El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) buscar y entregar los documentos que den cuenta de las personas físicas y morales sancionadas por el caso Odebrecht, entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021, su razón social, así como el tipo de sanción y fecha en que fue impuesta, además de precisar, en el caso de las multas, si se cubrieron o no.

La SFP que encabeza Irma Eréndira, aseguró que no localizó un documento con las características y el nivel de detalle requerido por lo cual solo entregó información generalizada sobre ese caso donde aseveró que tiene investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en curso y, como dato adicional, refirió la inhabilitación de un funcionario de alto nivel en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Asimismo informó que se han impuesto más de una docena de sanciones a exfuncionarios, personas físicas y empresas, que han derivado en inhabilitaciones hasta por 10 años en el servicio público y sanciones económicas que ascienden a más de mil 639 millones de pesos, sin resolución firme.

Sin embargo el INAI a través del comisionado Oscar Guerra Ford, determinó que la función Pública no llevó a cabo el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia, pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información solicitada.

Recalcó que si bien la dependencia no contaba con un documento único para atender el requerimiento, está obligada a identificar las distintas expresiones documentales para dar respuesta.

La SFP –agregó--debe tener registros, documentos y expedientes sobre las sanciones y multas impuestas, por tanto, no es posible validar el pronunciamiento de que no localizó un documento específico.

Por ello, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y le instruyó hacer una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, con un criterio amplio, en todas las áreas competentes, sin omitir a las antes señaladas, a fin de que proporcione al particular los documentos que contengan la información requerida.

El comisionado Guerra Ford celebró que las personas sigan atentas a este tipo de casos emblemáticos, como el de Odebrecht pues esta solicitud de información se constituye como seguimiento a las acciones que se siguen realizando para combatir el fenómeno, tan enorme en nuestro país, de la corrupción y ejemplifica cómo el acceso a la información pública es una herramienta eficiente para el combate contra ese flagelo.