Opinión


Narcocalderonato

Narcocalderonato | La Crónica de Hoy

Si en las últimas décadas el mexicano no ha sido un narcoestado, resulta innegable que ha reunido las características suficientes para haber sido catalogado como tal. Sobre todo, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Fue tan determinante la influencia del narcotráfico en las instituciones nacionales en el sexenio 2006-2012, que su peso específico todavía se impuso durante el mandato de Enrique Peña Nieto, y había persistido agazapado, silencioso, en lo que va de la administración del presidente López Obrador.

Botón de muestra. Hasta hace apenas unos días empezó a ser desmantelada la cúpula que controlaba la Policía Federal, involucrada no solo en corrupción administrativa sino también con el narco.

Sin considerar que la estrategia contra las drogas en la 4T ha sido esencialmente la misma de los últimos cuarenta años. Y que “los muertos de Andrés Manuel’’ ya bordean los 50 mil, y contando.

Desde los años 60 y 70 del siglo pasado, con los gobernadores Leopoldo Sánchez Celis, Antonio Toledo Corro y Guillermo Cosío Vidaurri habíamos tenido mandatarios estatales relacionados con el tráfico de drogas. Y, más adelante, Tomás Yárrington, Eugenio Hernández, Fausto Vallejo, Jesús Reyna y muchos más.

Y, en las mismas andanzas, funcionarios federales de alto rango como el zar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo, procuradores, jueces, cuerpos completos de policía y hasta el hermano de un jefe del Estado.

La guerra contra el narco, declarada en diciembre de 2006, infestó de mafiosos gran parte del aparato gubernamental y contaminó todos los ámbitos de la vida nacional.

Se agotó así el discurso de la corrupción aislada, individual, la manzana podrida en las entidades públicas, hasta el punto de que, ahora se sabe, bien hubiera podido hablarse de total descomposición, agusanamiento del huacal completo en numerosas instituciones.

Furioso por el dicho presidencial del virtual narcoestado que él encabezó, Calderón echa espumarajos por la boca. Aparte de burlas, nada consigue frente al cúmulo de indicios acerca de la influencia de narcotraficantes en áreas clave de su gobierno, de la Secretaría de Seguridad, con Genaro García Luna, a Los Pinos.

El arresto domiciliario por manipulación de testigos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez lleva a recordar la admiración del michoacano por semejante político, sobre quien pesan copiosas acusaciones de narco, consanguíneo y protector de capos, promotor de bandas paramilitares e inspirador del escalofriante episodio de los falsos positivos, los millares de jóvenes asesinados en forma extrajudicial, acusados falsamente de guerrilleros y traficantes de estupefacientes.

A Uribe se le debe la Operación Fénix, el bombardeo por la aviación colombiana de un campamento guerrillero en Ecuador, en 2008, en el cual murieron cuatro estudiantes mexicanos en viaje de preparación de tesis sobre la insurgencia armada en América Latina.

Seducido por un estilo cruento de gobierno o movido por quién sabe qué clase de complicidades, Calderón llegó al grado de incorporar a su equipo, en calidad de asesores, a políticos colombianos allegados a Uribe y hasta parientes de los más famosos capos y sus sicarios. Y apadrinó la contratación, por administraciones estatales y municipales, de empresas de consultoría en seguridad operadas por antioqueños de Medellín, el enclave en su tiempo de Pablo Escobar Gaviria.

En el equipo calderonista se desempeñó como asesora la actual senadora Paola Holguín, la misma que tras la detención de Uribe tuvo la audacia de llamar de hecho a un levantamiento de la “reserva activa’’ de su país, con objeto de escarmentar al Poder Judicial responsable del encierro de su líder político.

La ahora senadora uribista se desplazaba con familiaridad en Los Pinos, a pesar de que sus lazos familiares imponían revisión acuciosa. Se trata de la hija del reconocido narcotraficante Frak Holguín Ortiz, testaferro de Escobar, y sobrina de Juan Holguín Ortiz sicario del jefe del cártel de Medellín.

