Hay ciertos elementos que deberían prevalecer en la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con antecedentes de la actual, sin partir de cero, señaló Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Durante su participación en el foro El gran reto de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el siglo XXI: voces de la comunidad científica, coordinado por la red de investigadores ProCiencia, dijo que la elaboración de la ley no se va a dar en el vacío porque hay una reforma constitucional que sienta lineamientos y parámetros importantes tanto sustantivos como organizacionales.

“Lo importante es llegar a un consenso entre lo que se quiere de la ley, el diseño institucional y los mecanismos. Así, este tipo de foros nos permite tener una comprensión compartida de que es lo que queremos de la ley”.

Dentro de los puntos esenciales que deben permanecer en la ley, mencionó los siguientes: el reconocimiento amplio del ejercicio de las libertades de cátedra, de investigación y de expresión; la creación de mecanismos participativos de planeación de largo plazo en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI); precisar derechos y obligaciones de los investigadores: asegurar los mecanismos de acceso abierto a la información científica; incrementar progresivamente el presupuesto en CTI hasta llegar a 1 por ciento del PIB como equivalente de inversión, y establecer mecanismos de fomento y financiamiento de largo plazo en proyectos del sector.

Por su parte, Francisco Mora, apoderado legal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) —quien no participó en el encuentro— coincidió en la importancia de que la próxima ley recoja aspectos de la actual y, bajo el contexto de que no sólo impactará a la federación, sino a los estados y municipios, como establecer el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se destinará al sector.

“Otra más es que se siga permitiendo la vinculación de investigadores —en general, no sólo de los Centros Públicos de Investigación— con sector privado, para aprovechar las patentes y la transferencia de tecnología, evitando conflicto de interés. De igual forma, como lo establece la actual, se debería establecer y reconocer la libertad de investigación”.

Añadió que otro aspecto que se esperaría quede plasmado en la ley general será que el presupuesto en el sector se otorgue por separado a cada dependencia y entidad, y se especifique los montos.

“Se deberá incorporar además un título específico sobre el tema de la federalización, que queden claras las atribuciones u obligaciones de la federación y cuáles son los derechos y obligaciones de los gobiernos de los estados, así como de los municipios; esto será inédito en esta ley por ser general. Hay mucho por hacer”.

VINCULACIÓN. De regreso en el foro realizado el viernes pasado en el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), el académico y periodista de ciencia, Javier Flores, recordó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de su directora, Elena Álvarez-Buylla, ha manifestado que se incluirá la participación de la comunidad en la elaboración de la ley y para lo cual ha solicitado el apoyo de la UNAM.

“La UNAM tendrá entonces una participación relevante y esperanzadora, puesto que ha referido que pondría por delante aspectos como la libertad de cátedra e investigación”. La gran pregunta sobre la iniciativa de Conacyt, añadió, es ¿cómo se incluirán en la ley las opiniones de la comunidad?, “puesto que no hay nada que nos garantice que será vinculante este ejercicio. La oportunidad para hacerlo sería a través de la UNAM”.

En una de sus participaciones, Antonio Lazcano Araujo, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional, dijo que después de estas discusiones dentro de la política científica, la comunidad no puede dar vuelta atrás. “Quienes somos críticos de esta política tan rara, personalizada, circunstancial y ocurrente del Ejecutivo, en realidad debemos darnos cuenta de que no hay vuelta atrás, por eso se debe evitar que sea Conacyt el que defina las limitaciones del sistema. Debemos apropiarnos del discurso de manera clara, de la crítica al discurso y ser cuidadosos al hacerlo”.

En este encuentro de ProCienciaMx se llevaron a cabo dos mesas de análisis; la primera fue titulada “Ciencia para el Futuro; definiendo prioridades”, en la cual participaron además Ambrosio Velasco, Rebeca de Gortari, Roberto Rodríguez y Fernando Castaños. Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, fungió como moderadora.

Más tarde se llevó a cabo la mesa “La construcción de la política científica; ¿Quién toma las decisiones estratégicas?”, cuyo moderador fue Heriberto Avelino, investigador del INAH y en la que participaron: Gabriela Dutrénit, excoordinadora general del FCCyT, Cristina Puga, Brenda Valderrama, Guillermo Funes, Martín Puchet y Alonso Huerta.