El miércoles 4 de agosto el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación removió a su presidente, en una sesión convocada por su magistrada decana y sin la asistencia del desplazado del cargo, bajo el argumento de que dicho acto es una expresión del autogobierno que la Constitución otorga a ese órgano. En pocas palabras, aplicaron el principio de quien designa, destituye.

El jueves, después de desayunar con el presidente López Obrador, el Ministro Zaldívar, con la línea del Poder Ejecutivo, recibió a la mayoría de los magistrados de la sala superior electoral para propiciar una salida institucional a la supuesta crisis constitucional que denunció el renunciado en medios de comunicación al tiempo que anunciaba la promoción de una solicitud de resolución de controversias dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Esa mayoría alega que el Tribunal tiene facultades para sancionar las responsabilidades en que incurran sus integrantes, ese es el poder que justifica la remoción. El presidente “despedido” por sus pares alega que determinar las responsabilidades de cualquiera de los integrantes del mencionado órgano corresponde sólo a la Cámara de Diputados vía juicio político, por lo que la destitución fue una acción golpista (sic).

El viernes 6, en una conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte agradeció la confianza que el presidente de la República y el Congreso de la Unión habían depositado en él cuando decidieron prologar su mandato, que el categóricamente se negaba a aceptar dijo: “mi decisión está tomada independientemente de lo que resuelva la Corte”.

Esta es una declaración emitida con más de 3 meses de retraso durante los cuales, con argumentos falaces sobre su compromiso con la defensa de la Constitución y el prudente silencio necesario para que el Pleno de la Corte determinara lo procedente, coqueteó con la posibilidad de mantenerse en el cargo, en contra de lo dispuesto en la Constitución, y hacerle el juego a las aspiraciones reeleccionistas del inquilino del Palacio Nacional.

El Presidente del Poder Judicial Federal (sic), este fue el novísimo puesto que el Ministro Zaldívar se atribuyó (su inconsciente lo traicionó), explicó sus afanes por conservar la institucionalidad del desprestigiado (sic) Tribunal Electoral e hizo votos para que su “espontánea” y “congruente” oposición a la ampliación del mandato, manifestada después de conocer el proyecto del Ministro Franco a su consulta al pleno sobre el artículo decimotercero transitorio de la reforma, no ocasionara un regreso al pasado corrupto (sic) del Poder Judicial de la Federación.

Si de desprestigio se trata hay que recordar su argumentación en la ignominiosa aprobación por un voto de la consulta popular, fracasada en sus intensiones el domingo 1 de agosto, y la oscura redacción que Zaldívar impulsó para tratar de aparentar que un linchamiento público era un avance democrático. También, hay que traer a cuenta el regaño que toleró del presidente cuando no asistió a uno de sus innumerables informes o que se haya prestado, como lo hizo en su momento el gobernador de Baja California, al juego de López Obrador para prologar su poder después del 30 de septiembre de 2024. El silenció de él y los Consejeros de la Judicatura Federal respecto a la ampliación del mandato que se les otorgó en Ley eso si es vergonzoso.

Lo más grave de la situación que vive el Poder Judicial de la Federación es que en la Suprema Corte existen las mismas condiciones de autogobierno que privan en el Tribunal Electoral y se abre la pregunta: ¿Quién designa puede remover si tiene las facultades de imponer sanciones administrativas ante una responsabilidad grave?

Tal vez la plática con la mayoría de los magistrados del Pleno del Tribunal Electoral, estos lo convencieron de que en la destitución del Magistrado Vargas habían actuado apegados a la Constitución y entonces la conferencia de prensa obedezca al décimo adagio del derecho público mexicano: “cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Tal vez en el desayunito con el presidente López Obrador, éste le reclamó a Zaldívar la tibia defensa a la ampliación de mandato y le giró instrucciones para desactivar el conflicto en el Tribunal Electoral y que se adelantara a la catástrofe que se aproxima con el pronunciamiento en contra del Pleno de la Corte sobre el artículo decimo tercero transitorio de la reforma judicial.

Todo esto es especulación provocada por el propio Ministro Zaldívar. Ha sido incongruente. Defiende la independencia judicial en el discurso y en los hechos se subordina a los deseos del Poder Ejecutivo.

P.D. ¿Se acabó el amiguismo en el Poder Judicial Federal? Ana María Ibarra Olguín y Fabiana Estrada Tena de colaboradoras del Ministro Zaldívar a Magistradas sin ninguna carrera judicial. Un abismo entre el discurso y la acción.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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