Opinión


Narcotráfico y elecciones

Narcotráfico y elecciones | La Crónica de Hoy

El jueves, 13 de mayo, Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, fue asesinado en Ciudad Obregón. Recibió 10 impactos de bala. Murrieta fue Procurador en los gobiernos de Eduardo Bours y Guillermo Paredes; actualmente se desempeñaba como abogado de la familia LeBarón (el 4 de noviembre de 2019, doce miembros de esa familia fueron masacrados en una intricada zona de la Sierra Madre Occidental). En sus promocionales Murrieta había prometido “Cero Tolerancia” frente al crimen organizado.

Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, a la alcaldía de Valle de Bravo, fue secuestrada la tarde del martes 18 de mayo, después de un mitin en la cascada Velo de Novia, San Lorenzo. La llevaron a Tejupilco. Allí, Johnny Hurtado Olascoaga, alias, “el Pez”, le dijo: “Me ordenaron matarte, pero voy a perdonarte la vida.” Esto a condición de que se “bajara” de la contienda electoral.

Los hermanos Olascoaga son líderes de la Familia Michoacana en la región de Tierra Caliente, Guerrero. Ellos fueron quienes mandaron “levantar” a Zudikey, atleta que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La candidata de la Coalición “Va por Valle de Bravo”, reapareció para declarar: “Decirles que estoy bien, decirles que los quiero mucho equipo y les agradezco su apoyo incondicional.” Ya no habló de su candidatura.

En la madrugada el 21 de mayo, un grupo de personas dejó afuera de la casa de Julieta Castillo—en Ciudad Juárez, Chihuahua—candidata a diputada local del Partido Encuentro Solidario (PES), un bulto que asemejaba a un cadáver envuelto en cobijas, acompañado de un mensaje escrito en un pedazo de cartón: “Candidata Julieta Castillo y José Castillo. Banjele (sic) de huevos con los desaparecidos o así van a quedar.”

Y es que hace doce años, la sobrina de Julieta, Esmeralda Castillo, fue reportada como desaparecida, el 19 de mayo de 2009. Por ese motivo la familia se inició en el activismo social con el propósito de encontrarla.

Luego de que llegaran al lugar de los hechos peritos de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, Julieta declaró a la prensa: “Mi hermano tiene años en la búsqueda de su hija y ahora que soy candidata, y que mi bandera es la búsqueda de las desaparecidas y descubrir qué hay detrás de los homicidios de hombres y mujeres, nos amenazan porque hay personas que no quieren que se esclarezcan estos hechos.” Aseguró que ningún tipo de amenaza o represalia la va a amedrentar: continuará como candidata y activista. (El Universal, 22/05/2021)

Hago referencia a estos episodios de “alto impacto” por estar entre los más conocidos; pero, no me olvido, ni por un instante, que hay muchos otros casos que han enlutado o mantienen en zozobra a muchas familias mexicanas. Lo que deseo es llamar la atención sobre el efecto nocivo que está teniendo el crimen organizado en el actual proceso electoral: la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, reportó que ha habido 398 agresiones de distinto tipo a candidatos a puestos de elección popular; 33 han sido asesinados.

Los narcos están empleando una gran variedad de métodos para influir en estos comicios. Aparte de los secuestros y asesinatos: la amenaza de interrumpir mítines a punta de metralla, ataques a vehículos o casas de campaña, balaceras cerca de los mítines, destrucción de propaganda, amedrentamiento a los colaboradores de los candidatos. “Incluso, hay decenas de municipios en los que los partidos no designaron a candidatos porque no había condiciones para hacer campaña, mientras que en otros los abanderados han retirado su candidatura.” (Reforma, 23/05/2021).

Representantes de partidos políticos han denunciado que los estados donde hay mayor incidencia de este tipo de intimidaciones son: Veracruz, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán.

Y no es que los grupos criminales estén actuando al unísono. Cada uno de ellos quiere imponer a sus candidatos y eliminar, a como dé lugar, a los aspirantes vinculados con otros cárteles o que simplemente no tiene relación alguna con los malvivientes.

Para dar una idea de la trifulca que traen los narcos baste decir que, en Guanajuato, según reportes de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR), están luchando entre sí, siete grupos delictivos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Santa Rosa de Lima, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, la Unión León, y el Cártel del Golfo.

Ante la inseguridad que enfrentan los candidatos, los partidos políticos han exigido acciones inmediatas a las autoridades electorales; pero no son ellas quienes tienen que resolver el problema.

Recordemos que la primera responsabilidad de la autoridad gubernamental es la de garantizar la vida y seguridad de las personas. Para eso nació el Estado, para salvaguardar la paz pública. Lo dijo Max Weber: “El Estado es el monopolio de la violencia física legítima.” Empero, la autoridad política en México, que tiene la obligación de cumplir este cometido, hoy brilla por su ausencia.

Democracia y violencia son conceptos antagónicos.

 

Twitter: @jfsantillan

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