Muchos mexicanos no aprecian la democracia. No saben qué es la democracia. Por esa razón no reaccionen ante la labor sistemática que AMLO realiza desde hace tres años para destruir nuestras instituciones democráticas.

El primer golpe contra la democracia lo dio al consumar su triunfo electoral. Ganó por mayoría, es cierto. Pero la mayoría de votos no le confirió ningún título de Representante del Pueblo. El “pueblo” es una abstracción, algo materialmente inexistente, un recurso retórico que le permite dividir a los mexicanos entre buenos y malos.

Estas a favor o en contra del pueblo. No más. En realidad, el presidente López Obrador no es “el representante del pueblo”, es sólo “un presidente que ganó por mayoría”, pero que tiene obligaciones no sólo con los que votaron a su favor, sino con los que votaron en contra y con los que no votaron. Su empleo consiste en “servir” a todos los ciudadanos de México. Obligación que no asume y que esquiva a cada momento.

Al tomar posesión, el presidente juró guardar lealtad a la Constitución, pero no respeta el orden jurídico. Lo importante, dice, no son las leyes, lo importante son los valores morales. “Si existe alguna duda entre acatar la ley o cumplir con la justicia –dijo a sus secretarios en su memorándum del 17 de abril de 2019--, no lo duden, la justicia es el valor supremo”.

En tanto “representante único del pueblo” AMLO piensa que tiene privilegios, que, a diferencia del ciudadano común, se puede poner por encima de la ley. Ese falso razonamiento le sirvió de sustento para ordenar a los legisladores que violaran la constitución y aprobaran el precepto, que le permitirá a Arturo Zaldívar prolongar su gestión como presidente de la SCJ.

La democracia es el único sistema político que permite tomar decisiones de gobierno a través del dialogo, los argumentos y el respeto recíproco. Desde su primera “mañanera” AMLO rechazó dialogar con las fuerzas opositoras o disidentes y las atacó cómplices de las “élites” que durante 40 años expoliaron a México.

Es decir, el presidente quitó toda legitimidad a aquellos que no piensan como él piensa. Su estrategia contra “los neoliberales y contra “los conservadores” no es sino un simulacro, una representación teatral, que él ha levantado para destruir el espacio público democrático fundado en razones y argumentos.

La democracia corre peligro. El equilibrio institucional del Estado Mexicano está roto. Por un lado, el presidente no respeta la autonomía de los poderes de la Unión y, por otro lado, eliminó la distancia que debe existir entre civiles y militares. Ha militarizado actividades que han sido históricamente realizadas por civiles y ha dispuesto –anticonstitucionalmente- que las fuerzas armadas se ocupen de la seguridad pública. En otras palabras, ha militarizado al país.

A esta serie de dislates habría que agregar los gravísimos errores que cometidos por el presidente en la gestión otras áreas como la educación, la salud, la economía, el medio ambiente, etc. Ha aplicado políticas absurdas que no tienen sustento en diagnósticos o estudios de planeación, sino que sólo se explican por la voluntad de poder del presidente. Los mexicanos –todos-- debemos actuar para detener esta obra destructora, antes de que sea demasiado tarde.