debate sobre el impacto de las tecnologías en los diversos ámbitos de la vida de las personas; “y éste, el laboral, es uno de los más apremiantes”, apunta.

Señala que países como Francia, España e Italia han diseñado legislaciones especiales, además de que otras naciones del mundo también han impulsado medidas a favor de la desconexión en algún nivel, ya sea estatal o nacional.

Aclara que aunque actualmente no existe un marco legal internacional que defina y regule directamente el derecho a la desconexión, tanto el derecho internacional como el doméstico cuentan con disposiciones que abordan el tema, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 24); el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Artículo 7); entre otros convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

...Y ROMPER MONOPOLIO DE PERMISIONARIOS DE TAXIS EN AEROPUERTOS. La bancada de Morena en el Senado buscará “meter al orden" a los permisionarios de taxis en los aeropuertos del país y al mismo tiempo romper el monopolio de este servicio cuyas prácticas de colusión entre estas agrupaciones y las autoridades aeroportuarias ha afectado a más de 12 millones de usuarios y un daño al mercado —con base en el sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015— de 772 millones de pesos.

A través del vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Salomón Jara Cruz, Morena impulsa una iniciativa para modificar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federala fin de a eliminar las prácticas monopólicas y las distorsiones artificiales que afectan el mercado y la prestación del servicio de taxi, así como las tarifas, en zonas federales en las que se encuentran aeropuertos.

El documento del legislador oaxaqueño establece que el esquema actual de permisos para taxis en los aeropuertos es poco transparente y permite manipular la oferta y el cobro de tarifas con sobreprecios.

Recuerda que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha recomendado modificar la normatividad vigente con el objeto de que el servicio de taxis adopte un modelo de acceso abierto, es decir, que sean las condiciones del mercado las que determinen el número de vehículos que presten el servicio de transporte individual de pasajeros desde los aeropuertos del país, de tal suerte que pueda participar en el mercado cualquier agente —como Uber, Didi, Cabify, etc— que garanticen las máximas condiciones de seguridad y calidad en el servicio.

Jara Cruz resalta que de ser aprobada la iniciativa, se eliminarían las restricciones que existen para que cualquier interesado preste el servicio, con lo cual se dará solución a los problemas de subutilización de las unidades, propiciaría tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera de los usuarios al existir un mayor número de vehículos disponibles.

El legislador morenista indica que en la actualidad, el servicio de taxis en los aeropuertos del país opera con un modelo de acceso restringido, ya que es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios.

Lo anterior ha otorgado a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta —e imponer tarifas con sobreprecios— por dos vías. La primera, al solicitar que los permisionarios cuenten con contratos con los aeropuertos para brindar el servicio; y, la segunda, al establecer como uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT, la opinión emitida por el aeropuerto.