El Parlamento venezolano responsabilizó este martes al presidente Nicolás Maduro por las muertes, ­ocurridas este mes, de al menos cuatro niños que esperaban por un trasplante de médula ósea.

La comisión parlamentaria de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria publicó un informe en el que hablan sobre el fallecimiento, en un lapso de 20 días, de cuatro pacientes del hospital infantil J.M. de Los Ríos, el mayor de Venezuela, y cuyas edades estaban comprendidas entre los 6 y los 11 años.

Los menores contaban con medidas cautelares brindadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde febrero, debido al riesgo que corría su salud en vista de la escasez de fármacos que vive Venezuela y la decadencia de sus centros de salud.

“Entre dichas medidas se encontraba la exigencia al Estado venezolano de garantizar la vida, integridad personal y salud de los niños y niñas pacientes del J.M. de los Ríos mediante la proporción del tratamiento médico, la facilitación del acceso a los mismos y a los procedimientos quirúrgicos requeridos según los casos”, señala el escrito.

Armas, sí. El gobierno de Nicolás Maduro, que la semana pasada hizo una compra millonaria de ametralladoras, ha alegado que los daños que pudieran sufrir los niños tratados en el servicio de nefrología de ese hospital se deben a las restricciones financieras impuestas por otros países, como Estados Unidos, que consideran al chavismo un modelo autoritario.

En diciembre de 2018, se suspendió el convenio entre PDVSA y ATMO (Asociación para el Trasplante de Médula Ósea en Italia), el cual consistía en enviar a los niños a Europa para poder realizar el procedimiento. La suspensión responde a una deuda de Venezuela con el gobierno de Italia de varios millones de euros y que Caracas alega no poder pagar debido a las sanciones impuestas por EU.

Sin embargo, el Legislativo remarca que las sanciones fueron anunciadas en 2019 y desde el 2015 el sistema “estaba presentando fallas debido a la falta de insumos (materiales médicos) y las trabas burocráticas”.

Mientras tanto, ayer se conoció que en los últimos dos años han ­cerrado alrededor de 400 farmacias en Venezuela, como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país y de la escasez de medicinas.