Con tan sólo una búsqueda superficial en internet es factible enterarse de que la legisladora Holguín ha sido en la última década recurrente conferenciante sobre temas de seguridad en escuelas de Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Yucatán y Baja California, siempre al amparo de gobiernos panistas.

Antes aun de asumir el poder, en octubre de 2006, siendo Presidente electo, el panista viajó a Colombia donde expresó sin ambages su disposición de seguir el ejemplo de Uribe, quien luego enfrentaría el escándalo de la yidispolítica, el episodio de compra de votos legislativos para consumar su reelección.

Si tan sólo fuera por el perfil del arquetipo de Calderón, con un mínimo de responsabilidad y sentido cívico para atajar la narcopolítica y garantizar la democracia, el INE tendría que desechar la solicitud de conversión en partido del membrete México Libre, abanderado por el expresidente y su cónyuge, Margarita Zavala.

Conviene recordar las advertencias del propio Presidente, en diciembre de 2011, cuando orillado por la derrota de su hermana Luisa María en la contienda por la gubernatura de Michoacán, habló del poderío que para entonces había adquirido el narcotráfico hasta el grado de influir de modo decisivo en elecciones.

Más aun, ya en 2010 incluso correligionarios del Jefe del Ejecutivo advertían sobre el fortalecimiento del narco en su vertiente electoral. El director del Consejo de Analistas Católicos de México, Carlos Montiel, dijo que la democracia sería irreal en los comicios de ese año y de 2012.

Afirmó que el crimen “ha pervertido y dañado a las escuelas, plazas públicas, carreteras, circuitos, avenidas, centros de rehabilitación, mandos militares y policiacos, funcionarios públicos e iglesias’’. Y que, antes del gobierno felipista, el narco actuaba en silencio, pero con el michoacano “emplea la eliminación de quienes se atraviesan en su camino’’.

En diciembre de 2009, en Durango, en un lance que hizo pensar en el diablo metido a predicador, el mandatario que llegó al poder mediante una madrugadora confabulación de empresarios y medios de comunicación, clausuró el foro “La democracia en una encrucijada: el financiamiento ilícito en la política’’. Reconoció, sin ponerse colorado, que “la estructura de financiamiento ilegal se da por fuera de los registros contables”.

Alertó también entonces sobre el poder que ya había adquirido la delincuencia. “Hoy tenemos que reflexionar sobre las amenazas que pueden socavar la democracia para prevenirlas y atajarlas. Y, entre esas amenazas, está sin duda la profundidad y el alcance del poder corruptor y de intimidación de la delincuencia organizada’’.

Históricamente, los narcos han sido importantes actores electorales. Lo fueron aún más en el sexenio antepasado cuando se llegó al extremo de asesinar candidatos, incluido el aspirante a gobernador Rodolfo Torre Cantú, y cuando fueron pretexto para intentar la instauración en México de un gobierno de facto.

Es cosa de recordar que Calderón exploró la posibilidad de suspender la elección presidencial en 2012 vía un acuerdo entre las distintas fuerzas, e incluso declarar el estado de excepción so pretexto del desbordamiento de un fenómeno que —está saliendo el peine— fue cebado desde los más altos niveles de la administración federal.

De la infiltración de la delincuencia dicen mucho también las relaciones de García Luna con el gobierno colombiano. Tanto que, en 2011, ya en la gestión de Juan Manuel Santos, el ahora preso en Estados Unidos fue distinguido con la Medalla al Mérito “por la lucha emprendida por la administración de Calderón contra el crimen organizado’’.

Medalla que, por cierto, García Luna recibió y portó aun sin contar para ello con el indispensable permiso del Congreso mexicano. El Legislativo como figura decorativa.

Irritó al michoacano que López Obrador hablara de narcoestado. Pero, ¿cómo denominar a un Estado cuyo gobierno, en particular el Ejecutivo, estaba saturados de narcos decidiendo las políticas públicas?

 

aureramos@cronica.com.mx

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