De nuevo se quedó atorada en los meandros del congreso la Ley Nacional de Extinción de Dominio, formalmente por falta de acuerdos. Hay indicios, sin embargo, para suponer que se impuso la sensatez. O, que los promotores de esta norma pusieron el coco y se espantaron con él.

¿Por qué? Porque esa ley constituye una genuina carga de profundidad para la economía nacional toda, de la cual puede decirse, sin exageración, que por lo menos la mitad es susceptible de decomiso a favor del Estado.

Aumentaría el riesgo si en tal ordenamiento se plasmasen propuestas del PAN tan voluntariosas que parecen formuladas con intención deliberada de malograr el proyecto:

Que la acción de extinción “sea imprescriptible, a efecto de inhibir la posibilidad de legitimación de acervos patrimoniales derivados de ilicitud por el simple paso del tiempo, lo cual sería un imperdonable y cándido proceso de lavado de dinero”.

La posibilidad de “aplicación retrospectiva o retroactiva” de dicha acción “a efecto de que ésta se pueda aplicar incluso a conductas y hechos acaecidos de manera previa a la emisión de la legislación ulterior”.

Y, además, la “carga dinámica de la prueba”, de modo que quien sostenga el origen lícito del patrimonio de que se trate, esté obligado a acreditar su afirmación.

Sin ser una reforma constitucional, sino la reglamentación del 22 constitucional, la ley pudo haber sido aprobada por Morena y sus aliados desde diciembre pasado.

El presente período extraordinario de sesiones, que duraría cinco días, ya entró un receso de diez días y dejó en suspenso la polémica revocación de mandato presidencial, la ley de austeridad republicana y… la extinción de dominio.

La iniciativa fue promovida por Morena —la siguieron otras del PRD y el PAN—y planteada como prioritaria para el extraordinario. Mas, ¡vaya uno a saber!, si lo que hay es real falta de entendimiento o abandono del tema por los legisladores.

Aun para el más desprevenido de los observadores resulta claro que esa norma entrañaría un peligro descomunal, si se pretendiese y se tuviese capacidad de aplicarla con rigor y seriedad.

De no existir voluntad ni capacidad para hacerla valer, estaremos ante la concreción de la tan polémica amnistía general —económica, penal, administrativa, política—propuesta por el Jefe del Estado. ¡Viva el amor y paz!

A menos que uno crea que el único medio para adquirir bienes susceptibles de ser incautados es el dinero negro de la delincuencia organizada —en particular el narcotráfico—, la ley podría ser aplicable a muchas de las más grandes y en apariencia inmaculadas fortunas de nuestro país.

Tan sólo por lo que atañe al tráfico de drogas, de acuerdo con cifras de organismos internacionales, nuestro país recibe unos 30 mil millones de dólares al año, los cuales, rechinando de limpios por arte de birlibirloque, ingresan al circuito financiero para nutrir empresas enteramente legales.

Añádase el descomunal volumen de dinero producto de otras actividades abiertamente delictivas.

Y, también, la montaña de recursos derivados de actos de corrupción pública y privada, la cual ha forjado fortunas dizque impolutas, mismas que, la verdad sea dicha, esconden pecados capitales inconfesables.

¡Cómo que cuáles pecados! Evasión fiscal, tráfico de influencias, consecución de contratos mediante sobornos, devolución indebida de impuestos, peculado, prácticas monopólicas, compras del sector público a precios de oro, desincorporaciones a precios de regalo, entre un catálogo de delitos que abarca todo el Código Penal.

Puestas así las cosas, conviene a los legisladores que antes de darle luz verde a la veleidosa disposición legal consideren si está el gobierno en condiciones de probar el origen ilícito de una porción considerable de la economía nacional.

Y, luego, preguntarse si se tiene capacidad para decomisar, administrar y enajenar masivamente mansiones, ranchos, empresas de todo tipo, distribuidoras de autos, compañías de televisión, de telefonía, casas de cambio, bancos, camionetas de lujo, aeronaves, y toda suerte de bienes adquiridos con esos recursos malhabidos.

Por ejemplo, para mencionar un caso de actualidad, ¿podrá el gobierno demostrar el origen ilegal, y, por consiguiente, extinguir el dominio sobre bienes de Emilio Lozoya e integrantes del consejo de Administración de Pemex —Pedro Joaquín Coldwell, entre éstos— adquiridos gracias a las transas en la compra de plantas chatarra de fertilizantes?¿Pasará AHMSA a poder del Estado, ahora que —según afirma el gobierno de la 4T—, está probado que Alonso Ancira vendió a Pemex, con precios inflados, instalaciones que estaban más para la basura que para el patrimonio nacional?O, para retroceder en el calendario, ¿se extinguirá el dominio sobre bienes materiales derivados de intangibles como los actos políticos y de gobierno ejecutados desde la ilicitud por Felipe Calderón Hinojosa, de quien López Obrador, de modo reiterado, afirma, urbi et orbi, que se robó la Presidencia?

Y más atrás, ¿qué va a pasar con los bienes desincorporados hace más de tres décadas por efecto de un ejercicio de gobierno que —de nuevo, a decir del mandamás de turno—se hizo a la mala del timón del Estado.

El narcotráfico —a estas alturas lo saben hasta las piedras— es la principal expresión, el motor  del ciertamente muy diversificado crimen organizado. Constituye su principal fuente de financiamiento.

Esto es así debido a que las drogas son caras porque son ilegales y, por lo mismo, le confieren al narco y sus compinches una inconmensurable capacidad financiera.

Otro gallo cantaría si, vía la legalización que preconizan la titular de Segob y otros miembros del gobierno, las drogas se vendieran como cacahuates en las esquinas.

Que se vendieran no en 10 ni 100 ni 500 pesos la dosis, sino en uno o dos pesos. ¿Quién sería el valiente que se atrevería a comerciarlas con semejantes rangos de utilidad?

De cara a esta realidad, causó desanimo, el pasado lunes, ver a Olga Sánchez Cordero tomando el rábano por las hojas ante el pleno de senadores de Morena.

Pidió avalar la Ley de Extinción de Dominio dizque para “dotar al Estado de un sustento legal que pueda acabar con el crimen desde sus fuentes de financiamiento”.

No nos dejemos engañar. Si, de verdad, de eso se tratara, lo que debió hacer la titular de Gobernación fue solicitar respaldo para su propuesta de legalizar las drogas. La cual, por lo visto, ya está muerta y sepultada.

Sánchez Cordero y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se presentaron ante la bancada que coordina Ricardo Monreal inexplicablemente para apuntalar la consabida ley. Lástima.

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