Desde hace varios años se discute en la opinión pública y en círculos especializados sobre el supuesto retroceso de la democracia y el surgimiento del populismo que la mina poco a poco, en una especie de corriente autoritaria que estaría disolviendo poco a poco sus cimientos. Sin negar la existencia de tales tendencias, lo cierto es que el debate se ha llevado al extremo de laa simplificación, en la que prima una importante falta de rigor conceptual y de seriedad en el uso del término, que ha pasado a tener matices peyorativos. Tal vez por ello se ha prestado poca atención a otros fenómenos de viejo cuño asociados al autoritarismo —y que al parecer se creían superados, al menos en los países en donde la democracia se ha instaurado desde hace algún tiempo, como en Latinoamérica, por ejemplo—. Tal es el caso del militarismo y las intentonas golpistas.  A raíz de diversos acontecimientos recientes en países como Bolivia, Chile, Ecuador y el mismo México, el debate en torno a ello ha cobrado nuevos bríos ya que bien podría tratarse de una nueva fase, por decirlo así, del papel de las fuerzas armadas en la política. Desde luego que no es deseable el regreso de la presencia de militares como garantes o promotores de estados de excepción, así sea solamente a través de sugerencias o invitaciones al poder civil sobre el mejor curso de acción a seguir.

El profesor Ernesto López apunta que las ciencias sociales latinoamericanas registran en el decenio de los años sesenta la aparición de un tema que había sido abordado ocasionalmente: la presencia de los militares en la política. A la sazón dicho tema daría lugar al concepto de militarismo, en referencia a la  desmedida intervención de los militares en la política, caracterizada por ser frecuente y lesiva de una legalidad vigente.  En ese contexto, la inestabilidad política y la llamada insuficiencia hegemónica son considerados como sus fundamentos, dando lugar a diferentes modalidades de su intervención en la política. Aunque no puede considerarse como un fenómeno lineal y automático del militarismo, un posible resultado de esa participación en demasía es el acompañamiento de golpes de estado, a partir de la presunción de que un acto de esa naturaleza no puede ocurrir sin la participación activa de por lo menos un grupo militar o la neutralidad-complicidad de todas las fuerzas armadas. (Diccionario de Política, 1997, Ed. Siglo XXI, p. 725 y 970).

El siglo XIX mexicano fue pletórico en pronunciamientos y asonadas militares. Difícilmente se entienden los procesos políticos de la época sin recurrir al análisis del papel jugado por los militares en la política. No sería sino hasta bien entrado el siglo XX, ya en pleno periodo posrevolucionario, que las fuerzas armadas se supeditarían al poder civil. Justamente esa parte fundamental del proceso político mexicano, no obstante el perfil autoritario del régimen construido después de la Revolución, fue lo que permitió al país mantenerse al margen de la ola golpista latinoamericana característica de la segunda mitad de la centuria anterior. Esa tendencia se mantuvo durante la primera alternancia del país, pero las cosas comenzarían un nuevo derrotero hasta su poco meditado involucramiento en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas a partir de 2006, haciéndose cada vez más claro lo complicado que es regresarlos a sus cuarteles. Probablemente por ello ha llamado tanto la atención las apariciones recientes de generales en retiro expresando dudas sobre la situación nacional actual y calificando las realidades políticas contemporáneas del país, en un ejercicio poco usual.

Para Juan Linz, la dinámica del proceso político tiene que ver con la actuación tanto de los que están más o menos interesados en el mantenimiento de un cierto sistema político democrático como la de aquellos que, colocando otros valores por encima, ni están dispuestos a defenderlo o incluso están dispuestos a derrocarlo. Justo por ello los equilibrios siempre son necesarios por frágiles que sean, y requieren de respaldo consensuado. El problema es complejo sin duda, pero nada menos deseable que algún garante armado de los mismos.  Dicho autor sugiere que el fin de una democracia puede presentar una serie de pautas tales como: un desplazamiento anticonstitucional de un gobierno democráticamente elegido por un grupo dispuesto a usar la fuerza; la subida al poder mediante una combinación de estructura ademocráticas, generalmente pre-democráticas, de autoridad, que atraen a parte de la clase política del régimen democrático anterior; el establecimiento de un nuevo régimen autoritario basado en una nueva alineación de las fuerzas sociales y la exclusión de todos los actores políticos importantes del régimen democrático anterior; la toma de poder por una oposición desleal bien organizada con una base de masas en la sociedad, comprometida con la creación de un nuevo orden político y social, y la toma de poder que no tiene éxito incluso contra un régimen  debilitado y que requiere una lucha prolongada (guerra civil). (La quiebra de las democracias, México 1987, Alianza Ed., pp. p. 14-15, 94 y 143)

El profesor Meyer sugiere para el caso mexicano, pero que bien puede extenderse al resto de las realidades latinoamericanas, que la confrontación entre diferentes concepciones de la política (derechas e izquierdas) debe llevarse a cabo dentro de la legalidad, sin involucrar al ejército en la pugna pues el desenlace no puede ser promisorio de nada positivo. (“La 4T, los cárteles, los generales y Trump”, El Universal, 10nov2019, ­­­­www.eluniversal.com)

Conviene que sea así.

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