La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza

humana y la madre de la verdad. Matar la libertad expresión es insultar los

derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad.

Liu Xiaobo

En la de por sí convulsa realidad de los tiempos que nos ha tocado vivir, antier nos encontramos con un video estremecedor en el que un grupo armado, cuyo nombre prefiero evitar pues me parece nocivo colaborar con la nefasta propagación de su popularidad, lanza una amenaza general contra un medio de comunicación y contra la periodista Azucena Uresti.

Estoy de acuerdo con cuán profusamente ha sido abordado en los medios de comunicación, el delito de amenazas del que, desde el momento mismo en que el video comenzó a transmitirse, es víctima Azucena Uresti. Las amenazas, consideradas un delito que atenta contra la paz y la seguridad de las personas, consiste en la advertencia, anuncio o promesa de causar un mal a alguien en su persona, en sus bienes o en sus derechos o bien, que por ese mismo medio se impida el ejercicio de una libertad o derecho como en la especie ocurre con el derecho a informar, a realizar una labor periodística.

Se trata entonces, en efecto, de amenazas directas a una comunicadora que realiza una cobertura periodística, cualquiera que ésta sea, que constituyen una flagrante transgresión al derecho a la libertad de expresión y, sin duda también, un ataque al derecho de los mexicanos a ser informados sobre cualquier tema, Pero más allá de estas expresiones delictivas en sí mismas, es en extremo alarmante el contenido de las amenazas, el contexto gráfico en que se producen y que sean particularizadas contra una mujer periodista a quien, sin temor ni recato alguno, amenazan de muerte.

Podemos advertir en el video a siete sujetos del sexo masculino, todos cubriendo su identidad con pasamontañas, seis de ellos portando armas largas y uno más, el líder, sentado al centro de sus escoltas, autor del mensaje delictivo.

De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a los integrantes del grupo criminal, corresponderían de 4 a 15 años por la portación de armas de fuego, más otro tanto entre cinco a treinta años de prisión por el muy probable acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, entendiendo el acopio como la simple posesión de más de cinco artefactos.

Simultáneamente, dando por sentado que efectivamente se trata de un grupo criminal, es decir, una asociación material conformada por tres o más personas que se organizan, en forma reiterada o permanente, para cometer algún delito como el propio acopio y tráfico de armas, o tráfico de personas, secuestro, contrabando, robo de hidrocarburos o delitos contra la salud, por citar algunos, se actualizaría por esa razón, es decir, por la simple pertenencia a la organización, el delito de delincuencia organizada.

Por estas razones —me refiero a ser delitos contemplados en leyes federales— la competencia para conocer de la investigación respectiva es de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación estrecha con su homóloga Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, por ser ésta la responsable de los delitos cometidos contra periodistas.

Finalmente, la periodista podría optar por la activación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que luego de una evaluación de los riesgos a que se encuentra potencialmente expuesta, determine medidas urgentes de protección, las que podrían incluir, por ejemplo, seguridad por escoltas de cuerpos especializados dada la amenaza contra la vida de Azucena Uresti.

Supongo que para quienes ponen en duda la veracidad de las amenazas y todo el contexto que las envuelve, no hay motivos objetivos ni suficientes para convencerles de la necesidad de -al menos- guardar silencio cuando no tienen nada positivo por decir, olvidando que indiscriminadamente pueden abstenerse de callar pues ejercen -irónicamente- el derecho elemental que injustamente ha sido conculcado en una periodista profesional.