Tras los señalamientos de irregularidades y amagos de impugnación ante la Corte, la mayoría de Morena  en el Senado y la oposición  no lograron acuerdos para la Ley  de Juicio Político y Declaración de Procedencia que se esperaba aprobar este jueves, por lo cual se decidió aplazar la discusión para el próximo lunes en espera de llegar a consensos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal confirmó que la minuta tendrá cambios, pero reconoció que idea es que esta ley no termine impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“ Hay posibilidades de cambiar la minuta y devolver o regresar la minuta a la Cámara de Diputados”, indicó

Uno de los puntos de diferendo es que  esta ley establece una nueva correlación de fuerzas en la sección instructora que pasaría de 4 a 5 integrantes con el argumento de impedir empates para un desafuero.

Sin embargo la oposición acusa una “chicanada” pues se pretende que Morena tenga esa mayoría con sus aliados y utilizarlo como presión o amago  para desaforar con cualquier pretexto a  gobernadores o legisladores que no cedan a sus pretensiones.

Monreal, rechazó que la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, constituya una venganza o persecución política contra gobernadores de oposición.

“No hay ninguna intención ni ninguna norma en todo el cuerpo normativo que pueda interpretarse como un instrumento de venganza o de persecución política contra un gobernador o servidor público que menciona la Constitución, que disponen de fuero. Está muy alejado de eso, más bien, es una ley que intenta ordenar todo el juicio político y la declaratoria de procedencia”, aseveró

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció que la oposición está muy sensible y parece lógico en un momento político como el que se vive.

“Debemos hacer hasta el último esfuerzo por llegar a acuerdos y consensos, nos dimos el tiempo de viernes, sábado y domingo a ver si lo logramos y el lunes discutirlo”, explicó

Otro de los desencuentro en esta Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, es la obligación que tendrán los Congresos Estatales para acatar el fallo que emita la Cámara de Diputados en materia de desafuero y juicio político; esto evitaría casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Por su parte la bancada de Acción Nacional reiteró que votarán en contra en caso de que la minuta se someta a la consideración del pleno en los términos en que la envió la colegisladora y, de ser el caso, interpondrán una acción de inconstitucionalidad.

“Con aquello que es la intromisión en la autonomía de los Estados o de los Congresos de los Estados, en donde se les pretende simplemente atar y si eso es así y no se arregla en la mesa que está trabajándose ahora, pues seguramente el voto del PAN junto parece previsible así será estaría en contra y desde luego se acudiría a una acción de inconstitucionalidad”, estableció el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementeria.