No hay lugar a dudas, las “mañaneras” son un espacio privilegiado del presidente López Obrador que le permiten reafirmar su agenda pública y promover su proyecto político. Es cierto que ahí se ofrece información gubernamental y se responde a las preguntas de algunos periodistas, pero, todo ello sirve para que el jefe del Ejecutivo opine y refuerce su postura sobre los distintos temas nacionales, abonando a su favor. El problema de este ejercicio inédito de comunicación directa del presidente con la opinión pública es que no sólo se comporta como jefe de gobierno, sino como jefe de su partido político, aunque insista en mantenerse alejado de los procesos internos de Morena. Su énfasis discursivo que divide al país en dos grandes polos: el pueblo que lo apoya y quienes se le oponen, hace que las conferencias matutinas estén marcadas por la desautorización y la confrontación con “los otros”, convirtiéndolas en un momento ampliado de campaña política, que desequilibra el terreno de la competencia.

En este contexto, ha sido muy debatida la resolución del INE del viernes pasado, que estableció que el presidente de la República y también los titulares de los tres niveles de gobierno deben abstenerse de emitir opiniones sobre las contiendas electorales (sobre los perfiles de los candidatos, las coaliciones de partidos, las plataformas electorales, etc.), a fin de mantener la imparcialidad de las autoridades y la equidad en la competencia; dos principios centrales de nuestro régimen político-electoral.

Para algunos comentaristas, este Acuerdo del INE es desproporcionado y resulta una forma de censura, porque limita la libertad de expresión y el debate público entre los diversos actores políticos y lo es. De hecho, tal disposición sería impensable en una democracia asentada que reivindica la pluralidad de las voces, independientemente de sus posiciones y cargos públicos, porque es parte del juego político entre quienes gobiernan y quieren mantenerse en el poder y quienes se lo disputan, desde la oposición.

Sin embargo, en nuestro país, la equidad en las contiendas se convirtió en un eje rector desde 1996, en que el artículo 41 constitucional estableció tanto fórmulas de financiamiento público de los partidos, como de acceso a medios de comunicación, con objeto de evitar las desproporciones que había tenido el terreno político durante la larga época del dominio de un solo partido. Pero, la equidad siguió siendo desafiada desde la máxima tribuna de la Presidencia y ello llevó a que los partidos de oposición impulsaran una reforma constitucional que regulara no sólo la distribución de los espacios en los medios electrónicos, sino los contenidos mismos de las intervenciones de los altos funcionarios. Fue así que la reforma constitucional de 2007 mandató a las autoridades públicas para que dejaran de emitir opiniones y tomar partido en asuntos electorales, como reacción a lo había hecho el ex presidente Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2006. Este mandato del artículo 134 constitucional obliga a la autoridad electoral a hacer valer dicho principio, aún cuando implique una limitación a la libertad de expresión de los altos funcionarios públicos, al interferir en el contenido de sus mensajes y pronunciamientos.

Esta no es la primera vez que el IFE/INE instruye a los titulares de los poderes ejecutivos para que no se comporten como actores en el juego político, sino que mantengan un comportamiento imparcial, ya que la norma ha estado vigente durante los últimos 14 años y la tentación de los presidentes y gobernadores de aprovechar sus cargos para influir en el ánimo de los ciudadanos está siempre presente. En el contexto actual de severa polarización política, la resolución del INE, adoptada para cumplir con una sentencia del Tribunal Electoral que le instruyó establecer parámetros claros para cumplir con los principios de imparcialidad y equidad, resulta particularmente problemática, debido al abierto protagonismo político del presidente López Obrador y a su declarado afán de desafiar a la autoridad de un organismo autónomo como el INE.

Seguramente, esta resolución será impugnada por el gobierno y su partido ante el TEPJF, que en el último año se ha mostrado abiertamente alineado a los intereses políticos del presidente López Obrador. Hay que recordar que, en diciembre pasado, revocó las medidas cautelares que emitió la Comisión de Quejas del INE para que el presidente de la República dejara de opinar sobre las estrategias electorales de partidos de oposición, obligando a la máxima autoridad del Consejo General a tomar la comentada resolución.

La gran interrogante que deja este episodio de confrontación es si el presidente López Obrador, acatará, a regañadientas, las decisiones del árbitro electoral, o si se mantendrá en su actitud desafiante, invocando el respaldo popular con el que todavía cuenta. Al final, lo que queda es un ambiente marcado por la desautorización presidencial del árbitro electoral con miras a desacreditar un posible resultado de las contiendas que le sea adverso, aunque ello erosione nuestra frágil institucionalidad democrática.