La Ley de Adquisiciones estipula que la licitación, es decir la competencia entre empresas para hacerse de un contrato con el gobierno federal, es el camino que debe seguirse como norma para garantizar que las dependencias públicas reciban el mejor precio/calidad en servicios o adquisiciones. Pero esto no es lo que está imperando entre quienes tienen contratos federales, sólo 2 de cada 10 proveedores de la Federación están ganando contratos (y pagos con recursos públicos) a través de licitaciones.

En 2019, un total de 45 mil 5 empresas de todo tipo vendió algo o prestó servicios al gobierno federal y, de entre ellas, 36 mil 893 lograron todos sus contratos a través de procedimientos que eludieron la licitación. Como se decía en la primera entrega de Crónica sobre este tema, lo que debería ser la norma se ha convertido en excepción y son los funcionarios federales, no la competencia, quienes están eligiendo a su libre albedrío a quién entregan los contratos.

Una forma en la que se elude la competencia abierta y pública, es el llamado método de “invitación a cuando menos tres personas”, es decir, restringir la competencia a sólo unas pocas empresas seleccionadas. Este procedimiento, que en ocasiones es presentado como si fuese mejor que la adjudicación directa, es también una excepción a la regla establecida por la Ley, tan es así que la norma es clara en señalar que las consecuencias quedan bajo responsabilidad de los funcionarios que deciden no licitar.

A mitad de año, cuando el bajo porcentaje de licitaciones se hacía evidente, el presidente AMLO fue cuestionado al respecto e indicó que “uno de los problemas comunes en las pasadas administraciones, es que se abría la licitación en apariencia, se descalificaba con argucias a los que no convenían y se le daba al que quería el gobierno”. La Función Pública, bajo la 4T, está a cargo del tema y ha indicado que la licitación será privilegiada.

Pero esta tarea está resultando difícil; por ahora, sólo 5 mil 218 proveedores de los 45 mil registrados en 2019 tuvieron un mayor número de contratos vía licitación, que adjudicaciones directas. Esas 5 mil 218 empresas son las únicas que están viviendo el espíritu de la Ley de Adquisiciones.

Entre las empresas que se han llevado contratos adjudicados directamente que equivalen a más de 2 millones pesos, destacan los grupos farmacéuticos con los que la 4T aún intenta llegar a convenios más favorables. En este caso, los derechos de las patentes imponen restricciones a la competencia entre empresas. Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo, Distribuidora de Equipo Médico e industrial, Sanofi y Laboratorios de Biológicos y Reactivos, Gilead Sciences y Glaxosmithkline están a la cabeza de los ingresos vía adjudicación directa. Pero debajo de ellos va la distribuidora de autos a las que Sedena compró pick ups para la Guardia Nacional. El Ejército tiene derecho a evitar los concursos si encuentra motivos de seguridad para hacerlo. Y después viene la empresa Toka, ya comentada en estas páginas ayer lunes, que proporciona tarjetas para distribución de prestaciones entre los trabajadores de una dependencia. Ése también fue motivo de adjudicaciones directas para Efectivales.

Después aparecen empresas beneficiadas con adjudicaciones directas de temas no sustantivos como agencias de viajes, proveedoras de agua y renta de instalaciones para Nacional Financiera (ahora Banco del Bienestar).

Una revisión a los contratos de las empresas que logran ser adjudicadas directamente por alguna dependencia, demuestra que esos mismos servicios son licitados en otros organismos federales.