Sostiene el Presidente López Obrador que no estigmatiza a los periodistas, ni se refiere a ellos con un lenguaje infamante, sino que ha sido respetuoso aun de los más opuestos a él, los más groseros, los que más calumnian e insultan, y se ufana de que ahora hay en nuestro país libertades plenas. Es una verdad a medias. O, mejor, una mentira completa.

Ni el más obcecado de los contradictores del Jefe del Ejecutivo podría negar que, en efecto, la libertad de expresión es absoluta.

Y que basta con abrir un periódico o escuchar la radio y ver la televisión —no hablemos de las redes sociales—para constatar que, ciertamente, se llega incluso a la calumnia y el insulto a la institución presidencial.

Reconocida esta realidad, vale señalar que hasta los más desprevenidos observadores han podido percatarse de que nuestro Presidente, haciendo tabla rasa, a los periodistas no los baja de venales, de haber estado al servicio del poder y fungido como agentes de una guerra sucia en contra de él.

Las generalizaciones, ya se sabe, son odiosas; pero a la propensión de emplearlas no escapa el tabasqueño, quien —debe admitirse, sin embargo— señala una realidad histórica comprobable en las hemerotecas, imposible de negar.

Llevado por semejante rencor e invadido de paranoia, suele emprenderla contra medios y periodistas, conduciendo de ese modo su gobierno por una senda de intolerancia y confrontación que a nadie conviene, por más que se diga que la tensión prensa-gobierno es expresión propia de la democracia.

Con sus arrebatos López Obrador se muestra impolítico y rencoroso, aquejado de hipermnesia, esa imposibilidad de olvidar. Pero periodistas y medios tampoco parecen dispuestos a pasar la página, y en forma cotidiana lo confrontan con buenas y malas artes.

Si bien es cierto que debe sospecharse de periodistas que cultivan amistades entrañables con el poder, también lo es que la actual rivalidad en modo alguno beneficia a la sociedad.

Menos puede beneficiar tal hostilidad en la presente coyuntura. En el huracán de la chismografía de las redes, que induce a los ciudadanos buscar información seria, útil, veraz, de calidad, en los medios tradicionales, y del acoso del gobierno de Donald Trump, que se frota las manos para intervenir en nuestro país al estilo americano.

Por si fuera poco, en el epicentro de la información distorsionada y la opinión prejuiciada de poderosos periódicos y canales gringos, glorificados por el cine; pero, a final de cuentas, defensores del supremacismo de su gobierno, su economía, su país y su destino: América para los americanos.

Así, fue factible esta semana leer editoriales como el del The Wall Street Journal, tundiendo la 4T y azuzando a su despreciable mandatario intervenir militarmente en México, so pretexto del caso LeBarón, para regocijo de polkos y ciertos periodistas admiradores del alcance, la influencia, calidad y pretendida objetividad de la prensa estadunidense.

Ya escaló alto el pleito prensa-AMLO. No se requiere ser espectador muy atento para darse cuenta del consecuente manipuleo que experimenta la información gubernamental, particularmente la presidencial, ya no sólo en el periódico tildado de fifí al inicio del gobierno sino en la mayoría de medios convencionales.

Enfoques sesgados al amparo de discutibles líneas editoriales, primacía de lo anecdótico sobre lo sustancial, sordina a programas públicos —a menos que sea para combatirlos—, aplicación para hallar lapsus, deslices, yerros, exabruptos, pifias, y en no pocos casos, abierta tergiversación...

Franca deformación hubo —por ejemplo— en la difusión de declaraciones de Olga Sánchez Cordero, supuestamente pillada dándole su aval en la trastienda a Jaime Bonilla, dizque traicionando sus enfáticas consideraciones de sólo días atrás.

Hasta las piedras pudieron percatarse —está videograbado— de que la titular de la Segob se vanaglorió ante Bonilla de haber sorteado, sin dificultades, un flojo interrogatorio reporteril: “Me preguntaron si es legal, y les dije que sí, sí es legal…”.

¿Puede alguien sostener que fue ilegal la toma de posesión del abusivo gobernador bajacaliforniano, si la ley aplicable está vigente aunque sujeta a valoración de la Corte? ¿No fue esto lo que adujo con claridad la ex ministra?

Se impuso empero la intencional mala interpretación, y, sin pudor alguno, le fue colgado a la funcionaria el sambenito de hipócrita y mentirosa.

Ajenos a un acercamiento honesto a la realidad, algunos medios informaron con indisimulable predisposición sobre el operativo en Culiacán. Lo hicieron con ansiedad de informar rápido en lugar de informar bien, y les reportó dividendos de diversa índole la estratagema.

Acosado por los medios, el gabinete de seguridad perdió su espíritu de cuerpo, admitió supuestos errores, se enredó en explicaciones… y encalló en la descomunal imprudencia del Jefe del Estado —parapetado en la puerilidad de que su pecho no es bodega—, revelando nombres de militares en situación de riesgo.

Similares presiones de la prensa se dejaron sentir en el enfrentamiento entre militares y civiles armados, con saldo de 14 muertos, en Guerrero, a mediados de octubre, y en la emboscada a policías, con saldo de 13 muertos, en Michoacán.

Y torcedura de la realidad ha habido, bien por incompetencia, animadversión o estrategia, en el manejo de la información sobre la tragedia de la familia LeBarón.

Botón de muestra. Julián LeBarón fue el primer integrante de esa dinastía en hacer declaraciones públicas y desde el primer momento dijo que pudo tratarse no de un ataque directo, sino de una confusión. “Acaba de llamarme el secretario Alfonso Durazo y así se lo dije", declaró a la radio.

Apenas minutos después el funcionario informó de su conversación con el activista y expuso que, a decir de Julián, pudo haberse tratado de una confusión.

Sólo con mala fe se pudo soslayar que la palabra confusión fue originalmente pronunciada por Julián LeBarón, no por el secretario de Seguridad. Pero los titulares de prensa no dejaron lugar a la duda: “Afirma Durazo que fue confusión”.

Convertida la paparrucha en bola de nieve arrastró a políticos, funcionarios y aun integrantes de la familia masacrada, hasta que cobró carta de naturalización. El sonorense tuvo que apechugar con una expresión que no fue suya y el gobierno paga un costo político tan alto como injusto.

Suele atacar con rudeza el Presidente a los comunicadores. Con el agravante de que tropieza con la lengua al tratar de precisar sus ideas.

Esta semana desempolvó un dicho agraviante por donde se mire, por más que su aplicación pueda parecer atinada en ciertos casos: “le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, dijo a reporteros.

Al intentar explica la cita dijo que no era su propósito igualar a los periodistas con ningún animal. “Además, le tengo hasta respeto a los animales, a los perros…Pero, no era esa la idea.”. Menos mal.

Resulta, pues, falaz el Presidente al pretender posar de demócrata cabal, respetuoso del periodismo, cuando le cuesta trabajo ser sólo tolerante.

Así y todo, en modo alguno cabe hacerle el caldo gordo a la coalición variopinta de ONG de defensa de la libertad de expresión, cuya representante, Silvia Chocarro, pretendió comprometerlo a no usar un lenguaje estigmatizante del ejercicio periodístico.

Es tiempo de envainar alfanjes en la relación prensa-gobierno sólo que sin intromisiones no solicitadas.

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