En los gobiernos priistas y panistas, PMI Comercio Internacional, constituida como una compañía offshore en Holanda, se convirtió en el blanco de muchos cuestionamientos por su opacidad y administración como empresa privada, a pesar de operar con recursos de Pemex.

Se decía que PMI Comercio Internacional y todas sus subsidiarias eran compañías privadas y que, por lo tanto, no tenían que sujetarse a las leyes que norman, vigilan y sancionan el manejo de dinero propiedad del erario público o la adquisición de bienes o contratación de servicios.

A pesar de ello y, frente a la presión mediática y de la opinión pública, PMI publicaba de vez en vez reportes de gestión; en el informe 20-F de Pemex ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos se reportaba la lista de sus empresas (muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales) aunque sin desglosar al detalle sus finanzas. Incluso, la Secretaría de la Función Pública llegó a destituir y a inhabilitar a uno que otro de sus altos funcionarios, como Rocío Cárdenas Zubieta.

Al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, el exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya, comenzó el cierre de las empresas de PMI. Fue Pepe Toño quien lo hizo y no el gobierno del presidente López Obrador. En esta administración, José Manuel Carrera Panizzo, responsable de PMI, fue inhabilitado.

Por eso, llama la atención que ahora PMI siga funcionado como lo hacía antes. Si bien es cierto que el gobierno de la Cuarta Transformación ha dicho que PMI deberá —eventualmente—formar parte de la estructura de Pemex, hasta ahora todo en PMI sigue igual. Fueron recursos de las cuentas de PMI los que permitieron la compra de las pipas para hacer frente a la crisis del huachicol. No medió licitación. Era dinero de PMI.

La esperanza del gobierno lopezobradorista es que Pemex se recupere como el gran exportador de crudo. Por ello, sería relevante la congruencia respecto a la transparencia con la que debería administrarse el gigante PMI porque no sólo administra activos sino que genera varios negocios privados a la sombra de Pemex.

Uno de los servicios “privados” que PMI da a la petrolera es la comercialización de crudo. PMI es la oficina de ventas al extranjero de Pemex, pero opera como una compañía externa y, por ello, según documentos de esa operación en nuestro poder, cobra a Pemex el equivalente a cinco centavos de dólar por cada barril que se vende en los mercados internacionales. ¡Imagínese usted el negocio! Ahora sabemos, además, que desde octubre de 1998, PMI y Pemex Exploración y Producción (PEP) celebraron un contrato por tiempo indefinido de compra-venta de ciertas cuentas por cobrar presentes y futuras generadas por PEP y que corresponden a ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de PEP a la Compañía, con destino a ciertos clientes en Estados Unidos, Canadá y Aruba. P.M.I. Services B.V. El objetivo de estas operaciones ha sido “apoyar” a PEMEX en su captación de recursos. Los costos fueron “repercutidos a PEP”, según los estados financieros de Pemex.

El negocio de Pemex con PMI generó que sus auditores y los órganos de control observaran que la normatividad de PEP no le permitía este tipo de operaciones y, mucho menos, cubrir las comisiones que cobra PMI.

Fue motivo de consulta en las áreas de auditoría de Pemex. No sabemos, hasta ahora, cuál es el nivel de autoridades de PMI que lo mismo cobra por representar a Pemex ante sus clientes que por financiar cartera por cobrar o por realizar inspecciones a buques tanque subcontratando empresas certificadoras. PMI debería ya formar parte de Pemex y sujetarse a las reglas de transparencia de una compañía que rinde cuentas a los mexicanos.

DTA, el otro fondo. Usted se sorprenderá al leer que los recursos que se cobran al comercio exterior por el llamado Derecho de Trámite Aduanero se siguen considerando dinero privado gracias a una resolución en la Suprema Corte de Justicia. En diciembre pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que encabeza la matemática Raquel Buenrostro, adquirió una flota de unidades blindadas con dinero del Fideicomiso para Administrar la Contraspretación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado varias auditorías a este fideicomiso y ha observado falta de transparencia en su administración.claudiavillegas@revistafortuna.com.mx
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