Las oportunidades abiertas

México tiene que impulsar un sistema multifactorial de desarrollo científico, con oportunidades claras para el país. Esto es justo lo opuesto a lo que plantea la iniciativa de ley propuesta, que simplemente se ocupa de destruir lo que se ha logrado con la intención de concentrar el poder de decisión en la Dirección General de una sola agencia, la misma que ha redactado la ley.

Al revés de la política actual de Conacyt, México lo que debería hacer es:

1) Dotar a las Academias de
presupuesto y atribuciones

La Royal Society en Gran Bretaña, una de las Academias más antiguas del mundo, cuenta con un presupuesto anual de más de 120 millones de dólares. Eso le permite conducir proyectos a largo plazo, de difusión  y de coordinación de la ciencia. En México la Academia Mexicana de Ciencias, y otras que se considere pertinente, deben tener un presupuesto anual fijo y seguro que les permita cumplir su importante misión sin tener que estar solicitando fondos de Conacyt anualmente.

2) Crear un Consejo Nacional
de la Investigación Científica

La creación de los Centros SEP-Conacyt, luego Centros Públicos de Investigación, fue una medida muy importante para hacer avanzar la ciencia en México. En su momento fueron creados uno por uno desde Conacyt. Fue ésta una forma muy importante de evitar la fuga de cerebros y lograr una concentración importante de investigadores en diversos estados de la República. Los Centros, sin embargo, ya alcanzaron la madurez suficiente para ser convertidos en el equivalente de los centros Max-Planck en Alemania o de los Centros del Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) en España.
Se debe crear un Consejo Nacional de la Investigación Científica (CNIC) como la institución de investigación de frontera en México, con autonomía y presupuesto propios. Los investigadores con Cátedra Conacyt adscritos a estos centros deberían ser transferidos, con el presupuesto correspondiente, a dichos centros. La ley propuesta es un retroceso, elimina toda referencia al Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación y pretende atar su normatividad a la de Conacyt. Para los CPI ha llegado la hora de abandonar la “nave madre” y actuar con independencia, con autonomía científica y administrativa.

3) Mantener y ampliar la labor del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Se debe ratificar la existencia y necesidad del Foro como una instancia para crear consensos entre todos los actores del sistema de ciencia y desarrollo del país. Hay que dotarlo de recursos para que continúe siendo una fuente confiable de información y difusión científica al margen de los partidos, así como de asesoría al Congreso de la Unión y a las entidades federativas para la toma de decisiones.

4) Reorganizar al Consejo Consultivo de Ciencias

El Consejo Consultivo de Ciencias debería adquirir la función de elaborar estudios de gran alcance para el diseño de la política gubernamental. Mientras que el FCCyT asesora al Congreso de la Unión y las Academias se dirigen a la sociedad en su conjunto, el CCC podría asesorar directamente al Poder Ejecutivo. El CCC se podría nombrar regularmente desde la plantilla de investigadores de mayor nivel en México.

5) Mantener y hacer sustentable al
Sistema Nacional de Investigadores

El SNI fue otra más de las medidas de emergencia para evitar la fuga de cerebros de México. Hoy se ataca al SNI en notas periodísticas como sistema de “privilegio” sin considerar que no hay otra profesión tan evaluada y controlada como la de ser científico. Se debe tener una estrategia sustentable para mantener el SNI, considerando el cambio demográfico y el crecimiento deseable del número de investigadores en México. Se requiere, y ésa sería una labor intersecretarial, discutir las condiciones de renovación de la planta académica en México con un sistema digno de jubilaciones que permita abrir puestos de trabajo para las nuevas generaciones.

Haciendo más eficiente el sistema de investigación nacional

En suma, la oportunidad que tiene el país es la de avanzar hacia un verdadero sistema multifactorial de investigación en México. El camino es el opuesto al de concentrar todo el poder en una sola agencia, ya sea Conacyt o cualquier otra. Conacyt (o Conahcyt) puede mantener su labor de manejar el sistema de becas y financiamiento a proyectos de investigación, y puede coordinar los repositorios nacionales de investigación. Pero debería transferir la promoción de la ciencia a las Academias, la asesoría del Poder Legislativo al FCCyT y del Poder Ejecutivo al CCC.

Me parece crucial en el momento que atraviesa México, que los centros Conacyt rompan el cascarón y puedan iniciar una nueva etapa como un sistema de investigación de frontera y, ¿por qué no decirlo?, también de élite, siguiendo el modelo Max-Planck de Alemania o del CSIC en España. Esto daría un impulso enorme a la investigación en México.

Otra cosa eliminada en la iniciativa de ley es la aspiración de llegar al 1% de gasto en Ciencia y Tecnología en México. Parece una claudicación. Si bien mantener este porcentaje como “obligación” no es realista en las condiciones actuales, no por eso se debe renunciar a mencionarlo como una meta que se quiere alcanzar.

Desgraciadamente desde fines de 2018 Conacyt ha ocupado las columnas de los diarios no con su actividad, sino con escándalos provocados por los ataques del nuevo equipo a las administraciones pasadas. Se “denuncia” que empresas participaron en proyectos financiados por Conacyt sin al mismo tiempo aclarar que fue estrictamente en el marco de convocatorias para proyectos muy concretos y que aquellas empresas debieron movilizar recursos propios. Un peso de financiamiento público se puede convertir en dos pesos de investigación de esa manera. Es el esquema que se utiliza en los proyectos financiados por el Consejo de Investigación Europeo. Es una de las best practices que se ha adoptado en muchos países, no sólo en Europa.

Infortunadamente el preámbulo de la senadora Ana Lilia Rivera a la ley aquí comentada describe las pasadas leyes de ciencia y tecnología casi como una conspiración del gran capital dirigidas a convertir a la ciencia en pesos y centavos a través de la patraña de la “economía del conocimiento”. En una conferencia mañanera reciente el Presidente interpretó las muchas críticas a la actuación de Conacyt y a la iniciativa de ley como una reacción de la “mafia de la ciencia”, que hoy en día habría que agregar a otras de las mafias ya omnipresentes en el discurso oficial. Y paradójicamente ese mensaje se le da a la comunidad científica un 14 de febrero, el día romano de Lupercalia y hoy de San Valentín.

Insisto: la oportunidad presente es evitar que se apruebe una ley por la vía “express”, sin discusión alguna, para en vez de ello proceder a un diálogo nacional, con todos los actores involucrados, acerca de lo que queremos lograr en el campo de la ciencia y tecnología en los próximos años. En ese diálogo deben participar las universidades, los investigadores, los estudiantes y el público en general. Si se afirma en serio que el pueblo es sabio, hagamos un llamado a las Cámaras para que lo dejen participar y se inicie un debate nacional en el que no habrá vencidos, sino un solo ganador: nuestro país.

Raúl Rojas González

Miembro del SNI Nivel III