En los apuntes de la Consar, la segunda entrega publicada en la página web de ese órgano desconcentrado, la primera conclusión es que el esquema de cuentas individuales de la Ley de 1997 debe prevalecer, ya que comparado con el sistema reparto de la Ley de 1973, en el nuevo el apoyo gubernamental beneficia más a los trabajadores de bajos ingresos y si tiene viabilidad financiera.

Otra conclusión es que lo que urge modificar radicalmente es el mercado de trabajo y las reglas de mismo, para propiciar un aumento del empleo formal y con ello elevar los salarios reales con base en una mayor productividad. No basta incrementar el salario mínimo por decreto o como producto de la firma del T-MEC.

En ese sentido, la propuesta de incrementar la edad de retiro o el tiempo de cotización a los trabajadores de la Generación Afore (GA) no es recomendable, ya que no tiene efectos favorables en las finanzas públicas y, por lo contrario, desincentiva la generación del empleo formal y la consecuente incorporación al mismo. Imponer un costo adicional al trabajo vía un aumento en el pago de las contribuciones al salario es casi sinónimo de menos empleo. El alto costo de la seguridad social en el salario ha motivado la evasión y la subdeclaración.

Por otro lado, la pensión no contributiva, la llamada pensión de adultos mayores, que se ha ido expandiendo desde el año 2000, ha sido otro de los factores que favorecen a la informalidad del mercado de trabajo

Este tipo de transferencias a la población abierta si bien beneficia a los más pobres y marginados, también disminuye los incentivos a cotizar bajo el argumento equivocado de que “no conviene inscribirse al IMSS si obtengo una pensión sin hacerlo”.  Si bien no hay que eliminarla, si se debe universalizar con una estrategia muy bien definida a largo plazo y no como una política clientelar con tintes electoreros.

Evidentemente, hay que fortalecer los pilares solidarios del sistema pensionario para mejorar la vida de los adultos mayores. Esto no está en duda. La pregunta es: ¿cómo hacerlo sin crear incentivos a la informalidad en el empleo? Aún más, ¿cómo hacerlo generando incentivos para aumentar el empleo formal? La respuesta incorrecta es el incremento de las cuotas obrero-patronales, que es un camino equivocado.

¿El gobierno se atreverá a los cambios de fondo? ¿Cuál es el sentido de abrir el debate del sistema pensionario de la GA? ¿Sólo se pretende desprestigiar el sistema de pensiones de cuentas individuales para regresar al esquema de reparto, que tantos conflictos sociales está generando en Francia? ¿El propósito es quedarse con el ahorro de los trabajadores de la GA y con ello pagar las pensiones derivadas de la Ley de 1973? Los problemas presupuestales actuales, derivados de las pensiones que paga el gobierno por disposición de las leyes de seguridad social, serán mayores en la medida que el salario mínimo aumente por decreto.

Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.

En Francia, el sistema de reparto genera un gasto que representa el 12.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y las soluciones a esta crisis financiera no son viables políticamente, al grado que las propuestas gubernamentales provocaron una huelga general con altísimas pérdidas económicas. Los sindicatos de empresas públicas —principales beneficiarios del sistema parcializado— seguramente seguirán oponiéndose a cualquier reforma que afecte sus intereses y que disminuya el flujo de recursos presupuestales a sus agremiados.

Hay que recordar que en México el tema de las pensiones de los trabajadores de las entidades públicas todavía no está cerrado y tiene un peso importante en el presupuesto gubernamental. Hay que avanzar hacia la universalización y eliminar los regímenes especiales de cara al futuro, pero este tema no está relacionado con la GA.

El mérito de los apuntes de la Consar es llamar la atención sobre el tema, pero su enfoque es limitado y elude el que hoy nos afecta: el financiamiento de las pensiones de los sistemas de reparto que se pagan con presupuesto, es decir, con el dinero de todos.

La Consar abrió el debate, pero la pregunta sigue en el aire: ¿Para qué? ¿Para fortalecer o debilitar el sistema de Afores? Sólo el tiempo revelará las verdaderas intenciones. Las inconveniencias del sistema de reparto se superaron con las reformas de 1997 (IMSS) Y 2007 (ISSSTE), y los regímenes de jubilación de Pemex, CFE e IMSS se han ido modificando paulatinamente, pero todavía no es suficiente.

Francia está paralizada, sin tregua navideña. El transporte público en huelga. Piquetes de trabajadores bloqueando la circulación de autobuses en París y manifestaciones multitudinarias en contra de la reforma propuesta por el gobierno. El resultado de eludir por más de veinte años una reforma necesaria. Esto es producto de una política al estilo del avestruz o de querer prolongar el pasado, los esquemas del estado social del siglo XX, insostenibles financieramente.

En México, ¿la intención gubernamental es regresar al pasado, a un modelo afrancesado o llevar a cabo la segunda reforma de la seguridad social del siglo XXI con el fortalecimiento del pilar solidario en favor de los trabajadores de menores ingresos? 2020 es el momento para diseñar la estrategia de este sexenio en esta materia. Vale.

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