Como esperaba, dadas las consignas e inmoralidades predominantes entre autoridades supuestamente encargadas de procurar justicia en el país, quedé vinculado a proceso por ser crítico de quien, desde el poder, convirtió en “reporteros” a quienes antes eran funcionarios públicos de medio pelo, publicistas o achichincles de políticos, legisladores o líderes partidistas para sembrar preguntas a modo en Palacio Nacional, desviar temas, hacer gestiones, susurrar dulzuras y distorsionar la conferencia mañanera. Todos, en el medio, sabemos su origen…

Mi postura siempre ha sido pública. La he retratado en diversos artículos en el diario La Crónica de Hoy. Lo he hecho de forma detallada, incluso incorporando frases espontáneas cuando, por ejemplo, cuestionábamos al presidente sobre la conveniencia financiera de paralizar el avión presidencial y alguno de los asistentes sembrados salía con la penosa pregunta: “¿Ha contemplado que la aeronave sea usada para pasear a los niños pobres del país?”… “No pregunten pendejadas”, solté de forma natural en aquella ocasión, y así lo describí en el texto.

He valorado el trabajo -porque estoy identificado con sus luchas- de reporteros con sentido social: Urbano, Sara, Claudia, Arturo… Y, en mis crónicas, haciendo uso pleno de mi libertad de expresión, he descrito como parte de una farsa a quienes han jugado ese papel. Lo he hecho de manera directa, convencido de la urgencia en México de un gremio periodístico mejor preparado, documentado, inclinado a la investigación y comprometido con la ciudadanía. Si ese es un delito, será un placer pagar.

Lo de las autoridades, no me extraña. ¿Qué se puede esperar de una Fiscalía en la cual he denunciado amenazas, levantones, secuestros y otras agresiones derivadas de mi actividad periodística y ha sido incompetente para realizar la investigación más básica? La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y su titular Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, son un adorno más en el irrisorio aparador del poder; un fiasco, a la luz de las miles de carpetas arrumbadas por sus pasillos, relacionadas con atropellos reales en contra de periodistas, y con los millones de recursos financieros, materiales y humanos utilizados para armar carpetas convenientes, basadas en simples chismes de lavadero.

Así ha sido en el presente caso: un ministerio público (Janet Chavarría Gutiérrez) incapaz durante la audiencia de hilar una frase congruente, trastabillante, balbuceante, presa de enredos e inconsistencias, pero, sin el mínimo sentido común, proclive a valorar invenciones, videos editados y testimonios a todas luces orquestados por quienes jamás debieran ser llamados reporteros.

Quienes me conocen, saben de mi fortaleza, sólo entendible por la tranquilidad de mi conciencia y por mi historial sin mancha -de ningún tipo- durante más de 20 años como reportero.

Aquí estoy, de pie, intacto y aferrado a mis convicciones personales, familiares y profesionales.

Lo ocurrido, no es un revés, sino una grandiosa oportunidad para -de una vez por todas- desnudar derroches, carencias y subordinaciones en el ámbito ministerial y judicial.

Una oportunidad para conocer quién está detrás de estos teatros, si el poder Ejecutivo u otros sectores políticos participan o no en la persecución de periodistas incómodos, alejados de la charlatanería favorable, y cuyo único ideal ha sido denunciar corruptelas, con la esperanza de acabar con simulaciones.

Una oportunidad para abrir la discusión pública sobre si algunos ejercicios vendidos como innovadores sirven a la transparencia y rendición de cuentas o son más bien actos de propaganda y manipulación. Y para determinar qué es el verdadero periodismo, cuáles son sus alcances y para qué debe servir en una sociedad cada vez más afectada por abusos e injusticias.

Por mi parte, seguiré saliendo a las calles y ejerciendo mi oficio de manera libre, responsable y crítica, destapando tropelías, soñando con mejores tiempos y siempre del lado de mi gente…