Mariana y Angélica dejarán de estudiar en el Instituto Mier y Pesado, una institución que se olvidó de ellas, pero no dejó hostigar a sus padres para el pago de colegiaturas, pese a que sus progenitores se hicieron cargo de las labores que correspondían a los maestros en la guía de continuar con su enseñanza en línea cuando el virus SARS-CoV-2 apareció y detuvo el camino hacia el monumental plantel en una zona de alto poder adquisitivo, en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, pero que a sus cuidadores los dejó en una delgada línea del descenso hacia la baja de la economía familiar por haber perdido el trabajo.

Las hermanas Islas Portugal pertenecerán, a partir de septiembre, a la matrícula de la enseñanza básica pública. Irán en los próximos años a una primaria que pueda quedar cerca de su casa. Sin inglés ni clases de música. Se sienten tristes, y aún no digieren que tenga que ser así.

“La Fundación Mier y Pesado nos orilló a salir. Nunca se acercaron a nuestras niñas para dar seguimiento a las clases. Por WhatsApp nos enviaron 300 copias de trabajos escolares. Nunca pudimos hablar con los profesores para saber si de había cumplido con el objetivo de las 300 copias de tareas para cuatro meses”, dice Maricarmen Portugal que acepta dar su nombre sin miedo a represalias: “No las tiene que haber. Estoy queriendo que se sepa lo lucrativo de una fundación para con la educación en México en medio de una crisis”.

Es arquitecta. Su esposo se quedó sin trabajo, y es ella la que mantiene el orden de la casa, los gastos y la educación de las niñas. Una en segundo de primaria y la otra en sexto.

Aunado al silencio de los maestros para preguntar sobre dudas en las tareas escolares, Maricarmen estaba al tanto de los pagos que se venían: “el cobro de las colegiaturas que se hacían insoportables por recargos, cuando no dieron, en su momento, una línea de captura”, cuenta Maricarmen, madre de dos pequeñas que estudiaban en el instituto de la fundación, y en lo que coincide Samantha, otra madre de familia que le dice hasta aquí a la Fundación Mier y Pesado.

A ellas se une la tía de Priscila, quien como responsable de la niña, presentó una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por los abusos en el cobro de las colegiaturas. La autoridad les pidió no hacer ningún pago más “hasta no llegar a un acuerdo con ellos”.

Muestra que a la fecha de esta plática con Crónica lleva más de 18 mil pesos pagados y le exigen ahora casi dos mil pesos por otra colegiatura que no puede – dice– considerarse efectiva cuando no hay relación con la institución.

Norma cuenta que cuando quiso hacer el pago correspondiente a la Fundación Mier y Pesado por concepto de la colegiatura al mes de mayo no tuvo la línea de captura. Semanas después recibió un correo electrónico que le demandaba saldar los adeudos.

Al menos una veintena de padres de familia se encuentran en la misma situación en la Fundación Mier y Pesado.

“Muchos padres se quedaron sin trabajo, otros intentaron pagar, pero estaban mal las referencias bancarias (error del instituto), así que hubo quien no pagó desde marzo. Y el colegio, lejos de apoyar con algún trato o descuento, hizo cobros completos con recargos. Sin recibir servicio, solo un montón de tarea, sin asesoramiento alguno por parte de los profesores. Se supone que la SEP lo quiere minimizar con las clases en canales abierto, pero para todos fue una burla, esos programas no funcionaron, porque aunque desde el inicio de la pandemia pidieron que los vieran e hicieran las actividades, al final muchas escuelas y maestros optaron por dar las clases virtuales. De ahí no volvimos a saber de los maestros”, dice la mujer, de 45 años de edad.

En el próximo ciclo escolar, 2020-2021, la educación de nivel básico en el sistema público tendrá nuevos alumnos, aunque las cifras oficiales apenas comienzan a fluir, que migran de la educación privada.

Los padres advierten que la principal causa es que las instituciones educativas particulares dejaron ver su razón de ser: “El dinero, sin importarles realmente el derecho de los alumnos a la educación”.