Opinión


Porque puedo lo hago. Baja California.

 Porque puedo lo hago. Baja California. | La Crónica de Hoy

Carl Schmitt, un constitucionalista alemán antiliberal de los años treinta del siglo pasado, en su clásico libro “Teoría de la Constitución” describe los rasgos fundamentales de un Estado liberal que consisten en los límites al poder y al voluntarismo de la mayoría o del pueblo.

Frente a ese modelo liberal de dominación política, el jurista alemán propone un constitucionalismo fundado en el soberano, que en el mundo moderno es el pueblo, quien a través de un líder, que se asume como vocero del mismo, lleva adelante el destino de una Nación sin acotamiento alguno a su poder.

Desde la perspectiva schmittiana, no hay división de poderes, sino una distinción de funciones que se atribuyen a distintos órganos del Estado, pero el poder soberano es único e indivisible y pertenece a quien es capaz de imponerse en un momento de excepción. Este discurso legitima la dictadura y manda a un segundo plano a los tribunales que deben ser meros operadores jurídicos a favor de los intereses del pueblo y no de una justicia abstracta basada en los derechos humanos.

Esta concepción del ejercicio del poder subordina la legalidad, los derechos humanos, las autonomías institucionales, comunitarias o individuales y la democracia a la voluntad del Pueblo soberano expresado en aquellos que son capaces de imponer al resto de los ciudadanos de un Estado su visión de futuro y su proyecto de Nación.

Hoy, el Congreso de Baja California, que es representativo, político y legítimo conforme al ordenamiento vigente, demuestra que el Estado de derecho pasa a un segundo plano y lo que importa es la voluntad del Pueblo de ese estado libre y soberano. Porque se cambia el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla de 2 a 5 años, simple y llanamente, porque podemos hacerlo y no hay obstáculo político real que lo impida.

El Presidente de la República en una neutralidad cómplice. Incluso ya no encontraba (aparición milagrosa) la declaración firmada en la que se comprometía a no reelegirse, solicitada por el INAI. La Secretaria de Gobernación —que se escuda en su condición de jubilada (exministra) para mandar un mensaje cantinflesco (no vale la pena jurídicamente reproducirlo)—, el Congreso de la Unión se pronuncian sin consecuencias efectivas y la oposición se alista a iniciar una estrategia jurídica que, previsiblemente, será poco efectiva (controversia constitucional desechada), ya que requiere de una mayoría calificada de 8 ministros que, en las condiciones de la actual integración de la SCJN proclive a la 4T y que comienza con una controversia no admitida, se ve complicada de lograr.

Los columnistas nacionales destacan el reto de Baja California a la Federación, pero es una “pelea” constitucional arreglada. Amador Rodríguez Lozano, jurista interesado por el cargo futuro ofrecido y, por lo tanto, activo defensor de la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local, recurre al argumento de la soberanía estatal.

La idea fuerza de Rodríguez Lozano es: aquí mandamos los que somos mayoría en Baja California y no hay razonamiento jurídico mayor que la inviolabilidad de la voluntad popular. Estamos reivindicando un derecho atropellado en 2014 con la reforma constitucional que estableció el periodo de dos años para la gubernatura electa el pasado 2 de junio de este año. Además, las elecciones cuestan ¿para qué hacerlas en el 2021?

El fondo es un poder democrático, hay que señalarlo, actuando por encima del orden jurídico. La Constitución y las leyes, para los defensores de la modificación constitucional, dejan de ser las garantías del derecho y lo que digan los jueces es antidemocrático y elitista. Lo que importa es quien tiene el poder de imponerse en un momento de conflicto o de crisis.

En este sentido, Baja California se nos presenta como un experimento para aquello que puede suceder en el futuro. El Estado Nacional centralista puede decidir a través del vocero del Pueblo que seis años no son suficientes para consolidar la 4T y, con base en que se trata de una decisión soberana y democrática, proponer la reelección inmediata. ¿Cuántos senadores de oposición resistirían la oportunidad de ser parte de este gran proyecto nacional?

Éste es un momento clave para la política nacional. La posición pública que se asuma frente a esta violación evidente y burda del Estado de derecho marcará el alineamiento de los partidos y personajes políticos. No es menor la fingida neutralidad presidencial ni el torpe lavado de manos de la Secretaria de Gobernación.

La fuerza ciudadana expresada en julio del 2018 en las urnas debe hacerse sentir a través de sus representantes y defender el respeto al estado de derecho como principio básico de la convivencia armónica. Un poder democrático auténtico es un poder limitado por el derecho. Un poder mayoritario sin límites es una tiranía disfrazada.

 

 

 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

cmatutegonzalez@gmail.com

Facebook.com/cmatutegonzalez

Twitter @cmatutegonzalez

www.carlosmatute.com.mx

 

Comentarios:

Destacado:

LO MÁS LEÍDO

+ -