La construcción en China, en sólo diez días, de un hospital provisional con mil camas para pacientes de coronavirus, ha causado en nuestro medio asombro, incredulidad y un derroche de ingenio: memes desopilantes, comentarios jocosos, caricaturas, comparaciones festivas… Cuando debería movernos a la reflexión, la evaluación de nuestra contrastante y triste realidad, y aun a la indignación.

El nosocomio Huochenshan —tal es su nombre— empezó a recibir el lunes pasado a los primeros infectados, mientras en México están parados o en lenta reanudación diversas obras públicas de similar dimensión iniciadas hace décadas. O, de plano abandonadas costosas edificaciones y engavetados proyectos que no han visto la luz en más de medio siglo. Para no hablar del del tren transístmico, ideado desde principios del siglo XIX.

Tan sólo en el sector salud, cuya indigencia se espera paliar con el producto de la rifa del escandalosamente oneroso avión presidencial, la presente administración heredó —de acuerdo con datos del secretario Jorge Alcocer Varela— 306 obras, estatales y federales, inconclusas. Incluidas 32 del IMSS y 20 del ISSSTE respecto a las cuales Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez buscan obrar el milagro de finalizarlas, con escaso presupuesto.

¡Hay que imaginar el volumen de dinero despilfarrado en millares de inmuebles malogrados o en obra negra, a lo largo y ancho de la geografía nacional!

Se trata de escuelas, reclusorios, carreteras, presas, ferrocarriles, casas de gobierno, sedes administrativas, museos, parques, teatros, mercados públicos y toda suerte de construcciones por lo visto emprendidas bajo la cínica divisa de “haz obra, que algo sobra”, e interrumpida luego por efecto de la corrupción, la incompetencia, la indolencia o la mezquindad y rivalidad política.

Todo ello, en la casi totalidad de los casos, sin que los responsables de semejante dilapidación hayan sido llamados a cuentas por el enorme daño infligido a las arcas públicas, y en últimas, al beneficio social que esas obras estaban destinadas.

Y sin que parezcan haberse percatado del despilfarro muchos de quienes legítimamente protestaron por la cancelación del aeropuerto de Texcoco —el NAIM— ni de quienes saturan los medios con comprensibles denuncias sobre falta de atención —medicamentos, instalaciones, cuidados— a niños con cáncer.

Frente a tan desastroso panorama se impone elevar, mediante una legislación específica, la punibilidad para gobernantes en casos de obras sin terminar, incluido el resarcimiento del perjuicio económico con cargo al patrimonio personal del servidor público de que se trate.

Sólo por esa vía se logrará evitar que muchas instalaciones se tornen obsoletas aun antes de ser concluidas, o que si son terminadas a tiempo su utilidad y seguridad acaben afectadas por errores de planeación, precariedad de materiales e imprevisiones de toda índole.

Instalaciones de las cuales son exasperantes botones de muestra, entre centenares, el Palacio Legislativo de San Lázaro, al lado del inacabado Palacio Judicial, la torre de Pemex, el INE, la sede del Senado…

Concluido hace una década para albergar senadores refractarios a sesionar en San Lázaro y cuyas oficinas de alquiler —la Torre Caballito, Gante, el edificio Azul— implicaba una montaña de oro, el inmueble de Reforma 135 entró en funcionamiento con graves fallas estructurales y de acabados, sin desagües y hasta con goteras.

Construcción senatorial aprobada y supervisada, en distintos momentos, entre otros, por Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Cevallos, Jesús Ortega, Francisco Labastida, Enrique Jackson, Francisco Arroyo.Lustros atrás, el INE (IFE) fue levantado sobre un terreno que representaba el pecado original de la corrupción. Se hallaba en litigio por precio de adquisición inflado entre los dirigentes del sindicato de Salud, Joel Ayala Almeida y Rafael Farrera. Pleito resuelto gracias a la providencial intervención del subsecretario de Gobernación, Beltrones, para la compra del inmueble por el gobierno al excesivo precio que requería el arreglo de la disputa sindical. Otro tanto puede decirse de la construcción en sí del complejo de Viaducto Tlalpan y Periférico.

Suman millares en el país los ejemplos de obras sin terminar o mal ejecutadas, con el consecuente perjuicio para la hacienda pública.

En agosto de 2018, a poco de su triunfo electoral, López Obrador visitó con Javier Corral, en Ciudad Juárez, el cascarón de un hospital de cancerología y especialidades que, de haber sido realidad, quizá habría sido también la envidia del hospital chino en cuya concreción laboraron día y noche 1,400 trabajadores. El inmueble juarense era un espejismo.

“Afuera tiene una fachada, es una escenografía, como si estuviera terminado; pero, adentro, es una obra negra”, dijo desde el umbral del edificio el candidato triunfante, y añadió: “Hay un cementerio de obras por todo el país”.

¡Lástima que junto con su revelación el tabasqueño también anticipó: “No se trata de buscar culpables, aunque los hay”!

No se requería imaginación para poder ver a los responsables de la burla y el inmenso gasto desternillándose de la risa.

En cualquier punto de país las obras arrumbadas constituyen ofensa y desencanto para la población; pero, más aún si se trata de los ámbitos de mayor necesidad, los estados más pobres. Por ejemplo, Oaxaca, donde una docena de empresas se apresta a reanudar los trabajos del ferrocarril transístmico.

Y donde suman decenas las obras suspendidas, abandonadas, a lo largo de las administraciones de Heladio Ramírez, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab, Ulises Ruiz y Gabino Cué. ¿Cuáles? Desde hospitales y presas en las regiones más pobres y remontadas hasta carreteras y líneas de Metrobús.

Baste mencionar la autopista a la costa —Huatulco y Puerto Escondido—, o las presas Paso Ancho y Paso de la Reina. Y el tendido jamás utilizado del proyecto de Metrobús en la capital del estado, boicoteado por el poderoso gremio camionero. O, en la propia Antigua Antequera los libramientos Norte y Sur, indispensables, urgentes, desde hace décadas.

Hay, pues, razones para tenerles envidia a los chinos en el campo de la obra pública; pero, por lo mismo, es apremiante legislar en la materia para castigar con rigor a los culpables de lo que sucede en nuestro entorno. A los responsables de echar por la alcantarilla el escaso presupuesto de la nación, el dinero de todos.

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