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Perú: Cómo la derecha se inmoló en una absurda crisis

SUICIDIO. Manuel Merino buscó durante más de un año sacar del poder a Martín Vizcarra, pero cuando lo logró, lo hizo con el 90% de la población en contra. Reprimió sus protestas, y ahora enfrenta hasta 35 años de cárcel por violación de los derechos humanos después de que la policía asesinara a dos jóvenes

Perú: Cómo la derecha se inmoló en una absurda crisis

Perú: Cómo la derecha se inmoló en una absurda crisis

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Manuel Merino se la tenía jurada a Martín Vizcarra. Lo odiaba a muerte, e hizo todo lo posible durante más de un año para apartarlo del poder. Hasta que lo logró. Pero poco imaginaba el derechista exlíder del Congreso y ahora efímero presidente que su ambición y obsesión personal se convertirían en su tumba política y quizás, personal.

Esta historia empezó hace dos años y medio, el 23 de marzo de 2018, cuando Vizcarra sucedió a Pedro Pablo Kuczynski como presidente peruano. Kuczynski, o PPK, había vencido dos años antes, y por un puñado de votos, a la populista Keiko Fujomori, hija del antiguo dictador Alberto Fujimori, pero el escándalo de sus lazos con la podrida constructora brasileña Odebrecht lo desterraron.

Su vicepresidente, Vizcarra, lo sucedió, y lo hizo con una gran visión política, pues dedico su mandato desde el inicio a implementar su discurso anticorrupción, que supo aplicar en medidas concretas. Medidas como la regulación del financiamiento de los partidos políticos, y la que fue seguramente la medida que encendió el conflicto: Los diputados perderían su inmunidad, y los investigados formalmente por corrupción no podrían presentarse a la reelección en las elecciones de abril de 2021.

Y es que de los 130 diputados del Congreso de Perú, 68 de ellos están ahora mismo investigados por corrupción, incluido el propio Manuel Merino. La ley de Vizcarra, naturalmente, representó un duro golpe para las ambiciones políticas de muchos, incluyendo buena parte de la oposición, con el Frente Popular de Keiko Fujimori –entonces encarcelada de manera preventiva por corrupción— al frente.

ENFRENTAMIENTO PERMANENTE

Después de múltiples polémicas, que llevaron el año pasado a Vizcarra a amenazar con adelantar las elecciones y, finalmente, a disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas, la oposición logró encontrar algunas acusaciones en su contra, y en octubre ya intentó destituirlo por un débil caso en el que su gobierno habría concedido contratos inexplicables a un cantante desconocido.

El caso no cuajó, pero esta vez, después de que medios publicaran que Vizcarra recibió, presuntamente, 630 mil dólares en sobornos para contratos ilícitos cuando era gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014, la moción de censura, o de vacancia, como le llaman en Perú, triunfó, con 105 votos a favor y 19 en contra. Merino, líder del Congreso, fue elegido automáticamente presidente en funciones del país.

Lo que siguió fue el mayor estallido de ira política que Perú ha vivido en décadas. Sondeos indicaban que el 90 por ciento de la población rechazaba la destitución de Vizcarra. Por un lado, porque el expresidente contaba con una aprobación popular del 57 por ciento, y por otro, sobre todo, porque el 90 por ciento veía absurda la destitución, especialmente, a falta de solo cinco meses para las elecciones del 11 de abril.

EL MURO DE LA REALIDAD

Merino vio cumplido su sueño de acabar con Vizcarra, pero a cambio sufrió la ira en las calles, donde durante seis noches cientos de miles de peruanos rechazaron su mandato interino y su gabinete provisional, conformado por derechistas, ultraderechistas y ultracatólicos.

Y lo que es todavía peor. Incapaz de entender rápidamente su grave error, Merino optó por la vía de la represión para retener el poder. El resultado: Dos jóvenes manifestantes asesinados este sábado en Lima por la policía: Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Otros dos, heridos de bala el jueves, y 44 más desaparecidos tras la marcha del sábado en la capital; de ellos, 2 siguen sin aparecer.

Finalmente, Merino renunció. Pero no tanto por la presión popular sino por la presión de su propio Congreso, que sí se asustó con las marchas multitudinarias y con la presión internacional, que exige justicia por la brutalidad policial, y ya le amenazaba con una moción de censura si no renunciaba inmediatamente.

Una semana después de su suicida toma de posesión, Merino se encuentra desaparecido, investigado por la fiscalía por violaciones de los derechos humanos –por los dos jóvenes asesinados—, lo que le podría costar hasta 35 años de cárcel, lo que sería en la práctica una cadena perpetua.

Por si esto no fuera suficiente, para disgusto de su gabinete ultra, el nuevo presidente será hoy un liberal, Francisco Sagasti, quien fue de los pocos que rechazó la destitución de Vizcarra, y que apoya el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y que juró su cargo -probablemente, por primera vez en la historia- por Perú, sin crucifijo y sin la biblia. Todo ello, a solo cinco meses de las elecciones.