Opinión


Poder y Derecho

Poder y Derecho | La Crónica de Hoy

La discusión sobre la función social del Derecho a lo largo de la historia de la filosofía ha obtenido múltiples respuestas; se le ha considerado desde instrumento de dominación hasta mecanismo creador de la armonía social. Si partimos del principio de que el Derecho es creado por los órganos de poder político y, que éste a su vez se ve regulado por aquel, fácilmente podemos concluir que la producción del Derecho es resultado de las correlaciones de fuerzas políticas, y sus visiones de futuro, en determinada coyuntura. En consecuencia, el Derecho refleja sí, mecanismos de dominación y control del grupo en el poder predominante, pero a su vez derechos de la población, de distinta índole (políticos, sociales, étnicos, económicos, etc.). La producción del Derecho por el poder político al final de cuentas construye un pacto social que tiene como premisa básica la solución de las controversias y los conflictos pacíficamente, sin violencia, vía la aplicación del propio Derecho.

Por su parte, Josep Vilajosana, en Su texto “El Significado Político del Derecho”, considera que la identidad de los órdenes jurídicos es una función de la identidad de los regímenes políticos, de tal manera que, si se quiere conocer en realidad el alma y fibra de la coalición gobernante, debemos interpretar lo que expresa en las normas que crea, las que reforma y las que no toca, pues esas decisiones le imparten su esencia clasificatoria en el concierto internacional y, agregaría, su ubicación ideológica.

Lo anterior se convierte en una premisa básica si queremos aproximarnos a la comprensión de la coyuntura política mexicana y el papel que juega el Derecho en las tensiones con las políticas de la 4T. En casi tres años el actual gobierno ha promulgado catorce decretos de reformas constitucionales, lo cual ha implicado la modificación de un total de cincuenta artículos hasta el 11 de marzo de este año.

Las reformas podríamos aglutinarlas en tres grandes temas: seguridad y anticorrupción, social y político. Obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados no ha presentado mayores obstáculos, a excepción del intento de reformar el artículo 41 constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos políticos, tema en el que ni siquiera los aliados de Morena (PT, PES y PVEM) estuvieron de acuerdo.  La Cámara de Senadores representa un espacio de negociación diferente, porque Morena y sus aliados no logran la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Otro aspecto a resaltar es que la aprobación en los congresos locales no ha representado ningún sobresalto, porque Morena cuenta con la mayoría parlamentaria en más de la mitad de ellos.

Este escenario favorable para Morena con el fin de impulsar reformas constitucionales no ha estado exento de la instrumentación de una la estrategia de negociación parlamentaria.  Varias de las reformas no tienen su origen en una iniciativa presidencial o de Morena, lo cual le permitió al grupo parlamentario del partido predominante, de forma particular en el Senado de la República, obtener la mayoría calificada, de los dos tercios en cada Cámara del Congreso, requerida para la aprobación de las reformas constitucionales.

Hay que destacar que las reformas constitucionales no han sido dirigidas a la modificación del modelo de economía de mercado construido a lo largo de cuatro décadas, mermando las atribuciones del Estado en la rectoría del desarrollo nacional, y fue calificado como un “capitalismo de cuates”, lo cual se dio independientemente del partido gobernante.

De forma particular, las investigaciones sobre la corrupción en el anterior sexenio muestran los sofisticados mecanismos de saqueo de los recursos de la Nación y del erario llevado a cabo por funcionarios federales y estatales; además también han salido a flote la corrupción ligada a la delincuencia organizada. En el terreno donde se han tocado los intereses de los grandes grupos económicos es el fiscal, pero no por una reforma distributiva, sino por el ataque a la evasión impositiva; por esto son los que soterrada o abiertamente han realizado una campaña en contra del actual gobierno como si fuera el demonio anticapitalista. Lo cual es lo más lejano a la realidad.

Los enfrentamientos de la 4T se han dado en los terrenos político y de la reforma a la administración pública, donde los arietes han sido el combate a la corrupción y la austeridad republicana.

Las democracias maduras no se pueden concebir sin un Estado de Derecho sólido, el cual se sustenta en dos pilares fundamentales: la igualdad ante la ley y el principio de legalidad. Pero, si tomamos en consideración la afirmación de Josep Vilajosana, el andamiaje constitucional y legal vigente, la estructura formal del Estado de Derecho, es herencia del pasado y no refleja la nueva correlación de fuerzas existentes en el Sistema Político. Lo anterior se debe a que la 4T carece de una visión estratégica respecto a las transformaciones de fondo que deben realizarse a la estructura jurídica para edificar un Estado de Derecho que incluya nuevos paradigmas jurídicos. Lo cual se deriva de la precariedad programática de Morena para enfrentar y presentar alternativas de solución a la compleja problemática nacional y explica en alguna medida las acciones reactivas ante las controversias jurídicas.

Por otro lado, las tensiones entre política y Derecho en la actual gestión gubernamental se han dado, en buena medida, por la conveniencia, porque cuando al gobierno le favorecen las disposiciones legales prevalece una visión positivista radical decimonónica de que la ley tiene que cumplirse, porque la ley lo dice; en cambio, cuando esas disposiciones jurídicas no le favorecen se considera al Derecho como un conjunto de principios abstractos que no tienen aplicación en la realidad, por ir en contra de los intereses del pueblo, por ser injustas o inmorales.

Como claros ejemplos de estas disonancias jurídicas están los litigios sobre los salarios de los altos funcionarios de los organismos autónomos, el ataque mediático al INE, que sobrecalentó el ambiente político por la cancelación de registros a varios candidatos de Morena, de manera relevante a Felix Salgado Macedonio y Raúl Morón, y esta semana se pretende darle la vuelta a la Constitución por medio de una reforma legal para prorrogar dos años el tiempo de la presidencia de la Suprema Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura.

El intento gubernamental por recuperar algo de la rectoría del Estado en materia energética ha topado con la contención de la justicia federal y el presidente anuncia, inapropiadamente, como amenaza que se reformará la Constitución; lo cual es un dislate político y jurídico, pues él tiene la atribución, sin limitación alguna, de presentar proyectos de reformas constitucionales y legales. En este tema, tan caro para los mexicanos, lo lamentable es que no exista una estrategia que revise toda la arquitectura institucional y a su vez proponga alternativas para recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales. En este tema el PRD y Movimiento ciudadano votaron en contra de la reforma energética promovida por Peña Nieto, por eso son posibles aliados para lograr modificar la Constitución, pero la descalificación y la soberbia los ha distanciado de Morena.

Es legal y legítimo que la 4T intente modificar paradigmas que rigen el Estado de Derecho, pero la transformación tiene que llevarse a cabo respetando los procedimientos legales establecidos. Modificar leyes que contradicen la Constitución abonan el camino del conflicto político y de violación del propio Estado de Derecho, para transformar sus reglas es indispensable realizar modificaciones constitucionales, es la única forma de lograr cambios sin violencia, de otra manera se abona la ruta de la inestabilidad política y, eso, es jugar con fuego.

 

*Profesor UAM-I,

@jsc_santiago

 www.javiersantiagocastillo.com

 

 

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