Luisa Mussot López*

Carlos Aguilar Astorga**

Ángel Mundo López***

En la segunda semana de diciembre del año 2019, la UAM con la participación de sus diversas sedes llevó a cabo los Conversatorios Foros Sectoriales 2019-2024, en los cuales se discutieron variados temas relacionados con las necesidades de atención del gobierno de la denominada 4T; uno de ellos correspondió a los programas de desarrollo social que impulsa la presente administración.

Desde que en el año de 1983 se promulgó la Ley de Planeación, se han venido realizando diversos esfuerzos para establecer mecanismos institucionales que permitan mejorar la planeación, dotarla de ciertos parámetros que posibiliten la obtención de mejores resultados, así como la racionalización de los recursos. En los últimos años, la introducción de mecanismos como la Matriz de Marco Lógico, el presupuesto basado en resultados o el presupuesto base cero, han intentado superar una lógica inercial de un presidencialismo fuerte, e impulsar a la administración pública a realizar ejercicios mucho más precisos, eficaces y eficientes.

El cambio de administración en el año 2018, obvió muchos de estos parámetros, ejemplo de ello es la promulgación del PND que, a diferencia de los elaborados por administraciones previas, adolece de algunos de los criterios especificados en la Ley referida, omitiendo el cumplimiento formal de su estructura. Por añadidura, durante el año 2019, la mayor parte de los programas sociales operaron con lineamientos de operación, que, a diferencia de las reglas de operación (RO), no se encuentran “reguladas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como en la Ley General de Mejora Regulatoria y además, año con año, su regulación se plasma en el Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación (DPEF)”. Además, los Lineamientos “no son sometidos a la aprobación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer), no cuentan con una metodología, procedimientos, manuales, formatos, convenios, convocatorias ni criterios de selección de beneficiarios” (http://bit.do/fwtLZ). La falta de regulación de éstos puede ocasionar omisiones importantes que pueden obstaculizar la implementación o la evaluación de los programas, tal y como se analizó en otros espacios (http://bit.do/fwypS y http://bit.do/fwysa).

Críticas de este tipo surgieron en el Conversatorio, pero se vieron contrapesadas por opiniones que resaltaron que los preceptos de la anterior planeación obedecían a los postulados de mercado de la Nueva Gestión Pública (NGP), lo que confirió a la Administración Pública (AP) un cariz gerencialista; esto es, un esquema positivista, lineal, que daba más certidumbre a los presupuestos que a la superación de los problemas públicos. No obstante, la actual administración, con su fuerte desapego a los ordenamientos que guían la planeación, aplicación y evaluación, parece revivir lo más anquilosado de las últimas décadas, sustentado en un discurso de cambio que podría evidenciar un desprecio por todo aquello que forma parte de hacer eficiente al aparato administrativo, como si éste, por sí mismo, fuese el problema que hace prosperar, entre otras cosas, la corrupción. Los recortes presupuestales para operar la aplicación de la política de austeridad (republicana) muestran parte de ese desprecio, además de que reducen el margen de maniobra del control presupuestal.

Desde la perspectiva de los panelistas, los programas de transferencias monetarias se han convertido en una vía que re-centraliza el poder. Las acciones emprendidas por el actual jefe del Ejecutivo delegan el poder a la Secretaría de Hacienda, quien, finalmente atribuye a los Oficiales Mayores la autorización de los presupuestos en los distintos ministerios o secretarías. Esto podría parecer un asunto aislado que obedece a meros ajustes de poder, sin embargo, lo que aquí interesa destacar es cómo esa concentración de poder afecta directamente al funcionamiento de los programas sociales; las actuales debilidades en la planeación se relacionan directamente con una centralización de la toma de decisiones, ya que el diseño de los programas se realiza desde la presidencia de la República (enfoque top-down), una tendencia que impacta la planeación a nivel estatal, como sucede en la ciudad de México.

Por otro lado, la preeminencia de la Secretaría de Hacienda y los recortes presupuestales no permiten percibir el deslinde que se pretende establecer entre la nueva administración y el seguimiento de los postulados de la economía neoliberal. La falta de reivindicación de lo público sobre lo privado es una severa ausencia que en la práctica se materializa en casos como las Orquestas Azteca en Baja California y el Teletón; ejemplos que ponen de manifiesto que para un gobierno que ha decretado el fin del neoliberalismo vale la pena alimentar con dinero público algunas instancias privadas.

Otro de los déficits en la actual administración es el de la participación: es bien sabido que en política pública estaba siendo un asunto dirigido a las clases medias, sin que los beneficiarios fueran considerados más que como agentes receptivos y pasivos. Parte de ese rezago se venía subsanando con el trabajo de muchas organizaciones civiles; no obstante, el nuevo gobierno, al considerar que toda la sociedad civil es homogénea y abusiva, ha provocado el alumbramiento de su fin asociativo por la imposición de los recortes presupuestales; mucho del apoyo financiero a dichas organizaciones, por el cual sobrevivían, era su única fuente de sostenimiento, por tanto, debe reivindicarse su presencia en el espacio público con la finalidad de cubrir los déficits de las acciones por parte del gobierno, así como por su su importancia para mejorar el diseño, la implementación y evaluación de los programas sociales.

Asimismo, frente al quiebre de la hegemonía de la NGP, habrá que posicionar otras perspectivas específicas y discutirlas de manera estratégica, tal es el caso de hacer realmente válido el enfoque de DDHH, que aunque ya estaba inserto discursivamente, tiene que operarse para hacerlo efectivo tanto en la planeación como en la presupuestación.

Es plausible el esquema por el que apuesta el Ejecutivo, sosteniendo un discurso contra la corrupción y las minorías privilegiadas, no obstante, es necesario ser crítico, pero sobre todo, propositivo con la formulación de propuestas concretas sobre los elementos, metodologías y contenidos de nuevos esquemas de planeación y presupuestación. Dicho de manera sucinta, el gobierno no ha señalado ni precisado aun claramente cuál es el enfoque de gestión con el cual pretende lograr sus cometidos.

Algunos otros temas propuestos que ofrecen una veta de análisis en varios niveles son los siguientes: a) la hechura de las políticas y su orientación en medio de relaciones de poder donde los actores semiautónomos querrán controlar elementos que escapan a su ámbito de influencia; b) el papel de la universidad como formador de profesionistas en medio de reajustes internos, intra e inter organizacionales; c) el papel de los derechos humanos (DDHH); d) el componente fiscal como determinante en los presupuestos, y de éste sobre los programas; e) la transparencia presupuestal (que no rendición de cuentas); entre algunas otros más.

En este sentido, la UAM continuará realizando diversos procesos de discusión para analizar los déficits y proponer alternativas de solución.

*Profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM

**Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la UAM

***Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana