Un grupo de diputados opositores chilenos presentó ayer una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de, en este caso, el presidente. Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y un respaldo de dos tercios en el Senado.

El diputado socialista Jaime Naranjo admitió que será difícil que un impeachment prospere, pero defendió que la acusación servirá para dejar claro que el “nunca más” a las violaciones de los derechos humanos “llegó para quedarse”.