El pasado 11 de diciembre el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó el informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación 2019. Es importante repasar las líneas principales del informe dada la centralidad que tiene la aplicación de la justicia en toda sociedad, y dado el pesado fardo de injusticias que aun carga nuestro país.

El Poder Judicial es un pilar fundamental de nuestro diseño constitucional; es uno de los tres poderes de la Unión y desempeña una tarea cardinal: la impartición de justicia en que se finca la paz social, pues sin justicia no hay convivencia pacífica concebible. Tiene, además, las delicadas tareas que, como órgano de control constitucional, asumió la SCJN hace 25 años.

Llama la atención la franqueza, y crudeza, con la que el Ministro Zaldívar denuncia los vicios que se arrastran en ese poder del Estado y que lastiman su legitimidad. Es un discurso muy alejado del tradicional informe autocomplaciente.

Se denuncia, por ejemplo, que el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo que no hizo sino recrudecerse en años recientes. Como se sabe el nepotismo impide condiciones de igualdad para el acceso y promoción en el servicio público, además del consabido conflicto de interés.

También asume que existen lastimosos casos de corrupción que perpetúan el círculo vicioso del crimen y la violencia. Dice que: “Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines”.

Otro señalamiento importante de su discurso es la admisión de que el Poder Judicial no ha logrado construir una relación de confianza con la ciudadanía mexicana. Admite que los jueces son frecuentemente percibidos como miembros de una élite a la que protegen y preservan, denegando justicia a aquellos grupos a quienes históricamente les ha sido vedada. Cito: “el Poder Judicial requiere, a través de su trabajo, gozar de una legitimidad social que derive de su autoridad moral y de su respetabilidad”.

Es sin duda gratificante que, desde la más alta posición de ese poder del Estado, se haga una admisión pública de vicios y fallas en la impartición de justicia. Se agradece, aún más, que el informe se ocupe de hacernos saber las acciones que se han emprendido para paliarlos.

El Ministro Zaldívar informó que, a partir de su elección como presidente, el pasado 2 de enero, ha emprendido un proceso de autorreforma que busca sacar de las filas del Poder Judicial a los malos servidores públicos, a los corruptos, a los mediocres, así como a quienes entienden esa investidura como privilegio y no como servicio, y que se debe rendir cuentas de su actuar.

Para combatir el nepotismo se ha iniciado la transformación de fondo de las políticas públicas en materia de carrera judicial, en particular se ha modificado la reglamentación relativa a la reincorporación, adscripción y readscripción de magistrados de circuito y jueces de distrito. La instrumentación de esa política ha resultado en 569 movimientos; 98 de éstos se han dado por causa de nepotismo. Las readscripciones y suspensiones que se han llevado a cabo (como en el caso del circuito judicial de Jalisco) han permitido avanzar en las investigaciones y en la desarticulación de redes de influencia.

En el combate a la corrupción, el Ministro Presidente informó que han adoptado una política de cero tolerancia. Se ha sancionado, en 16 casos, a quienes se ha podido probar culpables de irregularidades patrimoniales y a quienes buscaban obtener beneficios de las partes en juicio. En cuanto a responsabilidad penal, el propio Poder Judicial presentó cuatro denuncias ante la Fiscalia General de la República en contra de Magistrados de Circuito; en uno de los casos el responsable ya se encuentra en prisión preventiva.

En cuanto al perfil de los jueces se han instrumentado mejoras en los procesos de reclutamientos y selección; se ha avanzado, también, en los procesos de mejoramiento a la capacitación del personal del Poder Judicial.

En materia de género se implementaron dos concursos de oposición dirigidos exclusivamente a mujeres, mismos que concluyeron con el nombramiento de 25 nuevas Juezas de Distrito y 13 Magistradas de Circuito. Cabe agregar que se destituyó e inhabilitó por diez años a un juez federal en Jalisco por hostigamiento sexual y laboral.

Llama la atención el reconocimento de que un adecuado funcionamiento administrativo (eficiente y austero) es crucial para el cumplimiento de las funciones sustantivas del Poder Judicial. El Ministro Zaldivar informa que se generaron ahorros por 2 mil 600 millones de pesos que se destinaron a proyectos estratégicos dirigidos a fortalecer la función judicial.

El informe del Magistrado también se ocupa del fortalecimiento de nuestro entramado constitucional, que descansa en los tres Poderes de la Unión, al hacer un llamado al Poder Legislativo para que, con base en una propuesta emanada del Poder Judicial, se adopten reformas legales que aporten profundidad, estabilidad y continuidad al proceso que se ha emprendido.

El informe, que hemos reseñado es sin duda alentador en la medida en que consigna acciones específicas para transformar, para bien, ese Poder del Estado;  como bien señala: “Un Poder Judicial fuerte e independiente es esencial para una democracia sustantiva”. Las acciones positivas que se reflejan en el informe son, también, una obligada referencia para la indispensable y urgente transformación de los poderes del Estado y, desde luego, para otros organismos de carácter autónomo, el INE y el INAI, entre ellos.

Rodolfo Torres

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