Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa, tuvo protección policiaca durante varios meses. En octubre pasado su vivienda en el municipio de Actopan, Veracruz, fue balaceada en tres ocasiones y él recibió amenazas de muerte. Hace dos semanas la escolta que las autoridades del estado le habían asignado dejó de acompañarlo. La noche del viernes 2 de agosto fue acribillado junto a su domicilio.

Desde 2000 han sido asesinados por lo menos 131 periodistas en México. En el transcurso del gobierno actual, desde diciembre, los periodistas asesinados suman 14. La muerte de Celestino Ruiz había sido plenamente anunciada. A pesar de ello le retiraron la escolta que lo cuidaba. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quiso justificarse: “No podemos ponerle un policía a cada periodista”.

La semana pasada ocurrieron tres crímenes contra periodistas. El mismo 2 de agosto por la mañana Édgar Alberto Nava López fue ejecutado en un restaurante en la playa de Zihuatanejo, Guerrero. Era director de Reglamentos y Espectáculos en el municipio de Azueta pero además dirigía el portal de noticias La verdad de Zihuatanejo.

El martes 30 de julio en Zacatepec, Morelos, donde vivía con su familia, fue encontrado el cuerpo de Rogelio Barragán Pérez, director del muro de Facebook Guerrero al instante. Lo dejaron en la cajuela de su Volkswagen, maniatado y con huellas de tortura, a dos calles de su casa. Barragán tenía 47 años y, por motivos de seguridad, ya no firmaba sus artículos.

No tenemos un inventario completo de las agresiones a periodistas. Las amenazas no siempre son denunciadas, o las denuncias no se conocen. No hay coincidencia sobre los casos que deben considerarse como atentatorios al ejercicio del periodismo. Hasta este fin de semana el grupo Article 19 (A19) contabilizó diez crímenes en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. A ellos es posible añadir al menos cuatro homicidios más que no son mencionados por esa agrupación. La vida, los dichos e incluso los nombres de la mayor parte de los periodistas asesinados por lo general se olvidan pronto y no queda registro de ellos.

El 1 de diciembre de 2018 en un  cañaveral en Tepic, Nayarit, fue encontrado el cuerpo de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, director del portal Orión informativo que da amplia cobertura a asuntos policiacos. Márquez, además, fue candidato de Morena para regidor en Tuxpan. En enero de este año fueron detenidos tres funcionarios de la Dirección de Tránsito del estado señalados como culpables de ese homicidio. Al parecer les disgustaron algunas denuncias de Márquez Jiménez por hechos de corrupción.

El 20 de enero en Santa Rosalía, Baja California Sur, fue asesinado Rafael Murúa Manríquez, fundador de la radio comunitaria Radio Kashana 93.3 F y autor de una columna en el blog El organismo. Tenía 34 años. Desde junio de 2017 recibió  exigencias para que corrigiera una nota sobre un delincuente que estaba en prisión y para que escribiera contra la Secretaría de Marina. Murúa abandonó Santa Rosalía por un tiempo y pidió respaldo al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que es el organismo creado en 2012 como resultado de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Recibió un “botón de pánico” para pedir auxilio y le dijeron que colocarían cámaras de vigilancia en su casa pero, según otros periodistas, eso no ocurrió. La Procuraduría de Justicia de BCS detuvo a tres personas acusadas de ese asesinato.

Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, conocido como Chuchín, era conductor del programa Nuestra región, hoy que se transmitía dos veces al día en Oye 99.9 en Emiliano Zapata, Tabasco. Fue asesinado el 9 de febrero, cuando estaba por cumplir 56 años y se encontraba con otras personas en el restaurante de un hotel. Este caso no es reconocido por A19.

El 20 de febrero en Temoac, Morelos, fue baleado Samir Flores Soberanes. Murió poco después en el hospital a donde lo llevaron. Flores era fundador de Radio Amiltzinko 100.7 FM pero adquirió notoriedad cuando encabezó el rechazo de la comunidad de Amilcingo a la termoeléctrica en Huexca. Todo indica que se trata de un crimen político pero es difícil considerar que se debió a su desempeño como comunicador. Sin embargo se encuentra en la relación de A19.

