Si las campañas electorales fueran sobre los asuntos centrales del país, y no ferias itinerantes de ocurrencias, frases pegajosas, desplantes y amenazas, la información que sobre pobreza laboral en México presenta Coneval hubiera caído como una bomba y sería uno de los grandes temas de discusión nacional.

Según el informe, la pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre 2021.

El aumento deriva de dos factores: uno es la caída promedio de ingresos por trabajo, cercana al 5%; el otro, el aumento en los precios de la canasta básica, que ronda el 4%.

El ingreso laboral per cápita cayó más entre los más pobres. El 20% más pobre, que son quienes viven en pobreza extrema vio reducido su ingreso por trabajo en 40%; el 20% siguiente, que también está en situación crítica, sufrió una disminución del 11%. Comparativamente, a las clases medias y alta no les fue tan mal: la caída es de 1.5% en términos reales.

¿Qué significa esto? Que la desigualdad del ingreso laboral creció de manera vertiginosa. Según el documento de Coneval, el índice de Gini pasó de .490 a .512, lo que coloca a México entre los países más desiguales en este índice.

Si nos vamos por regiones, la caída -si bien generalizada a nivel nacional- es más severa en la Ciudad de México y en las zonas del país más dependientes del turismo: Quintana Roo y Baja California Sur. Si es por densidad, la situación empeora más en la ciudad que en el campo. Si lo vemos por sexo, perdieron más las mujeres que los hombres. Y si nos fijamos en las etnias, los indígenas tienen ahora ingresos por trabajo que equivalen a menos de la mitad de lo que ganan los trabajadores no indígenas. Por edades, los más afectados fueron los jóvenes y los adultos mayores.

En otras palabras, por donde se le vea, el país ha ido para atrás en esta materia, que es la argamasa con la que se construyen las economías.

El contexto, por supuesto, está en los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la economía, y pega más por el lado del desempleo que por el de las disminuciones salariales. La mortandad de pequeñas y medianas empresas, a las que no se les lanzó ni una cuerda de salvamento, tiene mucho que ver en ello.

Si bien el salario mínimo creció, aumentó la población que, trabajando, gana menos que eso. Es casi la tercera parte. La mayoría de ellos, por supuesto, se sitúa en la economía informal. Pero hay que subrayar que muchos de estos trabajadores con ingresos ínfimos son de tiempo parcial (entre otras cosas, porque no han podido conseguir empleo de tiempo completo).

La masa salarial nacional disminuyó exactamente en el mismo porcentaje en el que subió la pobreza laboral: 3.8%. Esto significa un golpe para el mercado interno y para las posibilidades de recuperar el dinamismo económico en el mediano plazo.

A la caída dramática de los ingresos por trabajo se quiere contraponer, de parte del gobierno, la entrega de subsidios directos, “sin intermediarios” a distintos grupos sociales, estratégicamente considerados vulnerables. Estos subsidios, cuando se entregan, vienen de lo que el gobierno llama ahorros: es decir, de menos inversión y obra pública y menos dinero para rubros como educación, salud o deporte, así como los recortes de personal en las dependencias gubernamentales.

El problema es que se trata de un círculo perverso, porque la generación de recursos se hace a través del trabajo productivo, luego traducido en impuestos. Si hay menos trabajo, se generan presiones sobre el presupuesto público. En la medida en que disminuyen los ingresos laborales, se va secando la fuente con la que los gobiernos pretenden complementar los ingresos de los más pobres.

Así, al mismo tiempo que se genera una dependencia entre papá-gobierno e hijo-pueblo, se generan las condiciones para que ambos se vayan empobreciendo a lo largo del tiempo.

Pasan los años de gobierno y la retórica está cada vez más alejada de la realidad. El peso de la pandemia no hizo sino agravar de manera acelerada una situación que se estaba viviendo. La pobreza aumenta, en vez de disminuir. Con ella, también crece la desigualdad. La caída del ingreso laboral es 25 veces más grande entre los más pobres del país que entre la clase media y alta: los otros ingresos, los apoyos de gobierno, son incapaces de paliar esa diferencia.

Resulta por lo menos paradójico que en una situación económica y social de este tamaño, en pleno proceso electoral no haya habido quien subraye los peligros de este empobrecimiento colectivo, y la posibilidad de que se vuelva una espiral de la que luego sea complicado escapar.

Se entiende que no lo haya hecho Morena -que en cambio aprovecha la retórica y el aumento al salario mínimo-. Se entiende menos que no lo haya hecho la oposición. Ahí no sé si es porque los partidos de Va por México creen que es factible el imposible regreso a lo de antes (el salto de la sartén al fuego, y de regreso) o si porque están más interesados en una retórica general contra López Obrador. Tampoco sé si en Movimiento Ciudadano creen que les basta el énfasis en que no son ni lo uno ni lo otro. Más, si recordamos que muchos votantes de AMLO lo hicieron pensando en una sociedad menos desigual.

El 6 de junio elegiremos una nueva Cámara de Diputados, que definirá presupuestos y prioridades. ¿No era eso suficiente causa como para abordar el tema de la pobreza, la desigualdad y el mejor uso de los dineros públicos?

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