La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para eliminar el uso de dinero en efectivo en el sector público y así evitar posibles delitos asociados con actos de corrupción, desviación de recursos e incluso para fines electorales; éstos, cuando se ejecuta el gasto público.

En la propuesta para reformar diversos artículos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se busca establecer la obligación de que los pagos se realicen única y exclusivamente por medios electrónicos o cheques nominativos no negociables y que quede prohibido el uso de dinero en efectivo de los recursos públicos federales.

Asimismo, todos aquellos programas que otorguen subsidios directos a beneficiarios deberán sujetarse obligatoriamente a reglas de operación y se sancionará, en los términos de las disposiciones aplicables, a los servidores públicos que realicen pagos por medio dinero en efectivo.

El secretario de la comisión de Hacienda en San Lázaro, Carlos Alberto Valenzuela González advierte que el anonimato en las transacciones, la rápida capacidad para transformar el dinero, el difícil rastreo del mismo, y la facilidad para trasladar los recursos a instituciones financieras en el extranjero que limitan la posibilidad de acreditar ese delito, hacen necesario endurecer las medidas para evitar corrupción y desvío  de recursos.

El secretario de la comisión Carlos Alberto Valenzuela González  alertó que estos actos se pueden cometer en los diferentes órdenes de gobierno, poderes públicos y organismos autónomos.

Este proyecto tiene una mayor injerencia para el uso eficaz del recurso, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno, pues más del 80 por ciento de los ingresos de municipios y mayoritariamente en los estados, provienen de la Federación.

El gasto público de los estados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2017 fue de más de 2 billones de pesos; respecto a los municipios, el gasto que se realizó fue de más de 443 mil millones en el mismo año.

La propuesta busca alentar que  los ejecutores del gasto público establezcan estrategias de transitoriedad, lo que fomentará la modernización administrativa y el uso de tecnologías de la información en los municipios del país.

Además,  estima que en efectos de fiscalización, se hace mucho más fácil y transparente el acceso a datos, documentos e informes que permitan acreditar delitos en contra del erario público.

Sus aplicaciones no tendrán costo presupuestal para ningún orden de gobierno, pero los obligará a diseñar estrategias claras y políticas de sensibilización para el cumplimiento de la ley.