La maldición constante del periodismo es el riesgo de decir mentiras. La premura por la primicia, la ausencia de rigor y la simple improvisación ocasionan resbalones y embustes hasta en los más escrupulosos medios de comunicación. Se dice a menudo que la diferencia entre un abogado, un médico y un periodista radica en que el primero manda sus errores a la cárcel, el segundo al panteón y el periodista los publica.

La mejor manera de advertir, atemperar y aclarar errores y distorsiones de la prensa es la existencia de un sistema mediático plural e independiente. Los errores de unos medios, en esa circunstancia, pueden ser señalados por otros. Las normas éticas, la legislación para sancionar calumnias en casos extremos, el derecho de réplica y la verificación de informaciones posiblemente falsas, son recursos que la sociedad tiene para nutrir su exigencia a los medios.

Lo que no puede admitir una sociedad democrática es que el gobierno se instituya a sí mismo como fiscal de la verdad en los medios de comunicación. Eso es lo que ahora pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tribunal de las noticias habilitado en Palacio Nacional ha incurrido en numerosas falsedades en el afán para exhibir a medios y periodistas que al presidente le disgustan. Si el gobierno quiere aclarar noticias publicadas en algún medio puede hacerlo a través de sus oficinas de prensa. Pero lo que hace el presidente no es rectificar informaciones sino desacreditar, incluso incurriendo en difamaciones, a periodistas que difunden hechos u opiniones que le resultan incómodos.

Al burlarse de periodistas y medios López Obrador incurre en un abuso de poder y los estigmatiza, exponiéndolos a posibles represalias. En un país que está involucionando a un hiper presidencialismo, con un partido de Estado que el titular del Ejecutivo controla personalmente y con simpatizantes entre quienes hay fanáticos que no reconocen razones sino arengas, las descalificaciones del presidente son amenazas contra los periodistas así vilipendiados.

El presidente emplea recursos públicos —la televisión oficial, entre otros— para desahogar sus enconos personales. Cuando él, o la joven de incierta trayectoria profesional a la que llevó para pontificar sobre periodismo, se burlan de periodistas que difundieron noticias que no le gustan al gobierno, o llegan al extremo de llamar a uno de ellos “el Pinocho de la semana”, emplean el poder político de manera facciosa.

Un gobierno con propósitos democráticos garantizaría la libertad de prensa y promovería el debate público. López Obrador hace todo lo contrario. La información sobre obras y decisiones públicas a menudo es reservada para evitar que sea conocida. El presidente es vocero de toda la administración pública, acaparando micrófonos y reflectores que les correspondería utilizar a otros funcionarios —ahora, por ejemplo, es el único que habla de la Línea 12 del Metro—. El gobierno, por otra parte, descuida la protección a informadores en riesgo: en lo que va de la actual gestión han sido asesinados al menos 20 periodistas, tres de ellos tan sólo en junio pasado.

El gobierno tiene obligación de explicar y aclarar informaciones que considera erróneas pero no tiene derecho a promover el linchamiento social de periodistas que le incomodan. El miércoles 30, en el espacio de noticias pretendidamente falsas, la asistente de López Obrador en esos temas, Ana Elizabeth García Vilchis, mencionó en dos ocasiones un informe del Instituto Reuters para decir que “México se encuentra en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde el año 2017, pasando de 55 al 43 por ciento”. Más tarde afirmó, como si anunciara una victoria del gobierno: “Los ciudadanos dejaron de creer en los medios de comunicación y los columnistas”.

Eso no dice la encuesta del Instituto Reuters. La pregunta cuyos resultados le interesaron a García Vilchis no se refiere a la confianza en los medios sino a las noticias que los ciudadanos reciben de diversas fuentes. En México esa confianza disminuyó de 55% en 2017 a 45% en 2020. Cuando la encuesta preguntó cuál es la fuente de información engañosa que les causa preocupación a los mexicanos el 50% dijo que el gobierno, los políticos y los partidos; 7% mencionó a grupos de activistas; 13% a personas comunes; 6% dijo que no le preocupa ninguno de esos actores y 9% consideró que las versiones falsas vienen de gobiernos o políticos extranjeros. Únicamente el 14% eligió mencionar a periodistas y medios de comunicación.

En su más reciente informe, en el apartado destinado a nuestro país que fue realizado por la profesora María Elena Gutiérrez Rentería de la Universidad Panamericana, Instituto Reuters explica: “Por encima de todos los problemas que enfrentan los medios en México —una sociedad polarizada, contracción económica, COVID-19— también hay frecuentes ataques de un presidente populista que acusa a los medios de una cobertura injusta y de corrupción. El presidente se está volviendo más popular y la gente confía menos en los medios”.

Si citara bien al Instituto Reuters la asistente presidencial tendría que decir que, de acuerdo con esa institución, el problema que más afecta a los medios es el propio López Obrador. Aun así, para el 14% de los mexicanos las noticias falsas son culpa de los periodistas y para el 50% son causadas por el gobierno y los políticos.

Los medios no están a salvo de equivocaciones. Pero no son rectificaciones sino falsedades las que, a propósito de ellos, se propalan desde Palacio Nacional.