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Por huachiagua languidecen cuencas

La Conagua registra al menos 2 mil 280 explotaciones clandestinas de gran calado en mantos sobreexplotados. Sólo en Guanajuato hay 4 mil pozos irregulares. Robo prolifera por baja capacidad de inspección de autoridades, poca transparencia y penas leves, entre otras causas, revela estudio.

Por huachiagua languidecen cuencas | La Crónica de Hoy

La extracción clandestina de agua agrava la crisis en cuencas sobreexplotadas.

La crisis del agua no se ve, pero allí viene, tiene varios rostros donde la corrupción es la constante, y pasa por la extracción clandestina del líquido. En el territorio se detectaron al menos  dos mil 280 explotaciones de las aguas nacionales que extraen cantidades enormes sin los permisos y pagos correspondientes. No se trata de pozos, sino de conexiones de gran calado a alguna cuenca, muchas de ellas sobreexplotadas, según cifras de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Esta realidad, fue plasmada con datos en el estudio  Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?, de Ethos Laboratorio Políticas Públicas que realizó con base en solicitudes de transparencia a varias dependencias, entre ellas a la Conagua.

En Guanajuato,  entidad de dinamismo económico envidiado en el resto del país, proliferan  igualmente pozos clandestinos. Tan sólo en 2018, la Conagua estimó que existían alrededor de 4 mil pozos irregulares en el estado, lo que se hace más notorio porque este huachicoleo de agua afecta zonas de veda.

En el resto del país, la conexión ilegal a las redes municipales de agua potable en todos los estados de la República es una constante y, según el citado estudio, “la baja capacidad de inspección del gobierno, la poca transparencia, las penas leves, la ineficiencia administrativa y el uso recurrente de mecanismos para legalizar los pozos y conexiones clandestinas provocan que el líquido vital sea explotado al margen de la ley”.

El análisis realizado por los investigadores Cuauhtémoc Osorno, Rodrigo Bolaños y  Dalia Toledo revelan cómo se da la corrupción en el manejo del agua en México y quiénes están involucrados.

De acuerdo con los datos, en el 2013, del acuífero con mayor extracción ilegal, Pénjamo-Abasolo en Guanajuato, se extraían 11 mil 721 litros de agua por segundo. Del segundo acuífero más explotado (Cuauti­tlán-Pachuca, en el Valle del Estado de México), se extraían ilegalmente hasta 10 mil 749 litros cada segundo.

El problema de la extracción ilegal de agua se agudiza en zonas sobreexplotadas, pues dada la condición de los acuíferos, no se autorizan más concesiones en la zona.

De ahí la necesidad de contar con un mecanismo eficiente para transmitir los derechos entre usuarios. No obstante,  las deficiencias administrativas darían pie a la existencia del mercado negro del agua.

El estudio advierte que la  baja capacidad de inspección del gobierno, la poca transparencia, las penas bajas, la ineficiencia administrativa y el uso recurrente de mecanismos para legalizar los pozos y conexiones clandestinas provocan que el líquido sea explotado al margen de la ley.

De acuerdo con la analista en temas delictivos Vanda Felbab-Brown, el robo de agua se presenta cuando se extrae o usa el líquido violando alguna norma vigente. Éste puede presentarse en distintas formas, como la extracción del líquido por encima del nivel permitido, hasta la perforación de pozos sin licencia o la instalación de conexiones no autorizadas a la red de agua potable.

En México, para que una persona pueda abastecerse de agua debe obtener una concesión por parte de la Conagua para extraerla, en el caso de aguas nacionales del subsuelo o superficial, o bien, tramitar una conexión a la red municipal de agua potable, a cargo de los organismos operadores de agua. Todo esto pasa, por supuesto, por el pago del recurso.

Sin embargo, advierte la investigación de Ethos, los usuarios no siempre se conducen con apego a la legalidad, lo que da pie a la existencia de pozos o conexiones clandestinas. Incluso, de acuerdo con la Conagua, en 2013, el 13 por ciento del total de conductas violatorias de la Ley de Aguas Nacionales corresponden a personas o empresas que utilizan el agua sin concesión (Conagua, 2013).

HUACHIAGUA. En el estudio se establece que desde hace muchos años se hizo evidente que en Guanajuato es muy difícil obtener una concesión, ya que los acuíferos están en veda. Este pujante estado en términos económicos (y quizás por eso) es  de alta demanda del líquido entre el sector agrícola, lo que hace patente lo costoso y complejo de formalizar los pozos que utiliza dicho sector. Entonces, las prácticas por fuera de la ley se han generalizado.

De acuerdo con una estimación citada por el estudio referido, la regularización de un pozo requiere una serie de sobornos que oscilan entre los 17 mil pesos  y 112 mil pesos totales. Además el procedimiento es arriesgado debido a que dicho pago no es legal, por lo que muchos agricultores optan por no registrar sus pozos y seguir abiertamente en la clandestinidad.

Y a escala mayor, el problema también tiene su expresión: De acuerdo con el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, uno de los principales retos que enfrentan los organismos operadores de agua es el alto número de usuarios clandestinos.

Un indicador de eficiencia física mide la proporción de agua que llega a los usuarios finales registrados, del total enviado por el organismo operador de agua. Si el indicador no alcanza cien por ciento, es probable que existan fugas o tomas clandestinas.

Baja California es el estado donde existen menor número de fugas o tomas clandestinas, dado que su eficiencia física alcanza el valor máximo registrado de 83 por ciento, mientras que Yucatán es el estado donde existen más, al tener un valor mínimo de apenas 34 por ciento.

El promedio nacional es de 57 por ciento.

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