Del presupuesto federal para 2020 se desprende, creo que con bastante claridad, el concepto de economía que tiene el presidente López Obrador. En ese sentido, su libro recién publicado apenas es un complemento.

La primera prioridad de López Obrador no es el crecimiento, sino la distribución paliativa. Y no está pensando en una distribución del ingreso a partir de un nuevo acuerdo social, que otorgue más al salario frente al capital, sino en distribución del dinero a través de apoyos directos. El gasto social entra sólo de manera lateral, y con notables lagunas, como se ha visto en el sector salud.

La intención es disminuir el índice de Gini —que es el indicador conocido mundialmente para medir la desigualdad— a través de los apoyos y subsidios, no de manera estructural. En otras palabras, corregir la mala distribución del ingreso después, sin cambiar el punto de partida.

Tampoco busca hacer un cambio profundo en  esa desigualdad, porque ello implicaría llevar a cabo una reforma fiscal, que es algo que no está ni en su programa ni en su perspectiva de gobierno. Tampoco ha mostrado mayor interés en incorporar a la formalidad el largo tramo de economía informal que existe.

En resumen, los apoyos están limitados porque los ingresos del Estado están limitados, más allá de todos los pequeños —y a veces costosos— ahorros que puedan sumarse.

De hecho, el castigo presupuestal al agro —si bien tiene el acierto de no destinar recursos a grupos de interés— apunta a repetir, seis décadas después, los mecanismos “estabilizadores” que empobrecieron al campo mexicano, expulsaron a millones hacia las ciudades y generaron los mayores índices de desigualdad social en la historia de México, porque este país era más desigual en 1963 que en 2018 o que en 1910. La diferencia es que ahora, en las ciudades, no hay la demanda masiva de mano de obra barata que había cuando López Obrador era niño.

El poco interés por el crecimiento se refleja en las previsiones de inversión pública. Hay unos cuantos proyectos importantes, que pueden tener relevancia regional, pero en términos generales, estamos con niveles de inversión pública similares a los de los años 40. No hay, pues, la capacidad de que, a través de obras de infraestructura, el gasto público sirva como locomotora, genere condiciones para que también haya inversión privada, promueva en serio el empleo y jale el resto de la economía.

En ese sentido, el gobierno de López Obrador es mucho más del “dejar hacer y dejar pasar” de los fanáticos del mercado y mucho menos del Estado interventor en la economía.

El problema está en que las condiciones, a nivel nacional y mundial, apuntan a que el sector privado no se hará cargo por sí solo de grandes inversiones en el futuro próximo. En otras palabras: el estancamiento seguirá. Pero eso, aun con su cauda de pocas oportunidades de empleo productivo, parece no importar.

Tan es así el asunto, que el gobierno de López Obrador se ha puesto como objetivo tener finanzas públicas con un superávit primario de 1%. No sólo quiere evitar el gasto deficitario, sino gastar menos de lo que ingresa. Hay, incluso, quien aplaude los subejercicios. Eso puede sonar maravilloso en los oídos del FMI, pero el hecho es que, en una situación de estancamiento económico, es mejor invertir los recursos en obras que presumirlos como ahorro.

Hay dos sectores que, repetidamente, no han estado entre las prioridades del gasto. Uno es el relativo al medio ambiente. Es evidente que en este tema, el Presidente circula con placas de los años 70. En vez de estar pensando en un desarrollo innovador, con energías limpias, tiene en su mente el papel que otrora jugaran Pemex y, en menor medida, la CFE, como puntales del desarrollo industrializador. Con el problema de que el país ya está industrializado, pero con industrias tradicionales, que a menudo basan su competitividad en la baratura de la mano de obra. La lógica extractivista en pleno.

El otro no es un sector propiamente dicho, pero está claro que a este gobierno no le simpatizan las entidades autónomas. Todas, desde la Fiscalía General de la República hasta el INE, han sufrido recortes severos en su presupuesto. Aquí, al parecer, el tema es político: soltar los menos recursos posibles a instituciones que puedan de alguna manera acotar el poder del gobierno central. Todo ello, sin importar el papel toral que puedan jugar para la procuración de justicia, la organización de elecciones equitativas y democráticas, la medición de la pobreza o la regulación de las grandes empresas de telecomunicaciones. En ese sentido, juega, en primer lugar, por consolidar el poder. Pero, tal vez sin saberlo, también juega a favor del capitalismo salvaje.

López Obrador cree que está superando los sofismas del antiguo modelo económico. Sólo en algunos puntos lo hace. En casi todo lo demás, y el presupuesto sirve como muestra, los está repitiendo.

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