Llegó septiembre y a temblar, literalmente dicho así desde aquel 1985, año del terremoto en México. La ansiedad, la zozobra y el miedo se apoderan de nosotros ante la probabilidad de que ocurra puntualmente un nuevo sismo, aunado a los desastres de gran magnitud que hemos padecido últimamente y que han dejado tras de sí desolación y muerte.

A este funesto escenario, el pasado 7 de septiembre, se sumó un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en las costas de Guerrero y con una duración aproximada de tres minutos, porción del tiempo, perenne incluso para quienes la fatalidad y el sufrimiento aparecen acechantes desde la memoria y el recuerdo de nuestra fragilidad humana.

Lo anterior resulta ser un doloroso recordatorio sobre las limitaciones que tenemos para dominar las energías estridentes de la naturaleza, aunque el pensamiento arrogante se aferre a lo contrario y promueva creencias irracionales que limitan nuestro juicio y nos impiden saber cómo actuar preventivamente en situaciones de emergencia para la autoprotección individual y la seguridad colectiva, que bien pueden aminorar pérdidas y preservar vidas.

De acuerdo a los registros de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, en las dos décadas de este siglo, en México, se contabilizaron 9,627 muertes, 38% por desastres naturales (hidrometeorológicos o geológicos) y 62% por fenómenos antrópicos (químicos, sanitarios y en menor medida socio-organizativos), siendo 2017 el año con más pérdidas humanas, además de haber ocurrido en este tiempo los terremotos del 7 y 19 de septiembre.

Desde el ámbito legislativo, con el objetivo de salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, los esfuerzos gubernamentales, en todos sus niveles, se han enfocado a los planes y estrategias para enfrentar emergencias, dar atención eficaz a desastres y fortalecer la capacidad logística y de operación del Sistema Nacional de Protección Civil.

En este sentido, la protección civil escolar en la educación básica, fundamentalmente, adquiere una capital relevancia en este regreso a clases presenciales y en el contexto de una pertinaz pandemia que seguramente confluirá con las enfermedades estacionales propias de la época, toda vez que los impactos negativos de los fenómenos naturales afectan considerablemente el desempeño, el aprendizaje, la salud y el estado emocional del estudiantado, de los docentes, directivos y padres de familia.

Por ello, y para una adecuada toma de decisiones antes, durante y después de una emergencia, resulta imprescindible que la comunidad educativa esté oportunamente informada sobre las situaciones de peligro en las que se encuentra cada centro escolar; cuente con las medidas, equipos y señalamientos de alerta, seguridad y protección; lleve a cabo simulacros y acciones de capacitación y difusión continuas, e implemente técnicas de valoración de daños y  procesos de resiliencia para el regreso a una nueva normalidad educativa.

Por el nivel de complejidad de esta tarea, indudablemente se requiere del concurso de diversos esfuerzos, del apoyo y acompañamiento de las distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales, cuya actuación de corresponsabilidad contribuya a una actitud colectiva de respuesta y organización efectivas ante situaciones de riesgo, con un alto sentido de camaradería y fraternidad, que el ser humano requiere en los momentos de mayor vulnerabilidad física y emocional.