Opinión


Por un México ambientalmente sostenible

Por un México ambientalmente sostenible | La Crónica de Hoy

Reconociendo que en México la política ambiental ha avanzado gracias a la participación de la sociedad, pues desde la década de 1970 ha hecho planteamientos propositivos y trabajado de la mano con autoridades y comunidades en el terreno, 32 organizaciones de la sociedad civil presentaron propuestas al gobierno federal para el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2019–2024, con objeto de fortalecer la política ambiental.

[https://ceiba.org.mx/llamado-de-la-sociedad-comprometida-por-un-mexico-ambientalmente-sostenible/]

Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible. El Estado debe ser garante de la protección del patrimonio natural, para lo cual debe aplicar la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2030, que integra las responsabilidades de todos los sectores y debe implementarse, estableciendo los mecanismos colegiados de seguimiento y evaluación con la participación de la sociedad y la academia. Deben recuperarse capacidades de la Conanp y es indispensable fortalecer a la Conabio con suficientes recursos económicos. Hacen falta políticas para proteger la agrobiodiversidad (milenaria en el caso del maíz y otros cultivares mexicanos).

Bosques. Urge detener el avance del cambio de uso de suelo sobre la frontera forestal y alcanzar la deforestación cero, proteger y conservar los ecosistemas forestales bajo un enfoque de cuencas hidrográficas. El manejo forestal comunitario debe ser el eje central de la política forestal y recuperar los instrumentos de pagos por servicios ambientales, así como los espacios de participación social en la planeación del desarrollo forestal.

Costas, mares e islas. Se requiere configurar una política integral de protección y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas costeros y marinos. La Carta Nacional Pesquera debe actualizarse y aplicarse. Debe fortalecerse la protección y recuperación de los ecosistemas insulares, liberarlos de especies invasoras. La participación de la sociedad, las comunidades locales y las academias es indispensable para insertar a México en la economía azul.

Agua y cuencas hídricas. Debe asegurarse el derecho humano al agua y a un ambiente sano libre de contaminación. El agua es un elemento transversal para el desarrollo y el bienestar y así debiera ser asumido de manera coordinada por los diferentes sectores, por lo que deben fortalecerse los mecanismos de planeación territorial y la extracción de este recurso debe limitarse según las capacidades de renovación de cuerpos de agua y acuíferos.

Energía. Es urgente acelerar la transición energética hacia la descarbonización, alinear la política energética a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y centrar el desarrollo en fuentes renovables de energía (no fósiles), particularmente la solar, el aprovechamiento de bioresiduos e incluir la de corrientes oceánicas y gradiente térmico de mares y vientos.

Megaproyectos. Los proyectos de gran envergadura producen impactos ambientales más significativos, por lo que, bajo ninguna justificación, deben realizarse sin aplicar estrictamente todos y cada uno de los procedimientos e instrumentos legales en vigor, particularmente el principio del consentimiento previo, libre e informado de los ciudadanos potencialmente afectados. Deben fortalecerse los instrumentos de desarrollo territorial (particularmente el ordenamiento ecológico) y de planeación del desarrollo.

Residuos. Deben desarrollarse capacidades de manejo integral de residuos bajo el enfoque de la economía circular, a fin de limitar el consumo de recursos finitos y minimizar la emisión de desechos inutilizables o contaminantes. El potencial térmico de los residuos orgánicos debe aprovecharse como fuente de energía. El Estado debe cumplir los compromisos adoptados desde 1988 para la regulación de las sustancias químicas en nuestro país.

Fortalecimiento institucional. No hay verdadera política ambiental si no hay coordinación transversal efectiva entre todos los sectores y dependencias gubernamentales. Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, humanas y presupuestales de la Semarnat (que entre 2015 y 2019 se redujo 60%). Fortalecer, asimismo, a la Profepa, eliminar la fragmentación de atribuciones (como es el caso con la ASEA, la CNA y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca), para que la Profepa concentre estas funciones y avanzar efectivamente hacia un verdadero Estado de derecho en materia de justicia ambiental.

Cambio climático. México debe cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, para lo cual es indispensable acelerar acciones en la ruta de la descarbonización (mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero) y desarrollar capacidades de adaptación en seguridad hídrica, alimentaria y energética, urbana y de infraestructuras, bajo un enfoque de preservación y fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. La Estrategia Nacional de Cambio Climático debe especial atención a los estudios de vulnerabilidad y estrategias sectoriales de adaptación.

 

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