DR. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ,

SECRETARIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO:

+El desequilibrio podría ser el

principio de un fin anunciado

Talleyrand

Muchos mexicanos ya nos dimos cuenta que el estilo particular de la Cuarta Transformación es la confrontación.

Atrás quedaron los tiempos cuando el gobierno en turno buscaba el apoyo de sus adversarios para legitimar sus propuestas legislativas y acciones de gobierno.

El costo de la confrontación es alto, pero Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a pagarlo. No importa si el clima político-social es de desasosiego; tampoco si la inversión privada entra en pánico ante los cambios abruptos o si se violan los preceptos de tratados internacionales y hasta la Constitución misma…

Además de los muchos frentes abiertos, preparémonos para el próximo pleito que AMLO tendrá con las mineras concesionarias de la explotación de litio, pero antes permítame un poco de contexto en beneficio de los lectores:

En diciembre de 2019, un reporte de Mining Technology anunció que México contaba con reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas de litio, cifra que nos colocó en un lugar privilegiado. De inmediato, el entonces titular de SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo, declaró que el litio sería “el nuevo petróleo” y, por ende, otra riqueza estratégica para el desarrollo nacional pero lanto entusiasmo no llegó a la Secretaría de Economía y menos a Palacio Nacional, pues AMLO determinó que los yacimientos sólo serían explotados de la mano de la inversión privada, pues “requieren mucho presupuesto”.

Supongo que nadie había explicado a López Obrador la importancia del litio, factor clave en el cambio de matriz energética y del patrón tecnológico. Este mineral tiene muchos usos, entre ellos la producción de baterías para celulares y acumuladores para autos eléctricos.

Tales datos no pasaron desapercibidos para el senador morenista Alejandro Armenta, quien desde septiembre de 2020 presentó una iniciativa para nacionalizar los yacimientos de litio, acción que implica una modificación constitucional. A la fecha no hay dictamen pero Luego el interés presidencial en el litio se incrementó el pasado marzo a raíz de la visita a México del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien aseveró que uno de los motivos para el derrocamiento de Evo Morales fue su intención de “hacerse del control de las reservas bolivianas del mineral”. Aun cuando los yacimientos mexicanos no se comparan con los de Bolivia, tal aseveración debió retumbar en el oído de el peje.

Mientras tanto, las mineras han seguido trabajando con ardor... Por ejemplo, la inglesa Bacanora Lithium arrancó la construcción de su planta en Sonora con un costo de 420 millones de dólares para producir 17 mil 500 toneladas anuales de litio a partir de 2023. Eso, ¡claro!, si AMLO no decide otra cosa, pues recién expresó que la Secretaría de Economía estaba ya revisando la posibilidad de nacionalizar el mineral.

Suponiendo que los datos y proyecciones de la SE indiquen que la nacionalización del litio es conveniente para el país, mi duda, doctor Herrera Gutiérrez, es de dónde van a salir los recursos para indemnizar a los inversionistas mineros. Tenemos pagos pendientes por la cancelación del aeropuerto de Texcoco; a partir de 2021, el gobierno federal absorberá las amortizaciones de la deuda de PEMEX; la inversión privada cayó 18 por ciento; fueron abandonados tres millones de empleos y un millón de PYMES; ya se vació el Fondo de Contingencia y la deuda externa ronda el 65 por ciento del PIB.

Para calmar (¿?) un poco los ánimos el presidente ha dicho que “no queremos expropiar por expropiar”.

Y para ayudarle a él, vaya usted haciendo un guardadito, don Arturo, porque cuando a López Obrador se le mete algo en la cabeza…

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