El locutor sonorense Reynaldo López, de 42 años, fue asesinado el 16 febrero cuando manejaba su automóvil en Hermosillo. Lo acompañaba Carlos Cota, exreportero de Televisa Sonora, quien resultó con heridas graves. Les dispararon tres pistoleros. López se ocupaba sobre todo de asuntos deportivos. Horas después la Fiscalia de Sonora informó que “no es un ataque al ejercicio de la libertad de expresión, puesto que una de las líneas de investigación apunta a que pudiera estar relacionado a actividades ilícitas de personas cercanas a uno de los agredidos”. Días después fueron detenidas siete personas acusadas de participar en la emboscada. Entonces la fiscal estatal, Claudia Contreras, dijo que el atentado se debió a “una confusión, se descarta el ataque a la libertad de expresión y se continúa investigando”. Llama la atención esa insistencia para dictaminar que el crimen no estuvo vinculado con el ejercicio periodístico aunque la investigación seguía abierta. A19 no reporta ese caso.

Santiago Barroso Alfaro fue baleado el 16 de marzo afuera de su domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora. Tenía 48 años. Fue corresponsal de La Crónica de Baja California en esa población y conducía el programa Buenos días, San Luis. El año pasado abrió el sitio Red 653. Se ocupaba, sobre todo, de información policiaca. La fiscal de Sonora dijo el 22 de marzo que el crimen se debía a relaciones afectivas de Barroso y que había un detenido.

Omar Iván Camacho Mascareño, periodista deportivo en radio JL de Guamúchil, Sinaloa y editor del portal Évora Sport, tenía 35 años. Además era profesor de inglés. El 24 de marzo su cuerpo fue encontrado bajo un puente en una autopista en el municipio Salvador Alvarado. Al mes siguiente se informó que dos personas fueron detenidas como posibles responsables de ese crimen. Este caso no lo menciona A19.

Telésforo Santiago Enríquez fue emboscado y asesinado a balazos el 2 de mayo en San Agustín Loxicha, en Oaxaca. Dirigía la radio comunitaria Estéreo Cafetal y era miembro de la sección 22 del sindicato de maestros.

El 16 de mayo en Playa del Carmen, Quintana Roo, fue asesinado Francisco Romero Díaz, colaborador de Quintana Roo Hoy y editor del muro de Facebook Ocurrió aquí. En 2016, junto con el periodista Rubén Pat, fundó el portal Playa News. Pat fue asesinado el 24 de julio de 2018. Desde entonces Romero Díaz, conocido como el Ñaca Ñaca, tenía protección del Mecanismo federal. Durante dos meses radicó en la Ciudad de México pero decidió volver a Playa del Carmen. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que el periodista no cumplió con las reglas del Mecanismo y salió de su casa sin los dos escoltas que lo cuidaban.

Norma Sarabia Garduza, de 46 años, era corresponsal de Tabasco Hoy y otros diarios en Huimanguillo, Tabasco. La mataron el 12 de junio afuera de su casa. Había sido amenazada por policías municipales. Además de periodista era secretaria en una escuela y quería ser profesora; estudiaba en la Universidad Popular de La Chontalpa. Tenía un hijo de 15 años. Algunos de sus colegas consideran que el asesinato puede haber sido represalia por las notas que publicó acerca de robo de combustible en esa zona de Tabasco.

El 23 de junio, como resultado de las heridas que sufrió en un atentado cuatro días antes, murió Juan Escamilla Bautista, jefe de talleres de El Expreso de Ciudad Victoria. Este caso no es reportado por A19. Escamilla no era periodista pero en Tamaulipas el crimen ha sido denunciado por grupos de periodistas como un ataque a la prensa. En marzo de 2012 las instalaciones de El Expreso fueron atacadas con explosivos.

La mayoría de esos periodistas trabajaban aislados de las redacciones, como corresponsales de medios ubicados en otras ciudades o como operadores de sus propios medios digitales. Casi todos cubrían notas de corte policiaco. Eran especialmente vulnerables porque estaban en zonas de influencia de los grupos criminales.

En el sexenio del presidente Peña Nieto hubo 47 asesinatos de informadores. El actual gobierno no ha podido frenar esa escalada. El Mecanismo federal para protegerlos es ineficiente y le faltan recursos. El gobierno, ahora igual que antes, no es culpable de esas agresiones. Pero el discurso de desprecio a la prensa que despliega el presidente contribuye al contexto de inseguridad que perjudica a los periodistas.

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