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Neoliberales | La Crónica de Hoy

En recuerdo de Benjamín Wong Castañeda, periodista

íntegro que en numerosos medios demostró que

lo cortés no quita lo exigente —ni lo valiente, claro—.

 

La señora Josefa González Blanco no salió de la Semarnat en un desplante de tardía honestidad. Renunció, o fue destituida, porque sus gestiones para retrasar la salida del avión en el que iba a volar desataron una oleada de indignación. De no haber sido por ese escándalo, que en pocas horas vino de las redes a los medios convencionales, la ahora exsecretaria seguiría despachando con la indolencia que desplegó durante el reciente semestre. Benditas redes sociales.

En esas redes se ha difundido la exigencia de centenares de especialistas en temas ambientales para que el nuevo titular de la Secretaría tenga conocimientos y compromiso con la protección de nuestro entorno natural. Desde luego es importante que esa tarea no quede en manos de simuladores o novatos. Pero quien sea que llegue a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá que ceñirse no a una agenda diseñada por el conocimiento y la responsabilidad, sino a los caprichos del Presidente de la República.

La señora González Blanco era más conocida por su afición a personajes de leyenda que por las medidas que no tomó para defender el ambiente. Llegó tarde a la evaluación de la reciente contingencia en el Valle de México, o simplemente no llegó al diagnóstico del impacto ambiental que tendrán ocurrencias como la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no hay diagnósticos que valgan si no se ajustan a las decisiones que ha resuelto imponer como hitos de su gobierno.

La 4T no está definida por un proyecto sino por las volubles decisiones del presidente. Detrás de la retórica de equidad y justicia social —que sería plausible si se cumpliera con ella— hay medidas que de manera cotidiana perjudican a las mayorías más vulnerables de nuestra sociedad. Las denuncias de los directores médicos y de profesionales de los hospitales públicos más prestigiados sobre las restricciones que afectaron elementales servicios de salud primero fueron rechazadas por el presidente empeñado en creer, o en postular de manera engañosa, que la situación no era tan grave.

Gracias a esas denuncias y al eco que encontraron, Hacienda restituyó a las instituciones de salud buena parte de los 2 mil 500 millones de pesos que habían sido retenidos. Pero ese recorte, junto con otros más que agobian y encrespan a decenas de miles de trabajadores públicos, no habría sido dispuesto si el gobierno no requiriese dinero —mucho dinero— para satisfacer antojos del presidente.

La cancelación del Aeropuerto Internacional que era construido en Texcoco nos costará 145 mil millones de dólares. Ésa es la cifra que calculó el excandidato presidencial José Antonio Meade y, aunque lo descalificaron con agresiones personales, los funcionarios del gobierno que se refirieron a ese dato no lo refutaron. Hay estimaciones menores. Como quiera que sea, la decisión de gastar en proyectos de incierta viabilidad, así como la transferencia de recursos públicos de manera directa a través de programas de apoyo social, están devastando las finanzas públicas. Las tijeras de la Secretaría de Hacienda arrasan con instituciones y compromisos del Estado: salud pública, centros de investigación, programas de respaldo a grupos vulnerables, entre otros.

La renuncia de Germán Martínez Cázares pegó en el centro de los equilibrios que sostienen a la 4T. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya era sumamente vulnerable, está en riesgo debido a nuevas limitaciones financieras. El renunciante no quiso enfrentarse con el presidente López Obrador y destinó su reclamo a la secretaría de Hacienda que encabeza Carlos Urzúa. De todos modos, el Presidente le reprochó “dejarse intimidar”.

En su renuncia, Martínez subraya la naturaleza conservadora de la política económica del gobierno. Podrá decirse que es paradójico que ese carácter lo cuestione un expresidente de Acción Nacional, pero a ese extremo llega la restricción al gasto público: “El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal…”

La reducción del gasto destinado a inversión productiva, la revocación de proyectos institucionales, el despido de servidores públicos, el desprecio por la investigación y la cultura son rasgos de un gobierno neoliberal. Si se hacen a un lado el discurso engañoso que dice reivindicar primero a los pobres y las expectativas que el gobierno aún suscita en la sociedad, nos encontramos con una administración sujeta a la ortodoxia económica más inclemente.

El debilitamiento en la capacidad del Estado para reorientar la economía, la cancelación de puestos de trabajo, el declive de esa joya del Estado mexicano que ha sido la salud pública —a pesar de colosales insuficiencias y más allá de los partidos que nos gobernaron— expresan la ausencia de un proyecto comprometido con los intereses de las mayorías.

El presidente no tolera que lo cuestionen. Cuando se propalaron los señalamientos por carencias en hospitales públicos López Obrador dijo, el jueves 23, que eran versiones del “hampa del periodismo”. Para respaldar esa gravísima frase, horas después la Presidencia de la República difundió una lista de columnistas y empresas de medios que suscribieron contratos de publicidad y servicios de producción con el gobierno del presidente Peña Nieto.

Se trata de una lista tramposa porque mezcla a individuos con empresas como si cada uno de los allí mencionados hubiera recibido, a título personal, las cantidades allí detalladas. Está incompleta: faltan, entre otros, los contratos de publicidad con televisoras y grupos radiofónicos que han acaparado quizá el 80% del dinero destinado a propaganda del gobierno. Es una lista confusa, sin que sean claros los criterios bajo los cuales fue organizada. Además está claramente desactualizada porque no incluye el gasto en medios del actual gobierno.

La información del gasto en publicidad oficial tendría que ser constante y absolutamente pública. La Presidencia, sin justificaciones para ello, inicialmente se negó a proporcionar esos datos aunque, en búsquedas tortuosas, se le podía identificar en el sistema de compras de la administración pública. Cuando arreciaron los cuestionamientos por esa lista, el presidente López Obrador dijo “bajo palabra de decir verdad” que esos datos no los había filtrado su gobierno. El INAI aclaró que la difusión de la lista no se originó en esa institución y Reforma, el periódico que la dio a conocer, aclaró que se la entregó la Oficina de la Presidencia.

En el contexto en que fue publicada, después de las infundadas acusaciones presidenciales sobre una presunta hampa periodística, la lista fue utilizada para descalificar y perseguir a periodistas y comunicadores. Esa desacreditación en bloque de periodistas con trayectorias profesionales muy variadas es otra contribución del líder de la 4T para enturbiar el debate público.

Los datos de la lista son ciertos, según han reconocido varios de los allí mencionados. Que los periodistas y responsables de empresas de medios así señalados hayan tenido contratos de publicidad oficial no es motivo de oprobio ni causa de sumisión. Pero, difundida sin marco de referencia, la lista tiene efectos persecutorios.

Es muy saludable que se discuta no sólo el reparto, sino la existencia misma de la publicidad oficial. En este espacio hemos insistido en que, de plano, el gasto publicitario de todas las instituciones del Estado tendría que ser cancelado. Al gobierno actual, sin embargo, le gusta premiar y castigar con la asignación o el regateo de dinero público para los medios con la misma discrecionalidad que ejercían los gobiernos priistas.

Con la asignación discrecional de propaganda, el gobierno intensifica las desigualdades en el mercado de la comunicación. En vez de respaldar a medios de calidad —con unas cuantas excepciones— se ha premiado a periodistas y medios afines a los gobernantes en turno. Así ha sucedido antes y así sucede ahora. El uso de recursos públicos para favorecer grandes consorcios, o para respaldar a medios sin calidad ni audiencias, expresa la renuncia del Estado a modular el mercado de la comunicación. Eso también es neoliberalismo.

 


trejoraul@gmail.com
@ciberfan

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