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“No hay intocables”: Función Pública; niega perseguidos políticos

Irma Eréndira Sandoval defendió las asignaciones directas que se han realizado en este gobierno, sobre todo en compras consolidadas para medicinas, pues explicó que “generan muchos beneficios” para el país.

“No hay intocables”: Función Pública; niega perseguidos políticos  | La Crónica de Hoy

Irma Eréndira Sandoval.

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, sostuvo que no hay ningún pacto de impunidad con personas o gobiernos anteriores por lo cual se investigará y sancionará cualquier acto de corrupción en el que hayan incurrido funcionarios y servidores públicos de ésta o administraciones anteriores, pues “no hay intocables”.

“No hay ningún pacto de impunidad, todos los procesos de investigación y sanción tienden al marco legal y a terminar con la impunidad. Algunos casos involucran a personajes y figuras públicas del gabinete anterior, fueron iniciados en la administración pasada y nosotros hemos sido responsables simplemente en analizar a cabalidad y concluir cada una de estas investigaciones, no tenemos ninguna fobia o ánimo persecutorio, no tenemos en este gobierno filias ni fobias”, sostuvo

Aseguró que en el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señalado por opacidad en su declaración patrimonial y la adquisición de al menos 25 inmuebles con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos, según una investigación periodística de Areli Quintero y Carlos Loret de Mola, “no hay gato encerrado” y se investiga con exhaustividad ese caso para no violentar la presunción de inocencia del funcionario.

Aseguró que no puede adelantar el estado de la indagatoria, pero reveló que al 30 de septiembre se han acumulado 21 denuncias recibidas y se llegará hasta las últimas consecuencias.

“No vamos a defraudar la confianza”, aseguró ante la lluvia de cuestionamientos, sobre todo de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien fustigó la celeridad en otras investigaciones de funcionarios del sexenio pasado, mientras que en el caso Bartlett hay poca información,

“No queremos dar juicios sumarios, estamos trabajando de forma cuidadosa”, reviró Sandoval Ballesteros.

Durante su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana  del Senado como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la SFP aseguró que el combate a la corrupción y la impunidad no se realiza con filias ni fobias, no hay intocables, ni perseguidos por consigna política, ya que se investiga sin distingos y se castiga a funcionarios públicos de administraciones anteriores y de la actual.

LICITACIONES BENÉFICAS. La funcionaria defendió las asignaciones directas que se han realizado en este gobierno, sobre todo en compras consolidadas para medicinas, pues explicó que “generan muchos beneficios” para el país.

Detalló que se dice que el 80 por ciento de los contratos es por adjudicación directa, pero  aseguró que “hay que tomar esa afirmación con dos gramos de sal”,  pues en realidad sólo representan el 40 por ciento de esos mismos contratos.

“Subastas competitivas no son licitaciones y sin embargo las contabilizan como adjudicaciones, pero nos dan mejores condiciones”, explicó.

Eréndira Sandoval destacó que, de diciembre a la fecha, el gobierno del presidente López Obrador ha iniciado 5 mil 480 indagatorias, lo que representa 40 por ciento más que en el sexenio pasado.

De estas indagatorias, más de 2 mil 790 han derivado en sanciones administrativas a servidores públicos, 874 corresponden a inhabilitaciones y multas por un monto de 4 mil 494 millones de pesos.

En su exposición inicial detalló que en el caso de las contrataciones públicas también hay cero tolerancia a la impunidad y hasta el momento se han sancionado 178 empresas y establecido multas por mil 432 millones de pesos.

La titular dijo que este gobierno recibió una Secretaría de la Función Pública que no funcionaba, una dependencia fallida que Peña Nieto y Calderón buscaron desaparecer y que el gobierno actual ha relanzado, para ser el factor principal del combate a la corrupción.

 

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