Si bien la pandemia que afecta al mundo no ha terminado, ya se pueden empezar a medir algunos de sus efectos sobre la economía, en el entendido de que todavía desconocemos si habrá más.

En el caso de México, la actividad económica se desplomó en 2020 y la recuperación es más lenta, incluso, de lo esperado por las autoridades. Durante el primer trimestre de 2021 el crecimiento fue nulo y, tras el rebote de la segunda mitad del año pasado, hemos vuelto a experimentar crecimiento negativo en algunos meses.

Pero el golpe a la economía de las familias es diferente, dependiendo de varios factores: sector económico, tipo de trabajo y región. Y lo que hace esto que, aunque todos vayamos a la baja, las desigualdades se magnifican. El sistema económico, dejado a su suerte por decisiones de política, reproduce sus distorsiones.

En esas condiciones, no es casual que, de acuerdo con datos dados a conocer recientemente por el Coneval, los estados que acumulan mayor rezago social en 2020 sean precisamente los más pobres: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

Un estudio sobre el tema, “Efectos de la pandemia por ingresos”, elaborado por Héctor Nájera y Curtis Huffman, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, da cuenta de algunos datos que deberían preocuparnos enormemente como sociedad. Y debieran ser un clamoroso llamado de atención al gobierno federal, que por desgracia suele estar sordo.

A fines de 2020, el ingreso laboral real (el poder adquisitivo de los ingresos por trabajo) estaba por debajo del existente en 2005. En otras palabras, la recuperación que había desde 2014 se vino abajo. Buena parte de los trabajos recuperados, tras la masacre en los primeros meses de la pandemia, tienen menores ingresos que los que se perdieron. Son apenas de supervivencia.

El porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria se volvió a disparar. También está por encima de los niveles de 2005. Tuvo un récord en el tercer trimestre del año pasado, con 44.5% de la población y ha bajado a 40.7%, que es una tasa similar a la de hace siete años. Aquí también, la tendencia a la recuperación, que se había acelerado en el primer año de gobierno de López Obrador, dio un vuelco, y el problema, aún después del rebote de la segunda mitad del 2020, es como en 2008, que fue cuando muchos mexicanos dejaron de tener lo suficiente. La pandemia -y la inacción del gobierno ante ella- tuvieron, en este ramo, el mismo efecto que las políticas del calderonismo.

Según los autores, si nos basamos en el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la pobreza por ingresos pasó, entre 2018 y 2020, del 49% al 56% de la población y la pobreza extrema por ingresos, pasó del 17% al 21%. Si nos basamos en el precio de la canasta alimentaria, la cosa es peor: tendríamos a 65% en pobreza y a 29% en pobreza extrema.

Acercando la lupa, se ve primero, que los cambios en la pobreza se dieron más en zonas rurales que en zonas altamente urbanas, y que hay una diferencia notable por regiones: mientras que en el norte, centro del país y Quintana Roo, la caída es de familias que no eran pobres y pasaron a serlo, en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla -las señaladas posteriormente por Coneval- la caída es de familias pobres que pasaron a la pobreza extrema.

Por sectores, trabajadores no calificados y operadores en servicios personales fueron quienes más pasaron a formar parte de los nuevos pobres; trabajadores de los sectores primarios -principalmente agricultura- fueron quienes más regresaron a la pobreza extrema. La población más calificada es la que pudo más o menos protegerse de los efectos económicos de la pandemia.

Finalmente, un dato que destaca la investigación del PUED es que la crisis pegó desproporcionadamente a las familias con hijos menores de edad. Eso es relevante porque suele tratarse de personas con cierta experiencia laboral, pero que también tienen expectativas de trabajar varios años más. Impacta en educación (y tiene qué ver con la alta deserción escolar), en generación de ingresos para pensiones (y futuras presiones sobre el fisco) y en la formalización de la economía (padres de familia pasan a la informalidad con tal de asegurar el sustento).

Lo que tenemos es resultado, sí, de la pandemia y de los efectos del cierre obligado de la economía. Pero también lo es de la rigidez y los fetiches presidenciales que determinan la política macroeconómica: ha habido una inacción suicida.

A López Obrador le preocupaban desde el principio, al hablar de macroeconomía, tres cosas: que no haya déficit, que no haya deuda y que el peso esté fuerte. Como panista de los años 80. Cambió radicalmente el panorama y el Presidente siguió en las mismas, dejando, como buen liberista, que cada quien se rascara con sus propias uñas.

Los resultados están a la vista. Y, con la economía de nuevo estancada, no habrá manera de que los apoyos directos discrecionales reviertan la situación de pobreza creciente. Son gotas de agua en el desierto.

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