Las primeras investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se fundaron en asentar mentiras de la entonces Procuraduría General de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto que utilizó la tortura física y sicológica para recrear hechos que no corresponden a lo que ocurrió realmente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Omar Gómez Trejo, titular de a Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, reiteró en un informe dado al presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, que uno de los lugares más emblemáticos donde han hallado evidencia para conocer dónde pudieron quedar restos de los 43 normalistas es en La Barranca de La Carnicería, en el ejido Cocula, Guerrero.

"Uno de los lugares donde más hemos encontrado evidencias es en La Barranca de La Carnicería, en el ejido Cocula, en el que en ocho mil metros lineales hemos encontrado 180 restos óseos, de los cuales se seleccionaron 22, para ser trasladados a la Universidad de Innsbruck (Austria), y que como resultado dieron identificaciones plenas e indubitables de Cristian Rodríguez Telumbre y Yoshivany Guerrero de la Cruz, que no presentan huellas de exposición al fuego, sino por haber estado siete años a la intemperie. Esto no sólo desvirtúa que todos fueron quemados en el basurero de Cocula, sino que pone de relieve de quienes operaron la verdad histórica, que nació", enfatizó Gómez Trejo, quien señaló que las autoridades de la PGR cometieron tortura y obtuvieron con mentiras pruebas para construir la llamada "verdad histórica con una empresa criminal".

Alejandro Encinas aseguró que en este caso se provocó una segunda desaparición por tratarse del ocultamiento de la información que debió procurar y resguardar la autoridad, por lo que a siete años de este hecho se quisiera ir más rápido en desvelar exactamente qué ocurrió a finales de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Omar Gómez Trejo indicó que tras siete años de este caso ha sido casi imposible lograr la identificación de los restos, pero el compromiso continúa con los familiares de los jóvenes desaparecidos.

Encinas se comprometió nuevamente con los padres de los jóvenes víctimas en concluir con la investigación hasta darles la información que esclarezca, por lo difícil que el resultado sea, el paradero de sus hijos.

En torno al caso hay 89 órdenes de aprehensión, tanto por lo que sucedido el 26 y 17 de septiembre de 2014, como por manipulación del caso. De esas, 40 están pendientes de ejecutar.

"Las pruebas que tenemos son muy claras. También es clave lo que se vaya haciendo con las nuevas que tenemos", dijo el fiscal especial.

Encinas puntualizó que hay un militar detenido por este caso, y habrá diversas personas más.

Ambos funcionarios aseguraron que la investigación continúa,

Omar Gómez Trejo reiteró que las pesquisas que se han pedido obtener, como señal de avance, es a partir desde que este gobierno retomó el tema hace dos años.

"El rompimiento del silencio ha sido determinante para tener la posibilidad del avance que se tiene. Y lo que ha tenido que ver también con personas que fueron torturados, pero se está limpiar o tratando de sanear con lo que hizo mal".