El sainete alrededor de la prueba internacional PISA nos da muestra de muchos de los problemas que causa la idea de querer rehacerlo todo y luego no hacer nada. También debería servir para repensar la estrategia educativa, que requerirá de mucho más que buenas intenciones, si queremos formar ciudadanos más capaces y más capacitados.

PISA es un programa de la OCDE que evalúa cada tres años las capacidades de estudiantes de último año de secundaria para utilizar sus habilidades de lectura, matemáticas y conocimiento científico para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana. No es, en sentido estricto, un examen de conocimientos, sino de habilidades aplicadas.

La intención expresa de la prueba es, por supuesto, que, a partir de los resultados, autoridades y maestros ubiquen fortalezas y debilidades, para intentar mejorar las primeras y superar las segundas, mediante acciones de política educativa.

En el caso de México, en la reciente contrarreforma educativa desapareció el INEE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era el encargado de llevar a cabo la prueba, que se realiza en 187 países. Varias de las labores del INEE pasaron a una nueva institución, que se llama MEJOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación), un organismo descentralizado que es parte de lo que ahora se llama la Nueva Escuela Mexicana.

Tal vez enfrascado en otras labores (o quizá semidurmiente por razones de pandemia), MEJOREDU no tuvo el contacto necesario con la OCDE para explicar las razones por las que no se realizaría la prueba piloto para la evaluación internacional. De ello se enteró la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción, que puso el grito en el cielo, y se generó una ola de opinión pública que, por un lado expresaba una justificada preocupación porque México saliera de esta evaluación y, por el otro, alegaba que se trataba de una estratagema del gobierno para esconder unos resultados que sin duda serían muy malos.

Con una tardanza de dos días —tal vez esperando la Palabra en la mañanera—, se aclara que sí se realizará la prueba PISA en México, que MEJOREDU compartirá información y asesoría técnica para que la SEP la aplique, que habrá, ahora sí, trabajo de logística y que todo deberá hacerse cuando se regrese a clases presenciales.

En otras palabras, hubo una interesada confusión de ineptitud con mala fe, a partir de que la palabra “evaluación” adquirió una connotación negativa a partir de la reversión de la reforma educativa del sexenio pasado.

El gobierno de López Obrador puede perfectamente esquivar la publicación de previsibles malos resultados de la evaluación educativa. Además del argumento de la pandemia, es un hecho que los estudiantes de secundaria fueron formados en la que llama “época neoliberal”, a la que puede achacársele el resultado. Mientras más bajo, más fácil será superarlo en el futuro, mostrando las bondades de la Nueva Escuela Mexicana.

El problema no va por el lado de esconder datos. Va por una constante que vemos en muchas áreas, no sólo en educación: por rehacerlo todo, el gobierno no hizo nada. Venía un compromiso internacional encima, y cuando se dio cuenta, ya lo tenía en las narices.

Pero el sainete debe hacer que volteemos la vista a la situación de la educación y a las bondades y límites de esta famosa prueba. Dice bien Eduardo Backhoff, quien fuera presidente de la junta de gobierno del INEE: “los resultados no se usan para mejorar, sino para compararse con otros y echarse culpas”.

Para decirlo de otra manera: no ha habido políticas remediales ante los resultados, sino sólo golpes de pecho. “¡Miren qué buenos son los niños finlandeses en matemáticas!”.

El drama del asunto es que es muy difícil realizar estas políticas cuando la atención curricular está centralizada. En el pasado no se dejó espacio para iniciativas de los maestros ni de las entidades federativas. Ahora menos, cuando la consigna es concentrar el poder en las autoridades federales.

Esto, a su vez, está ligado con otro tipo de críticas que se han hecho a la prueba PISA. Que es estandarizada, y no toma en cuenta diferencias culturales; que provoca la búsqueda de cambios rápidos para subir en el ranking, en vez de transformaciones profundas en la educación; que tiene una lógica de empleabilidad más que de formación integral, etcétera.

Si el gobierno se tomara en serio la educación, buscaría al menos tres cosas: una es dar más peso al magisterio y a los gobiernos estatales en la atención curricular: que a los resultados correspondan respuestas desde abajo y en medio, en vez del consabido golpe de pecho desde la Federación; la segunda es contribuir a mejorar la prueba, con un grupo técnico que aborde sus limitaciones; la tercera, promover una evaluación nacional, realizada con independencia de la SEP y el gobierno.

Desgraciadamente, ninguna de las tres está en la mira: hoy privan la centralización, el aislacionismo y la fobia a las instituciones autónomas e independientes.

En cualquier caso, hay que dar respuesta a los problemas. En 1990 se realizó una encuesta nacional educativa. En ella, se vio que los estudiantes no tenían idea de la nueva gramática (probablemente porque tampoco la tenían los profesores). El resultado fue que se cambió el currículum. En matemáticas, la capacidad para hacer operaciones y cálculos no se traducía en la resolución de problemas (sabían sacar el 20% de 800, pero no sabían cuánto costaba una bici de precio original de $800 pero con 20% de descuento). El resultado fue que se hizo énfasis en ejemplos prácticos. En historia, sabían de hechos de concretos, pero eran incapaces de relacionar unos con otros: el pasado era un mazacote en el que niños y jóvenes no sabían que había sido antes y qué después: mucho menos, las consecuencias de un hecho sobre otro. El resultado fue que no se hizo nada y ahora están igual o peor.

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